Que ganara el Rechazo no sorprendió a nadie; que ganara por 24 puntos porcentuales sorprendió a todos, partiendo por las principales encuestas que vaticinaban un “empate técnico” pocos días antes del plebiscito de salida. Entender qué significa el contundente triunfo del Rechazo es importante para lo que viene en materia constitucional, política, social y económica. Un diagnóstico equivocado puede llevar a decisiones que, con el correr del tiempo, lamentemos todos.
Varios líderes de los partidos de derecha han interpretado el 62 por ciento del Rechazo como un apoyo mayoritario a sus posturas. El apoyo que no han logrado en ninguna elección se habría manifestado, finalmente, el 4S. Se equivocan. Lo más probable es que las AFP y las isapres sigan siendo las instituciones menos confiables, tal como viene ocurriendo desde mucho antes del estallido. Quienes afirman que el plebiscito mostró que Chile en realidad es un país de centro tienen que explicar por qué en la primera vuelta presidencial de 2021 los candidatos de centroderecha y centroizquierda llegaron en cuarto y quinto lugar.
En el Apruebo también abundan las interpretaciones voluntaristas del resultado del plebiscito. Se habla mucho de cómo la campaña del Rechazo aprovechó los excesos del texto y del proceso constituyente y poco o nada de la falta de voluntad o incapacidad que tuvimos los partidarios del Apruebo para evitar estos excesos. También se esgrime la diferencia de recursos entre las dos campañas, un argumento dudoso porque, a pesar de contar siempre con más recursos, la derecha ha perdido muchas elecciones en el pasado.
El problema mayor de interpretación de los resultados del 4S es que algunos sectores de izquierda y de derecha comparten una matriz interpretativa con elementos antidemocráticos. Los dos grupos creen conocer las verdaderas preferencias del electorado, las cuales se manifiestan cuando ganan y son distorsionadas por algún factor externo cada vez que pierden. Con ese enfoque, los prejuicios se verán confirmados en cada acto electoral y será prácticamente imposible adaptarse y canalizar las inquietudes y aspiraciones ciudadanas.
¿Una nueva propuesta constitucional?
Una encuesta de fines de julio, de Espacio Público e Ipsos, señalaba que más del 80 por ciento de los encuestados consideraba necesario hacer reformas significativas al texto constitucional que resultara vencedor el 4S, independiente de cuál fuera la opción ganadora. Y que estas reformas debían hacerse en el corto plazo. Probablemente por eso, la campaña del Rechazo prometió que la nueva propuesta que apoyaría en caso de ganar incluiría todo lo bueno de la propuesta rechazada, en particular un Estado social de derecho.
Los líderes del Rechazo ahora están divididos sobre si cumplen su promesa o no. Aun los que quieren cumplirla apuestan a versiones diluidas. Con un Gobierno debilitado y una economía en problemas, la tentación de incumplir es grande. Sin embargo, seguir ese camino no haría más que profundizar la falta de confianza ciudadana en los partidos. Además, si un nuevo proceso constitucional resulta en una propuesta percibida como poco democrática, se corre el riesgo de que también sea rechazada en las urnas.
Un tema a dilucidar en un nuevo proceso constitucional es el rol de los expertos. Que el nuevo texto sea redactado por un grupo de expertos no tendría la legitimidad necesaria. Que existan recursos para que cada lista de convencionales electos contrate un grupo de asesores no plantea problemas de legitimidad, aunque existen dudas fundadas de que algo así funcione. En efecto, se propuso algo análogo cuando, a mediados de los 2000, se destinaron recursos para que los parlamentarios contrataran asesores. La propuesta no se aprobó y los recursos se entregaron igual, pero a cada parlamentario por separado, quienes optaron por destinar buena parte a contratar profesionales funcionales a su reelección.
Otro tema en un nuevo proceso constitucional será el rol de los independientes. Una propuesta es que estos solo puedan ir en listas nacionales o, poniendo aun más limitaciones, solo dentro de la lista de un partido. Nuevamente es una propuesta con beneficios limitados que parte de un diagnóstico incompleto. Porque los independientes que contribuyeron a instalar la imagen de una Convención con los mismos vicios que el Congreso incluyeron, en proporciones similares, independientes que fueron en listas de partidos y en listas separadas. Los partidos del Rechazo entendieron que la ciudadanía prefería los independientes a los liderazgos partidarios, aun después del proceso constituyente, y fue por eso que dejaron el protagonismo de la campaña a independientes afines. Todo sugiere que los independientes volverán a tener un rol importante en un nuevo órgano elegido y nada asegura que esta vez se eviten los excesos que, dicho sea de paso, también han sido habituales en el Congreso.
Nuestra crisis política
El gran problema del cual no nos estamos haciendo cargo es un sistema político disfuncional, que no logra representar ni encauzar las preocupaciones de la ciudadanía. Existen problemas que datan de mucho tiempo donde quienes se supone nos representan no logran llegar a acuerdos para resolverlos. Pensiones, salud y seguridad ciudadana, por mencionar algunos.
Los partidos políticos son claves en una democracia que funciona bien, pero los partidos que tenemos hoy no funcionan bien y el Congreso se encuentra cada vez más fragmentado. Ilustrando lo anterior, esta semana se anunció la formación de dos partidos para canalizar los votos de centro que apoyaron el Rechazo. Las diferencias entre las dos iniciativas parecen ser más de liderazgos personales, que ideológicas, confirmando la percepción ciudadana de que los políticos no los representan porque viven preocupados de sus parcelas de poder.
La propuesta constitucional rechazada no contribuía a resolver la debilidad actual de los partidos; es probable que una nueva propuesta tampoco lo haga. Porque cuesta creer que el Congreso actual promueva un proceso que transfiera poder desde los parlamentarios a los partidos cuando la mayoría de los parlamentarios actuales se beneficia del statu quo.
Un camino
Los párrafos anteriores sugieren que a pesar de su importancia, un nuevo proceso constitucional por sí solo no resolverá nuestro problema de fondo. ¿Qué más se requiere entonces?
La respuesta que voy a dar recuerda la conversación de dos amigos vanagloriándose de sus vacaciones en el extranjero. Uno afirma que no recuerda si ha viajado seis o siete veces a Europa, el otro le responde, con algo de ironía y otro poco de humor, que no recuerda si ha ido una vez o ninguna. Y es que la diferencia entre una y ninguna reforma sustantiva y exitosa en un futuro cercano es enorme. Porque el efecto demostración de una reforma daría un mensaje potente de que se puede avanzar, y haría más probable que le sigan otras reformas.
No será fácil. Requerirá que la derecha tradicional se aleje de la tentación de no darle ni la sal ni el agua al Gobierno actual. En parte por generosidad, pero también porque una política que sigue desprestigiando abre el camino a opciones populistas donde ellos estarán ausentes.
Para el Gobierno significa entender que la configuración del Congreso elegido en noviembre pasado lo obliga a ceder y negociar en sus propuestas programáticas. El Presidente Boric lo entendió y fue clave en su triunfo en la segunda vuelta. Sin embargo, parte importante de los partidos más cercanos no se ha resignado a esta realidad que se vuelve aún más patente luego del resultado del plebiscito de salida.
Los temas obvios para acordar reformas son pensiones, seguridad ciudadana y salud. Donde pareciera haber más trabajo avanzado es en una reforma mayor del sistema contributivo de pensiones. Aprobar una reforma en que todos cedan de manera importante sería alentador. Que esto vaya acompañado de una reforma tributaria que recaude montos sustantivos y que acaba de recibir un espaldarazo de la OCDE sería el complemento perfecto. No será fácil, pero no parece haber opciones mejores. Y los escenarios adversos que se abren si no se llega a acuerdos en el tema constitucional y no se avanza en reformas largamente postergadas son múltiples.
