Uno de los mayores éxitos en materia económica de los últimos 20 años fue sin duda la reducción de pobreza que logro el Perú, de 54% en el 2004 a 20,2% en el 2019, antes de la pandemia. Lográndose además una reducción en la desigualdad, medida con el índice Gini, de 0,53 en 1997 a 0,42 en el 2019. Hoy, con cifras del 2020, y como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno peruano para enfrentar la pandemia del COVID-19, la pobreza afecta al 30,1% de la población peruana. Pese a los logros económicos, sin embargo, solo el 64% de la población tiene acceso a agua potable por red pública en su vivienda y el 54,9% de hogares pobres accede a saneamiento mediante red pública (INEI 2020)[1].
El agua es el recurso más escaso del mundo y es considerada por el Banco Mundial como una prioridad para lograr acabar con la pobreza para el 2030. Es además el Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6 de las Naciones Unidas: Agua y saneamiento para todos antes de 2030. En el Perú, más de 3,6 millones de peruanos no tienen acceso a agua potable. El estrés hídrico en Lima, la capital del país que concentra 29,7% de la población, esto es alrededor de 9,7 millones de personas (INEI), es elevado; la mayor cantidad de agua que abastece la ciudad se origina de fuentes superficiales, siendo el Rio Rímac el mayor abastecedor. La ciudad de Lima no tiene establecido un plan de contingencia por si algún desastre natural o alguna eventualidad afectara el caudal del agua del rio Rímac.
Por su ubicación geográfica el Perú sufre de severos desastres naturales, los fenómenos de la niña y del niño se presentan con cierta regularidad al igual que movimientos sísmicos. El Banco Mundial calcula que los desastres naturales le cuestan a la región de América Latina el 1.7% de su PBI anual. Y si bien los desastres naturales afectan a toda la población de un país, afectan de mayor medida a las poblaciones mas pobres y son considerados como un impuesto a los pobres. Ello en la medida en que los países en desarrollo no tienen redes de protección social para sostener a las poblaciones en pobreza ante un eventual desastre natural. Se calcula que el 90 % de los eventos climáticos están relacionados con el agua, ello hace que la mejora en su gestión sea necesaria para lograr proteger a la población.
Existe un vínculo directo entre la calidad del agua y la salud. La falta de acceso a agua potable y servicios de saneamiento es uno de los principales factores que contribuyen al retraso del crecimiento de los niños. La desnutrición y la anemia tienen un impacto negativo en el desarrollo cerebral de los niños, que se verá retrasado el resto de sus vidas. Ello impedirá que puedan acceder a mejores oportunidades de puestos de trabajo e ingresos en el mercado laboral, lo que a su vez reduce sus posibilidades de escapar de las trampas de pobreza. De acuerdo con cifras del Banco Mundial, en el 2019, las enfermedades diarreicas fueron la octava causa de muerte a nivel mundial, cobrando 1,5 millones de vidas, principalmente por la falta de acceso a agua segura y saneamiento[2]. La Pandemia del Covid-19 nos permitió transparentar el impacto que tiene en las poblaciones más pobres la falta de acceso a agua y las condiciones de hacinamiento en las que viven muchas familias en el país.
La brecha entre demanda y oferta de vivienda para las poblaciones de los NSE D y E es bastante marcada, y ha sido, además, impactada por la elevada proporción de la población migrante, quienes tienen menos ahorros, activos e incluso menos redes de apoyo. Lo que hace que en muchos casos recurran a la invasión de tierras. Un estudio de Grade sobre el acceso a vivienda en los primeros 20 años del Siglo XXI encontró que más de la mitad de las ciudades en el Perú ha experimentado una expansión urbana del 50% de su área, siendo que cerca del 90% de esta expansión ha sido informal, es decir a través de invasiones. Los ciudadanos adquieren lotes sin habilitación urbana, sin agua y saneamiento y sin título, en muchos casos en zonas de riesgo, en el entendido de que, el Estado a través de la inversión estatal los dotara de servicios públicos y de títulos de propiedad. Por lo anterior no es difícil entender porque es tan difícil de cerrar la brecha en el acceso a agua y saneamiento que lleva a que 20% de los peruanos en pobreza no tenga acceso a agua por red pública en su vivienda.
En Huancavelica solo el 20% de la población tiene acceso a agua potable por red pública. Esto es 2 de cada 10 personas que viven en la región. En Cajamarca, Amazonas y Huánuco es el 22%, 27% y 30% respectivamente. Y si bien el 45% de la población de loreto tiene acceso a agua potable por red pública solo el 8% tiene acceso a agua las 24 horas del día. En regiones como Tumbes, Piura e Ica, el acceso a agua las 24 horas del día es de 11%, 18% y 20% de los pobladores respectivamente. Guadalupe, el pueblo al inicio de la ciudad de Ica tiene agua solo 2 horas al día. Mientras que el acceso a alcantarillado por red pública en regiones de la Sierra del país como en Huancavelica es de 40%, en Huánuco 43%, en Cajamarca 45%. En el caso de regiones de la Costa del país, como Piura, Tumbes y la Región Lima, es el 65%, 70 y 76%, respectivamente.
Tenemos 6 millones 178 mil peruanos que utilizan una letrina, pozo séptico, pozo ciego o un rio o canal. Mientras que 2 millones 148 mil peruanos no cuenta con ningún tipo de servicio de saneamiento (INEI 2020). Uno de los principales problemas de salud que enfrentan los niños peruanos es la desnutrición que afecta al 12% de la población menor de 5 años en el país. En Huancavelica, por ejemplo, el 31,5% de los niños menores de 5 padece desnutrición, 25,2% en Loreto 25,2% y 24,4% en Cajamarca. Mientras que la incidencia de anemia afecta al 40% de la población de 6 a 35 meses. Las regiones con mayor incidencia de anemia son Puno con 69,4%, Ucayali con 57,2%, Madre de Dios con 54,8%, Cusco 53,7% y Loreto con 50,5%. En la región con menor incidencia de anemia infantil, Tacna, esta alcanza a 1 de cada 3 de sus niños. (INEI 2021)[3] Por ello necesitamos intervenciones articuladas entre los distintos sectores. Para atacar problemas como la desnutrición o la anemia no basta un programa de nutrición si no hay acceso a agua potable y desagüe.
En el sector educación, por ejemplo, el 58% de los colegios nacionales tiene acceso a agua por red pública, el resto se abastece con camiones cisterna, pilones públicos, pozos o ríos. Solo el 36.7% tiene acceso a desagüe por red pública. De acuerdo con cifras del Ministerio de Educación al 2020 solo 7492 colegios en el Perú tenían acceso a servicios de luz, agua, desagüe e internet. La falta de acceso a servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene es además una barrera para el acceso a la educación de las adolescentes. Se calcula que las mujeres faltan 4 días al mes al colegio durante la menstruación, en aquellas escuelas que no tienen facilidades en el acceso a servicios. Esto es aproximadamente 36 días al año, lo que en muchos casos lleva a bajos aprendizajes y abandono escolar. Lo que se traduce en la pérdida de ingresos a lo largo de su vida y en costos económicos para el país.
Si bien el Perú es un país de ingreso medio alto, con recursos para cerrar las brechas de acceso a agua potable y saneamiento, la inversión del dinero público no ha seguido las prioridades que marcan el interés público, con proyectos bien identificados, diseñados y ejecutados, y todo a costos competitivos. Y aquí es donde la corrupción y el desinterés de las autoridades desvía al país de los logros esperados. El Perú tiene la mayor disponibilidad de agua per cápita de Latinoamérica y sin embargo, no ha logrado reducir el stress hídrico y garantizar que todos los peruanos tengan acceso a ella. No se han priorizado las inversiones necesarias. Solo entre los años 2008 y 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas transfirió a los gobiernos subnacionales, por concepto de canon, sobrecanon y regalías S/.89,265 millones, pero solo se ejecuto el 65%. En el 2021 no se gastaron S/. 4854 millones que debieron invertirse en proyectos de agua y saneamiento para satisfacer las necesidades de millones de peruanos (Comex Perú).
La debilidad institucional que afecta al país, y que se refleja en la captura de rentas por parte de grupos privilegiados con acceso al poder hace que los proyectos que se priorizan no se hagan en virtud de su rentabilidad económico-social. Quienes no tienen acceso a agua por red pública, pagan hasta 10 veces que quienes viven en una zona residencial (OXFAM). Para enfrentar los problemas del sector agua y saneamiento se necesitan reformas políticas e institucionales. Las juntas de regantes, la Autoridad Nacional del Agua, las Empresas Prestadoras del Servicio, el gobierno central y los gobiernos locales son cruciales para la implementación, pero a menudo enfrentan barreras por una débil capacidad de gestión y mandatos poco claros. La participación del sector privado, a través de inversiones y una mayor participación ciudadana son clave para lograr cerrar la brecha en el acceso a servicios de agua y saneamiento, ya que la falta de capacidad del sector público no podrá ser superada en el muy corto plazo. Es importante, utilizar mecanismos como Obras por Impuestos y Asociaciones Publico Privadas, a través de los cuales la empresa privada puede ayudar a cerrar la brecha de infraestructura.
[1] INEI, 2020 “Peru Formas de acceso al agua y saneamiento basico” https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin_agua_junio2020.pdf
[2] https://blogs.worldbank.org/voices/bold-response-needed-achieve-water-secure-world
[3] INEI 2021, “Informe Técnico Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2020”
