Por: Andrea Velásquez @a_velasquezg
Según datos recientes reportados por el Banco Mundial, a mediados de 2022, aproximadamente 286 millones de personas vivían fuera de sus países de origen, incluyendo 32.5 millones de refugiados. Estas cifras y la intensificación de crisis humanitarias internacionales plantean preguntas urgentes sobre el impacto de políticas migratorias implementadas en los países de destino. El rápido aumento de migrantes internacionales agudiza la importancia de diseñar políticas que faciliten la integración de la población migrante al mercado laboral, y garanticen acceso a servicios públicos en los países de destino. Así mismo es fundamental medir los efectos de políticas que por el contrario imponen barreras a la integración económica y social de la población migrante.
Una parte de mi trabajo se ha enfocado en medir los efectos laborales de estas últimas políticas en Estados Unidos. Específicamente, junto con mis co-autores, medimos los efectos económicos de Secure Communities (Comunidades Seguras), una política migratoria implementada en Estados Unidos, que facilitó la deportación de migrantes indocumentados en este país. Además de los efectos económicos negativos para los ciudadanos en los Estados Unidos, trabajos recientes han estimado el efecto de esta misma política en los países de origen. Dado el rápido aumento de migrantes internacionales, y refugiados, y además en el año de elecciones presidenciales en Estados Unidos, es importante revisar la amplia evidencia que ha medido el efecto de políticas migratorias restrictivas en este país. En esta entrada quiero ofrecer un resumen de esta evidencia, y aunque los trabajos que cito se concentran en el efecto de políticas migratorias implementadas en Estados Unidos, los resultados, y mecanismos estudiados son relevantes en otros contextos.
Efectos de políticas migratorias en países de destino[1]
La proporción de inmigrantes indocumentados en la fuerza laboral de EE.UU. creció rápidamente en los años 90 y principios de los 2000, y estas cifras y la composición de la población inmigrante indocumentada están cambiando rápidamente en el país. Como respuesta a este rápido crecimiento, en los últimos 15 años, se han implementado muchas políticas para abordar la inmigración indocumentada en EE.UU., muchas con la intención expresa de reducir esta población mediante la deportación. Esto ha llevado a un aumento dramático en las detenciones y deportaciones de inmigrantes: por ejemplo, en 2003 solo alrededor de 5,000 inmigrantes habían sido detenidos (mantenidos en custodia), mientras que para 2014 aproximadamente 160,000 habían sido detenidos. De manera similar, las deportaciones aumentaron alrededor de un 200% en el mismo período.
En dos artículos, mis coautores y yo, exploramos los efectos de Comunidades Seguras (CS), en el mercado laboral de los ciudadanos estadounidenses. Comunidades Seguras (CS)fue implementada en los Estados Unidos entre el 2008 y el 2014, después re-implementada en el 2017, y finalmente suspendida en 2021. CS fue diseñada para facilitar y agilizar la detección y deportación de migrantes indocumentados en el país. Entre el 2008 y 2014, alrededor de 454,000 deportaciones fueron atribuidas a esta política. Es de esperar que esta política afecte considerablemente a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, pero ¿cuáles son los mecanismos a través de los cuales podría afectar el mercado laboral de los ciudadanos? En esta entrada de Foco Económico discuto en más detalle nuestros resultados y metodología, y en esta entrada quiero resaltar nuestros resultados principales.
Primero, como es de esperar, encontramos efectos negativos en la participación laboral de inmigrantes indocumentados en EE.UU., no solo debido a las deportaciones, sino también al clima de miedo e inseguridad generado por el entorno político. Segundo, la reducción en la oferta laboral inmigrante tiene externalidades negativas en los mercados laborales de los ciudadanos, y este efecto es explicado por la complementariedad que existe entre la mano de obra migrante y la mano de obra ciudadana, y por una reducción en el consumo local. En nuestra investigación resaltamos dos tipos de complementariedades en producción: la primera, entre trabajadores de distinto nivel de cualificaciones laborales; la segunda, entre trabajadores en el sector de servicios domésticos y el trabajo de mujeres altamente educadas.[2] Nuestros resultados son consistentes con ambos modelos de complementariedad en producción.
Estos resultados resaltan que las políticas de inmigración con enfoque en la reducción de la población indocumentada traen consigo repercusiones económicas amplias. No solo representan un gasto significativo para la economía en su ejecución, sino que, como demuestra nuestra evidencia, conllevan costes colaterales que afectan directamente a la fuerza laboral nativa de EE.UU. Estos datos subrayan la necesidad de un análisis cuidadoso al diseñar medidas de control migratorio, considerando su verdadero costo económico.
Efectos de políticas migratorias en países de origen
Las ganancias económicas de la migración internacional para países de origen y destino han sido estimadas ampliamente en la literatura (Clemens, 2011). Adicionalmente, como abordé anteriormente, las naciones receptoras se benefician del incremento de fuerza laboral y diversificación de competencias y conocimientos. Además, los migrantes fortalecen los sistemas de seguridad social mediante su aporte fiscal. Por su parte, los países de origen se benefician por medio de las remesas que propician inversiones en desarrollo social y capital humano. Datos actualizados del Banco Mundial indican que las remesas a naciones de ingresos bajos y medios sumaron 630 mil millones de dólares en 2022, lo que puede llegar a superar la inversión extranjera directa en países en desarrollo (Banco Mundial, 2023).
Las restricciones migratorias pueden desencadenar impactos socioeconómicos profundos en los países de origen. Estudios recientes muestran que, en comunidades mexicanas vinculadas a EE.UU. por la migración, políticas como Comunidades Seguras pueden reducir la escolaridad y los ingresos, y aumentar la violencia. Según Caballero (2022), la reducción de remesas limita las oportunidades educativas, particularmente entre los estudiantes más jóvenes. Los niños más vulnerables son las niñas y niños en octavo y séptimo grado, quienes son más propensos a abandonar la escuela antes de completar la educación secundaria. Pearson (2023) complementa estos resultados, enfocándose en los efectos en el mercado laboral mexicano. En este caso encuentra que el aumento en deportaciones aumenta la competencia en el mercado laboral, lo cual disminuye los salarios laborales. Con el retorno forzado de migrantes y con la caída de remesas, no solo la inversión en capital humano y mercados laborales son afectados. Ambrosius (2023) vincula el incremento de deportaciones con un ascenso en la violencia en México, sugiriendo como uno de los mecanismos posibles el aumento de la victimización en la población de migrantes deportados. Estos resultados destacan cómo las políticas de inmigración impactan más allá de las fronteras, afectando la educación, el empleo y la cohesión social en las comunidades de origen.
Ante el rápido aumento de migrantes internacionales y el agravamiento de las crisis humanitarias, es esencial evaluar cómo las políticas migratorias restrictivas afectan tanto a los países de origen como a los de destino. Implementar políticas que aseguren la protección laboral y social de los migrantes puede resultar en beneficios para todos.
[1] Esta sección es un resumen de:
East, C. N., & Velásquez, A. (2022). Unintended consequences of immigration enforcement: Household services and high-educated mothers’ work. Journal of Human Resources.
East, C. N., Hines, A. L., Luck, P., Mansour, H., & Velasquez, A. (2023). The labor market effects of immigration enforcement. Journal of Labor Economics, 41(4), 957-996.
[2] Los inmigrantes indocumentados constituyen una parte importante de los trabajadores en la industria de servicios domésticos. Una menor oferta de mano de obra inmigrante en este campo, debido a políticas como Comunidades Seguras, podría teóricamente incrementar el costo de producción del hogar y afectar la oferta laboral de mujeres altamente educadas con hijos, quienes utilizan servicios domésticos y de cuidado infantil.
