ace una semana, en la primera reunión presencial de “La Alianza de Álamos” desde el comienzo de la pandemia, el ex gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, se deshizo en halagos a Mario Marcel. El ministro de Hacienda no estaba en San Antonio, Texas, pero todos los presentes coincidimos con las palabras del mexicano: Mario Marcel es un gran economista. Serio, experimentado, tranquilo, profundo y con una visión global que va más allá de cuestiones puramente técnicas.
El nombramiento de Marcel ha sido universalmente celebrado como una gran movida por parte del presidente Boric. Algunos, aseveran que la designación es un claro indicio de que el nuevo gobierno será, después de todo, una administración socialdemócrata, sin las ínfulas “revolucionarias” de la primera vuelta. Esto último es un error de interpretación. Marcel lo ha dicho varias veces. Está de acuerdo y hace suyo el programa de Apruebo Dignidad; no hay nada en éste que lo incomode. Es un miembro leal y entusiasta del equipo de gobierno del presidente Boric.
Mario Marcel tendrá dos roles: el primero es asegurarse que las medidas específicas que el gobierno vaya tomando no produzcan daño a la economía. Tal como el propio Marcel ha dicho, si bien la economía chilena sigue siendo robusta y tiene un importante potencial, es una máquina delicada. Medidas a tontas y a locas y populistas, como un quinto retiro de las AFP, la afectan negativamente, dañando el empleo y a los que no tienen nada que retirar. En palabras del ministro, no se trata de una “campaña del terror”. Todo lo que se predijo con respecto a los retiros, la inflación, las tasas de interés, y los préstamos para la vivienda ha sucedido.
El segundo desafío de Marcel es llevar a buen puerto la reforma tributaria.
El ministro ha planteado que para ello es necesario hacer un “pacto social” donde todas las fuerzas de la sociedad entiendan que en esta etapa del desarrollo nacional el gobierno necesita mayores recursos. Éstos deben ser permanentes, aportados en mayor proporción por quienes tienen mayores ingresos y patrimonio, y de una forma que no distorsione los incentivos al ahorro, la inversión y la creación de empleo.
Además, ha hablado, correctamente, de gradualidad. No busca incrementar los ingresos fiscales en 8% del PIB en este gobierno; esa meta es de más largo plazo, y debiera cumplirse en un plazo de ocho años. Como primera etapa, se ha planteado un aumento equivalente al 4% del ingreso nacional.
Es en este segundo desafío donde Marcel enfrentará mayores problemas.
Un “pacto social” es, ante todo, un “pacto político” en el que dos actores – gobierno y oposición – negocian y llegan a un acuerdo. Durante las negociaciones ambas partes consultan e involucran a la sociedad civil.
Para que un “pacto político y social” funcione y sea exitoso, cada parte tiene que ceder algo o, lo que es lo mismo, cada parte obtiene algo que desea a cambio de concederle algún punto a la contraparte.
Y he aquí, precisamente, donde los objetivos de Mario Marcel se estrellan con la realidad y con la Convención Constituyente (CC).
La cuestión es muy simple: mientras no haya, a lo menos, un borrador de la nueva constitución, Marcel no puede ofrecerle nada a cambio a la oposición. No es que no tenga poder; desde luego que el ministro de Hacienda lo tiene, y mucho (pregúntenle a Andrés Velasco). El problema es otro: mientras no se sepa qué sistema político, económico y social será plasmado en el nuevo texto constitucional, ninguna oferta que pueda hacer Marcel es creíble.
Consideremos algo tan simple como la “invariabilidad tributaria”, la herramienta que usó el presidente Lagos para implementar el impuesto a la gran minería. El ministro Marcel podría ofrecer algo similar: acordemos subir algunos impuestos ahora, con el compromiso que no habrá más cambios en los próximos 15 años. Pero la CC puede decidir lo contrario, o incorporar normas que impidan ese tipo de pacto.
En suma, en la negociación sobre la reforma tributaria, Marcel no puede ofrecerle (casi) nada a la oposición, ya que no está claro qué controla y bajo qué sistema el país operará en los próximos años y décadas. Lo que controla hoy, mañana puede estar completamente fuera de su alcance, gracias al Frankenstein que se está construyendo en la CC.
Toda negociación tiene dos lados, y la actual oposición también debe entender que es muy peligroso e irresponsable llegar a un acuerdo en circunstancias como las actuales, en las que no se sabe cómo será la cancha en la que se jugará el partido, ni las reglas bajo las cuales éste será disputado.
¿Qué significa todo esto? Que es muy poco probable – casi imposible, diría yo – que se logren avances profundos en el tema tributario mientras no se conozca el borrador de la nueva constitución, y ésta haya sido votado en el plebiscito de salida. Solo en ese momento las ofertas negociadoras adquirirán sentido.
Lo anterior, claro, tiene un corolario. Si se le da más plazo a la CC, las negociaciones se retrasarán y el Pacto Social que, con acierto, busca Marcel no podrá ser implementado con la premura que el ministro ha planteado.
