Las recientes elecciones presidenciales en Colombia estarían confirmando que el péndulo latinoamericano ha dado un rápido giro hacia la izquierda. Situación que podría confirmarse si, tal como sostienen las encuestas, Lula Da Silva ganaría las elecciones presidenciales en Brasil. Actualmente, Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Cuba y México tienen gobiernos de izquierda. Mientras que Ecuador con un gobierno de centro derecha, viene experimentando más de 10 días continuos de protestas. Sin duda la gobernabilidad y la capacidad de la región de satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y cruzar el umbral del desarrollo se viene reduciendo.
Latinoamérica experimentó un crecimiento económico importante después de la década perdida de los ochenta, gracias a la implementación de las reformas económicas promovidas por el Fondo Monetario Internacional, conocidas como el Washington Consensus. Contribuyo además el boom del precio de los commodities a principios de la primera década de este siglo. El crecimiento económico de la región durante el periodo 1991-2019 fue en promedio de 3% anual y la inflación experimentada fue de 5,8% en promedio, siendo el Perú uno de los países con los mejores resultados de Latinoamérica. Con un crecimiento económico más alto que el promedio de la región, 4,6% anual, una inflación de las más bajas 3,7% por año y una importante reducción de la pobreza pasando del 55% de la población a fines de los 90 a 20,2% en el 2019.[1] [2] Pese a ello, Latinoamérica sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo. De hecho, un porcentaje importante de latinoamericanos que logró escapar de la pobreza no ha logrado mejorar sustancialmente su acceso a servicios de educación, salud o infraestructura. Estas poblaciones son consideradas vulnerables, ya que en la mayoría de países sufren el riesgo de, ante cualquier eventualidad, volver a caer en pobreza. En el Perú, por ejemplo, como resultado de las políticas implementadas por el gobierno para enfrentar la pandemia del Covid-19, hubo un retroceso de 10 años en la reducción de pobreza, al pasar de 20,2% en el 2019 a 30% en el 2020.
La desigualdad en América Latina es un tema estructural. En el caso peruano, por ejemplo, la incidencia de pobreza es 11.2 puntos porcentuales mayor entre poblaciones cuya lengua materna es indígena en comparación con poblaciones cuya lengua materna es el castellano.[3] Mientras que un estudio encontró que la desigualdad en América Latina se ve reflejada en el hecho de que una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con una esperanza de vida 17.8 años menor que otra en una zona rica de la misma ciudad. Mientras que, en Ciudad de Panamá, se observó que una mujer que nace en la parte occidental de la ciudad tiene 11.6 años más de esperanza de vida que una mujer que nace en las demás zonas de la ciudad.[4]
En los últimos años la región ha venido experimentando un debilitamiento de las instituciones y de la satisfacción de la ciudadanía con la democracia. De acuerdo con Latinobarometro[5], en ningún país de la región, los ciudadanos están satisfechos con la democracia que existe. En promedio solo el 25% de los latinoamericanos está satisfecho con la democracia. Siendo el Perú y Ecuador los países donde la satisfacción con la democracia es de las más bajas de la región. Solo el 11% en el caso peruano y 10% en el ecuatoriano. Mientras que el 51% de los latinoamericanos apoyaría un “autoritarismo difuso” – esto es un gobierno no democrático- si este “resuelve los problemas”. Y este es el principal riesgo de la región: los ciudadanos están dispuestos a ceder sus libertades a cambio de lograr que el Estado funcione. Pese al crecimiento económico y los avances en la región, los estados latinoamericanos no han sido capaces de satisfacer las necesidades de los ciudadanos ni de mitigar la conflictividad social. Este resultado no es solo producto de una incapacidad en la gestión pública, sino además de una alta incidencia de corrupción.
En el Perú, después de la pandemia del Covid 19, los principales problemas que los peruanos consideran que deben enfrentar son la situación económica, la delincuencia y la corrupción.[6] La percepción de corrupción en los países latinoamericanos ha debilitado seriamente la confianza de los ciudadanos en el estado, los funcionarios públicos, los políticos y el sector empresarial. Como consecuencia de ello, en el caso peruano, de cada 100 jueces, 84 son considerados corruptos o altamente corruptos. En el caso de los políticos, fiscales y funcionarios públicos son 82, 82 y 79 de cada 100, respectivamente. Mientras que, de cada 100 empresarios, 71 son considerados corruptos o altamente corruptos[7]
La corrupción tiene un efecto negativo en la economía, que se ve reflejado en el deterioro de la asignación eficaz del gasto público, la generación de costos de transacción adicionales, lo que conlleva a un desaliento de la inversión privada (con la consiguiente pérdida de inversiones nacionales y extranjeras), y afecta negativamente la productividad en el país. La corrupción además de aumentar los costos de transacción genera incertidumbre e inestabilidad, alejando a las empresas del sector formal, menoscabando los ingresos del estado y reduciendo su capacidad en la prestación de servicios. Todo ello terminaría generando un círculo vicioso de aumento de la corrupción y actividad económica informal. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Trasparencia, Venezuela, Haiti y Nicaragua son los países que obtienen el peor puntaje entre los países de la región y se posicionan en los puestos 177, 164 y 164 respectivamente de 180 economías. Mientras el Perú obtiene 36 sobre 100 puntos apareciendo en el puesto 105.[8] En un contexto donde la percepción de los ciudadanos es que la corrupción aumenta cada día, y la lucha para detenerla se estanca.
De acuerdo con un estudio de la Contraloría General de la Republica del Perú solo en el 2019, la corrupción generó pérdidas por un monto de S/ 23,297 millones. Lo que equivale al 3% del Producto Bruto Interno. Esto significa que aproximadamente el 15% del Presupuesto General de la Republica para el 2019 se habría ido en actos de corrupción.[9] Recursos que debieron haberse invertido en reducir la brecha de infraestructura y en aumentar el acceso de los ciudadanos a servicios.
Los gobiernos de izquierda que han llegado al poder en los países latinoamericanos lo hacen con un discurso anti empresa, limitando las condiciones materiales favorables al crecimiento y restringiendo un medio ambiente apropiado para la inversión privada y la libertad económica. Sin inversión privada, que genera riqueza y bienestar, puestos de trabajo y que pague impuestos, los países no podrán financiar el gasto público ni las inversiones necesarias para cerrar la brecha de infraestructura que hoy existe en los países ni mejorar el acceso a servicios de los ciudadanos. Con lo cual la demanda de los ciudadanos por una mejor democracia no será satisfecha. De esta manera se debilita aun mas la gobernabilidad en una región que quiere entrar a la OECD pero cuyas debilidades estructurales lo hacen cada vez mas difícil.
[1] Mendoza Bellido, Waldo (2021). Del milagro peruano al salto al vacío: ¿qué nos pasó? Percepciones y preocupaciones de un exministro de Economía y Finanzas en EL DESAFÍO DEL BUEN GOBIERNO Intersecciones entre academia, política y gestión pública. Editor Martin Tanaka. Fondo Editorial PUCP
[2] Instituto Nacional de Estadística e Informática
[3] Instituto Nacional de Estadística e Informática. Encuesta Nacional de Hogares 2009-2019
[4] Bilal, Usama, M. Alazraqui, W.Caiaffa, N. Lopez-Olmedo, K. Martinez et al, 2019. Inequalities in life expectancy in six large Latin American cities from the SALURBAL study: an ecological analysis. The Lancet. Volume 3, Issue 12, E503-E510, December 01, 2019 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(19)30235-9/fulltext
[5] Corporacion Latinobarometro. Informe 2021 Adios a Macondo.
[6] CPI Enero 2021 https://es.statista.com/estadisticas/1206719/principales-problemas-opinion-publica-peru/
[7] X Encuesta Anticorrupción de Ipsos y Proética
[8] https://www.transparency.org/en/cpi/2021
[9] Shack, N., Pérez, J., & Portugal, L., (2020). Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria. Documento de Política en Control Gubernamental. Contraloría General de la República. Lima, Perú.
