Por Daniel Gómez Gaviria, Vice Presidente CPC
El gobierno de Colombia radicó en el Congreso de la República algunas de las principales reformas que busca aprobar. Varias de estas reformas tienen un impacto importante en la competitividad del país, entendida como nuestra capacidad de ser más productivos y lograr mayor bienestar para todos los colombianos y colombianas. Entre ellas, la reforma laboral es de particular importancia.
El reconocimiento de la necesidad de reformas para tener mejores empleos en Colombia no es nuevo. El Consejo Privado de Competitividad (CPC) analiza en el capítulo sobre mercado laboral del Informe Nacional de Competitividad los principales diagnósticos y retos del mundo del trabajo en Colombia y propone una serie de recomendaciones.[1] Adicionalmente, la Misión de Empleo convocada por el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Trabajo durante la anterior administración, y liderada por Santiago Levy y Darío Maldonado, produjo una serie de diagnósticos actualizados y recomendaciones sobre normas laborales, el sistema de protección social, y la formación para el trabajo.[2] Construyendo sobre estos insumos, el CPC, Pro-Bogotá y Pro-Pacífico y un grupo de expertos invitados, quisimos aportar a la construcción de una reforma laboral que busque reducir las fuertes inequidades que tiene el sistema y que se manifiestan en barreras a la participación, tarifas regresivas y beneficios desalineados. Todas estas afectando de manera particular a la población más vulnerable.[3]
Diagnóstico
En Colombia de las cerca de 14 millones de personas que no buscan trabajo más o menos la mitad se dedican a oficios del hogar. De ellas, cerca del 90% son mujeres.
De las personas que sí participan en el mercado, el 11.2% no logró conseguir una ocupación. El nivel de desempleo es persistentemente alto.
Dentro de los ocupados, 58% lo hizo sin el conjunto de protecciones que el marco normativo ofrece a los trabajadores en Colombia. Esto es lo que hemos llamado informalidad, y no hace alusión a una condición nominal sino a una vulnerabilidad estructural que hace que las personas estén desprotegidas frente a riesgos básicos, y que su productividad se baja, haciéndoles más difícil superar la pobreza propia y la de sus familias.
Para 2022 había aproximadamente 22 millones de ocupados. El 45% se desempeñaba como trabajadores por cuenta propia dentro de los cuales hay trabajadores independientes y con vinculación por prestación de servicios. El 14% aparece como formal, cumpliendo todos los requisitos normativos y el restante 86% es informal. El 43% de los ocupados son empleados asalariados, pero incluso dentro de este grupo el 28% se encuentra en la informalidad.
Gráfica 1. Características de los ocupados 2022
Fuente: Cálculos propios CPC, usando la GEIH 2022 factores de expansión CNPV18[4]
Gráfica 2. Distribución del total de ocupados según tipo de contrato 2022
Fuente: Cálculos propios CPC, usando la GEIH 2022 factores de expansión CNPV18
Una parte de la población que se encuentra en condiciones de informalidad no logra llegar al umbral de ingresos del salario mínimo. El 50% de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo (Gráfico 3). Para estos resulta particularmente oneroso realizar los aportes exigidos para llenar los requisitos de los vínculos formales ya que representan una proporción muy elevada de su ingreso como se observa en el Gráfico No. 4. El costo relativo de la formalización cae en la medida que el ingreso laboral aumenta y se estabiliza después de los 2,5 y 10 SMMLV. (Alvarado et al., 2021).
Gráfica 3. Distribución del ingreso laboral 2022
Fuente: Cálculos propios CPC, usando la GEIH 2022 factores de expansión CNPV18
Nota: El salario mínimo en 2022 era igual a 1.000.000 pesos colombianos
Gráfica 4. Costo de formalizarse para trabajadores independientes
Fuente: Elaboración CPC, tomando ejemplo de (Alvarado et al., 2021).
Dentro de los trabajadores formales existen tratamientos desiguales según los tipos de vínculos laborales. Los asalariados tienen ciertos amparos que no cobijan a los contratistas por prestación de servicios. Los trabajadores independientes en muchos casos no tienen ciertos deberes, pero eso los deja en un ámbito de relativa desprotección. Estas diferencias hacen que las personas no necesariamente escojan el tipo de vinculación que desean en el mercado laboral según lo que más se ajuste a sus perfiles, sino en muchos casos a incentivos que genera las normas.
Ilustración 1
Fuente: Elaboración propia
Parámetros y objetivos de una reforma
En línea con las recomendaciones de los capítulos del Informe Nacional de Competitividad y la Misión de Empleo, el documento presentado por el CPC, ProBogota y ProPacífico, busca mejorar el emparejamiento entre vacantes y desempleados, eliminar inequidades existentes, y fortalecer los mecanismos para proteger a los trabajadores en sus momentos de mayor vulnerabilidad entendida como eventos y periodos transitorios o permanentes de imposibilidad de generar ingresos. Todos los trabajadores se enfrentan al riesgo de caer en alguna de estas condiciones una o varias veces durante su vida.
El sistema de protección social debe buscar la manera de asignar la cobertura y financiación de estos riesgos de manera que se logre la mayor cobertura posible del marco de protección y buscando que no se generen inequidades entre diferentes tipos de trabajadores (empleados, contratistas e independientes). A su vez, la financiación debe evitar generar desventajas para el empleo formal con relación al informal, y rigideces que desincentiven la creación de empleo. Una mayor cobertura implica que todas las personas tengan las protecciones básicas de los riesgos que enfrentan, pero adicionalmente que quienes quieran participar del mercado laboral lo puedan hacer en condiciones de formalidad.
Son 4 las fuentes de vulnerabilidad que identificamos respecto a la capacidad de generación de ingresos:
i) Incapacidad de generación de ingresos por afectaciones a la salud
ii) Incapacidad de generación de ingresos por ser responsable del cuidado de otra u otras personas en algún estado de dependencia
iii) Incapacidad de generación de ingresos en la vejez
iv) Incapacidad de generación de ingresos por pérdida del trabajo
La propuesta sugiere varios mecanismos para cubrir estos periodos de riesgo y vulnerabilidad. Un criterio importante, que tomamos de la Misión de Empleo, es que debemos identificar los elementos de protección social que queremos, separando los que son intrínsecos a la relación trabajador-empresa de los que no lo son y de acuerdo a esta clasificación debemos decidir la forma de financiación.
Riesgos y su cobertura
- Incapacidad de generación de ingresos por afectaciones a la salud
Todas las personas, se encuentren o no trabajando, pueden enfermar. En consecuencia, siguiendo este esquema, la atención en salud que se ofrece a la población no debería depender de su actividad ni de su esquema de vinculación laboral. En efecto en Colombia este beneficio ya es universal, con el amparo conjunto que dan los regímenes contributivo y subsidiado.
Los trabajadores incurren en un riesgo de salud adicional al de la población general, que se origina en su actividad laboral, denominado riesgo ocupacional. En consecuencia, todas las personas que trabajan deberían tener protección que ampare la atención de este tipo de eventos y las incapacidades que de ellos se deriven. Su financiación deber estar asociada a dicha actividad. Esto ocurre hoy día y el amparo es provisto por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) pero existen distinciones entre asalariados, contratistas e independientes que es bueno atender. - Incapacidad de generación de ingresos por ser responsable del cuidado de otra u otras personas en algún estado de dependencia
Todas las personas tienen el riesgo de no poder generar ingresos por tener que hacerse cargo del cuidado de otro. Este cuidado puede surgir por la dependencia que se genera en los primeros meses de vida de un bebé, en la niñez o por alguna condición de discapacidad, vejez o enfermedad.
Las personas pueden decidir tener hijos/as independientemente de si trabajan o no, pero solamente las personas que lo hacen corren el riesgo de dejar de percibir ingresos durante los primeros meses de vida del bebe para dedicarse a su cuidado.
La responsabilidad del cuidado en los primeros meses de vida del bebé es de ambos miembros de la pareja que tomó dicha decisión. En consecuencia, hay un periodo de tiempo en que la unidad familiar ve afectada su capacidad de generación de ingresos. Ese período de tiempo debería entenderse como un derecho del bebé a tener cuidadores y debe ser protegido por el sistema. Hoy, hay asimetrías entre los miembros de la unidad familiar respecto del amparo de la licencia que cubre este riesgo y hay diferencias en el amparo que recibe un empleado, un contratista, un trabajador independiente y uno informal. - Incapacidad de generación de ingresos en la vejez
Los riesgos de la vejez podrían dividirse en dos: el riesgo de indigencia, es decir la total incapacidad de generación de ingresos en esta etapa de la vida y el riesgo de pérdida abrupta de capacidad adquisitiva.
Todas las personas tienen el riesgo de llegar a la vejez y no tener ningún ingreso, especialmente aquellas que en su etapa económicamente activa no trabajaron recibiendo una remuneración, o lo hicieron la mayor parte del tiempo en la informalidad, es decir, sin cotizar a pensión.
Por otra parte, algunas personas tienen el riesgo de pérdidas abruptas en su capacidad adquisitiva que afectan su bienestar y el nivel de consumo de la economía. Ambas dimensiones se verían beneficiadas por tener un sistema que suavice el ingreso a lo largo del tiempo. - Incapacidad de generación de ingresos por pérdida del trabajo
Todas las personas que trabajan tienen la posibilidad de perder su empleo, en la actualidad funciona el subsidio desempleo para cesantes que hayan tenido salarios entre 1 y 2 salarios mínimos, y que hayan cotizado como mínimo 12 meses de manera continua o discontinua a las Cajas de Compensación Familiar para asalariados y 24 meses para independientes.
Espíritu de la Propuesta
La propuesta consignada en el documento propone mecanismos para permitir una mayor inclusión de todos en el mercado laboral y en el sistema de protección social a través de esquema de aportes a sistemas de pensiones, seguros de desempleo, licencia de cuidado, y riesgos ocupacionales, proporcionales a lo que llamamos una “unidad de dedicación laboral.” Este esquema aumentaría la protección en casos de vulnerabilidad, aumentaría la inclusión y los aportes de las personas, y sería consistente con el cambiante mundo del trabajo con nuevas formas de vinculación y relaciones de trabajo. La propuesta incluye un papel importante para el Estado, para los empleadores, para los trabajadores, y una modificación de ciertas reglas que imponen barreras a la participación y que no son compatibles con incentivos a la contratación de personas vulnerables y a diferentes modalidades emergentes de trabajo.
Empieza la discusión en el congreso. Esperamos que estos insumos sean de utilidad en la diacusión.
[1] Capítulo Mercado Laboral disponible: https://www.compite.com.co/informe/informe-nacional-de-competitividad-2022-2023/mercado-laboral/#cpc_breadcrumb
[2] Misión Empleo: www.misionempleo.gov.co
[3] Documento disponible en el siguiente código QR: https://pbs.twimg.com/media/Fs4a-csXoAIUo5D?format=jpg&name=small
[4] Para los cálculos se agrupo empleadores domésticos con trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin remuneración con jornaleros y peones.
