Daniel Cotlear[1]
Perú llegó al final del siglo XX con la lengua afuera. En 1980 se inició un intento de volver a la democracia luego de 12 años de gobierno militar. La década siguiente estuvo marcado por una de las más profundas crisis económicas del siglo: la población quedó traumada por la hiperinflación y el ingreso por habitante cayó tanto que no recuperó su nivel de 1980 hasta el 2005. Y hasta hoy, no se recupera la ratio de ingresos fiscales/PBI de 1980. Al mismo tiempo, más peruanos murieron durante la violencia ocurrida durante los gobiernos democráticos de 1980-1992 que en todas las guerras juntas peleadas en Perú desde la independencia. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)[2], casi 70 mil personas murieron durante ese período, la mayoría como víctimas de Sendero Luminoso. El intento de volver a la democracia terminó con el autogolpe de 1992 luego del cual se aprobó una nueva constitución con independencia de poderes, pero en los años siguientes el ejecutivo destruyó los pesos y contrapesos necesarios para el funcionamiento de la democracia.
Hoy día coexisten dos relatos en competencia por contar la historia del Perú de 1980 al 2000. Estos relatos se ignoran mutuamente, pues ocurren en cámaras de eco separadas. El de la CVR describe la crisis de violencia política y aspira a crear condiciones para evitar que la violencia se repita, impulsando una agenda de derechos humanos que enfatiza necesidad de justicia, y reparaciones. El de los economistas describe la crisis económica y aspira a crear condiciones macroeconómicas estables que permitan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
El relato de violencia sólo se refiere a la economía para describir el contexto inicial en el que surge la violencia terrorista de Sendero Luminoso (SL). Al discutir los orígenes de SL, la CVR menciona a la pobreza y la falta de inversión estatal en Ayacucho para explicar el establecimiento de SL. También sugiere que el reclutamiento de los dirigentes medios de SL se vio facilitado por la falta de movilidad social que frustraba a las clases medias provincianas educadas. Sin embargo, la inflación y el descalabro de la economía y de los servicios públicos no aparecen como factores que explican el comportamiento de los grupos políticos o del estado en los años de la violencia. Históricamente, una hiperinflación causó una guerra mundial; una escasez de alimentos tumbó a un gobierno vecino. En Perú, ¿la crisis económica dio impulso a la violencia? En este período se establecen quizá tres mil rondas campesinas o grupos de autodefensa en zonas rurales. ¿En qué medida esto fue una respuesta al colapso del sistema económico en el que operaban las comunidades campesinas y a la destrucción de servicios educativos y de salud?[3]. En las ciudades, hubo un gran crecimiento de organismos de autoayuda para enfrentar la crisis económica, muchos de ellos ligados a mujeres y comedores populares. El cruel asesinato de María Elena Moyano, dirigente de uno de estos grupos, llevó a manifestaciones masivas de rechazo a SL en barrios populares.
El relato económico por su lado ignora la violencia existente durante ese período. ¿En qué medida la contracción de la economía y la hiperinflación fueron resultado de la violencia, la destrucción de infraestructura física y el debilitamiento de instituciones?
Entre economistas existe cierto consenso con relación a la historia de la inflación en los 1980s, posiblemente influido por el paradigma de populismo macroeconómico[4]. Dos estudios muy influyentes en Perú, de Martinelli y Vega (2019) y de Mendoza y Anastacio (2021), ilustran el consenso entre economistas. Coinciden en que, en los 80s, hubo políticas fiscales expansivas y un régimen de predominio fiscal, en el que la política monetaria se ajusta a las decisiones fiscales. La inflación se produjo cuando la acumulación de deuda dejó de estar disponible y el déficit fiscal se financió con política monetaria inflacionaria. También coinciden en que la estabilización en el decenio de 1990 corresponde a un período de independencia de la política monetaria y de moderación fiscal. Para Martinelli y Vega, la estabilidad conquistada en los 90s se debe a la credibilidad de la independencia de la política monetaria debido al impacto traumático de la hiperinflación que ha llevado a un cambio en la opinión pública en contra del populismo. Para Mendoza y Anastacio, la estabilidad se debe al cambio en la Constitución de 1993 y a la aprobación de legislación que establece el uso de reglas fiscales.
Ambos estudios también coinciden en ignorar la influencia de la violencia en las políticas aplicadas en los 80s. Por ejemplo, Martinelli y Vega examinan la caída pronunciada en la productividad y la explican por una mala asignación de recursos debida a intervencionismo estatal y a políticas macroeconómicas heterodoxas. Una hipótesis alternativa, que los autores no discuten, es que la caída en la productividad se haya debido al impacto del terrorismo en la economía a través de estrangulamientos ligados a la destrucción de infraestructura y a la necesidad de implementar una política antisubversiva que no antagonizara a la población.
Mendoza y Anastasio también ignoran la violencia de los 80s. Tienen fe en la eficacia de legislación sobre reglas fiscales para prevenir el retorno de las políticas de los 80s, pero, les parece natural que el gobierno haya reaccionado a la pandemia del Covid-19, violando estas reglas fiscales al producir un déficit fiscal “ochentero” de alrededor de 10% del PBI y elevando la deuda pública a 35% del PBI. Pero si existen condiciones que justifican la ruptura de las reglas fiscales durante la pandemia del 2020, sería necesario explicitar porque no sería lícito hacerlo en respuesta a un nivel de violencia que puso en estado de emergencia a la mitad del país en un contexto en que los precios de exportación fueron un tercio del que existió durante el período que ellos llaman el del “milagro peruano”.
Según el relato de los economistas, la crisis económica se debió al desmanejo macroeconómico causado por el populismo, la heterodoxia económica y la intervención del Estado en la economía. Los costos directos de la guerra (como el costo fiscal de la guerra, la destrucción de infraestructura) e indirectos (la dificultad de invertir, la interrupción del funcionamiento de mercados, la drástica reducción en la producción de alimentos y de producción minera e industrial) de la violencia no son medidos; ni siquiera son mencionados en ningún texto que haya podido encontrar hasta ahora[5]. Los países en guerra suelen intervenir la economía, controlando precios de productos básicos, racionando reservas internacionales e interviniendo en la producción de productos necesarios para la guerra – ¿en qué medida eso motivó las políticas heterodoxas de control de precios, racionamiento de dólares y dirigismo de empresas públicas que se implementaron en los 80s?
Los dos relatos tienen villanos y héroes diferentes. El relato de la CVR es muy crítico con Fujimori y comparativamente blando con Belaunde, que fue presidente durante uno de los períodos más sangrientos y durante el cual se utilizaron los mecanismos más burdos de lucha antisubversiva. El relato económico destaca la labor de Fujimori y es muy crítico de García, quien aparece como el gran culpable de la hiperinflación y del colapso económico. Curiosamente, el relato económico también es blando con Belaunde, quien dejó un país con inflación de 158%, un ingreso per cápita 11 puntos porcentuales menor al existente al final del gobierno militar, ingresos fiscales muy reducidos, sin reservas internacionales y en desfalco de su deuda externa.
La coexistencia de dos relatos que se ignoran entre sí y donde el héroe de uno de los relatos es el villano del otro no ayuda a crear un consenso sobre la dolorosa historia reciente del Perú.
[1] Este blog está basado en un documento de discusión del Instituto de Estudios Peruanos: Cotlear, Daniel (2024) La distopía andina. El papel de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en la construcción de un relato sobre el Perú de 1980 al 2000. Lima, IEP.
[2] La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú fue establecida el 13 de julio de 2001 y concluyó su trabajo el 28 de agosto de 2003. Fue creada por el presidente Valentín Paniagua durante su gobierno de transición para investigar los abusos contra los derechos humanos cometidos en Perú entre 1980 y 2000. Ver CVR (2003)
[3] Una publicación reciente empieza a darle más contexto local a la formación de estas organizaciones, abriendo el camino para estudios que permitan responder estas preguntas. Ver Aroni Sulca, Renzo, y Del Pino, Ponciano (Editores). 2023.
[4] Dornbush y Edwards (1990) reúne artículos de varios países latinoamericanos presentados en una conferencia en el Banco Interamericano de Desarrollo. Este libro tuvo mucha influencia en organismos financieros internacionales.
[5] Los dos relatos se dan en paralelo y sin tocarse, a pesar de que el BCR ha auspiciado un gran número de estudios de historia.
