El Gobierno presentó hace unos días un plan de apoyos enfocado en los grupos sociales y sectores productivos cuya recuperación permanece rezagada luego de la crisis económica provocada por la pandemia. Se trata de un plan que ya había sido delineado en el ‘Acuerdo de Implementación Programática’ de la campaña de segunda vuelta de Gabriel Boric.
Al mismo tiempo, se trata de un plan que se enmarca en el presupuesto fiscal aprobado para este año, de modo de cumplir con el compromiso de iniciar el proceso de consolidación fiscal y a la vez colaborar con el Banco Central en la tarea de normalizar la economía.
Sin embargo, la insistencia de un grupo transversal de congresistas en aprobar un nuevo retiro de fondos previsionales echa por la borda los esfuerzos, tanto de la autoridad monetaria como de la fiscal, de contener el crecimiento del gasto y con ello la inflación.
Por cierto, también dificulta la tarea de crear un sistema previsional sostenible y con mayor legitimidad ciudadana. Con justa razón, Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, indicó que un nuevo retiro arriesga ‘proyectos que son cambios estructurales y que necesitan de una economía que realmente responda’. También indicó que la dificultad para hacer esos cambios estructurales ‘podría llevar al fracaso del Gobierno’.
La ciudadanía lleva mucho tiempo esperando cambios estructurales. La demanda por un sistema de pensiones robusto y una salud oportuna tiene larga data. Diversos proyectos en estos temas han quedado entrampados en el Congreso simplemente porque las oposiciones en el legislativo —sin importar su signo—, no parecen dispuestas a colaborar. Lo mismo ha sucedido con la reforma a las salas cuna, al sistema de capacitación y a Carabineros entre muchas otras.
La incapacidad para atender demandas ciudadanas de manera eficaz y permanente es un problema central de la política chilena. Es la política la que no ha sido capaz de avanzar en reformas estructurales y, al mismo tiempo, es la política la que no ha podido contener ni conducir el descontento social que provoca su propia inacción.
Claro, los retiros son populares y, por tanto, muy atractivos para los congresistas. Al mismo tiempo, los efectos negativos de sus acciones se trasladan al Gobierno, el que, a ojos de la ciudadanía, es el responsable final de la situación económica.
En el fondo de esta incapacidad para acordar y avanzar cambios sustantivos están los incentivos del marco de reglas de nuestro sistema político. Cuando los gobiernos son de minoría —y el Ejecutivo no lo suficientemente popular—, los legisladores no ganan mucho cooperando y aprobando reformas. Les conviene más detener los proyectos, por buenos que sean, llevando al inmovilismo. Las mayorías se logran solo cuando se trata de retiros o cuando se trata de gastar recursos fiscales sin financiamiento suficiente, como sucedió recientemente con la Pensión Garantizada Universal.
Lamentablemente, las propuestas que discute la Convención Constituyente en este ámbito no sacan al país de este mal equilibrio, pues no alteran las chances de que los gobiernos futuros sigan siendo de minoría en un escenario de alta fragmentación. Las reglas que proponen arriesgan perpetuar el inmovilismo.
Ante el riesgo del quinto retiro, el Gobierno parece no haber visto más salida que apoyar un retiro acotado que produzca un efecto menor en la economía en el corto plazo. El proyecto responde una a una las demandas parlamentarias: pensiones alimenticias, deudas de salud, deudas financieras, acceso a la vivienda.
Pero las demandas ciudadanas —y las de los parlamentarios— siempre van a existir; luego de estas aparecerán otras. Y seguirán apareciendo sobre todo si el Congreso insiste en poner trabas a la acción del Ejecutivo y en cerrar la puerta a reformas que permitan la creación de una red de protección social robusta que atienda las vulnerabilidades que la ciudadanía experimenta en la vida diaria.
