Luego de apenas ocho meses de gestiones, sin una clara agenda de gobierno y agobiado por diversos escándalos de corrupción activados por sus colaboradores más cercanos, el Presidente Castillo padece una profunda crisis política que podría desembocar en un adelanto de elecciones generales (propuesta considerada por el propio Ejecutivo), cuando no en una nueva vacancia propiciada por el legislativo (escenario menos probable).
Si bien el descalabro en curso responde a los profundos yerros de un presidente que ganó una elección en la que los peruanos se vieron obligados a escoger entre el menor de dos males, en un entorno de gran fragmentación y creciente polarización; no es menos cierto que ese fracaso está íntimamente ligado a las circunstancias perversas que propiciaron el ascenso castillista y a las dinámicas propias del esquema populista que el presidente encarna.
Crisis de partidos
No es posible entender la actual coyuntura peruana sin remitirnos a la crisis de sistema de partidos políticos, de la que es directamente tributaria. En las democracias, los partidos cumplen un papel fundamental en la agregación y representación de intereses, el control político y la rendición de cuentas, así como la intermediación entre ciudadanos y gobiernos. Además, constituyen vehículos críticos para la participación política.
Los partidos proveen información relevante a los electores respecto a las posturas que sus candidatos representan. En ese sentido, constituyen atajos informativos que los electores pueden evaluar en función del desempeño retroactivo. Por ello, resultan instrumentales para el desempeño y la estabilidad democrática. Una democracia sin partidos como la peruana está condenada a padecer marcados déficits de gobernanza y una pronunciada desafección ciudadana.
En nuestro país, durante las últimas tres décadas, la política electoral ha estado dominada por “agentes libres” o políticos independientes, y partidos centrados en candidatos, sin mayor coherencia ideológica o programática y cortísimos horizontes temporales. Buena parte de estas construcciones no logran sobrevivir los ciclos electorales para los que fueron creadas, por lo que sus candidatos migran a nuevas organizaciones que les permiten mantener su vigencia política. Los electores se enfrentan así a una vertiginosa variedad de opciones que limitan su capacidad para evaluar candidatos e inclusive diferenciar entre ellos (Levitsky & Cameron, 2003).
Nada más ilustrativo de esta trama que la extrema fragmentación registrada durante los últimos comicios, con 16 agrupaciones en contienda y 10 partidos representados en el Congreso. Pedro Castillo y Keiko Fujimori alcanzaron en conjunto la menor proporción histórica de votos registrados en una primera vuelta (32.3%), cerrando de este modo uno de los periodos más turbulentos e inestables de la historia política peruana, con 3 presidentes en ejercicio en menos de 3 años, ninguno de ellos directamente electos para el cargo (Paula Muñoz, 2021).
La amenaza populista
El triunfo de Castillo marca la instalación de un nuevo populismo personalista y plebiscitario en el país, cuyo rasgo ideacional fundamental es la contraposición entre “el pueblo”, definido como una entidad homogénea y moralmente superior, y las “elites corruptas”; así como la instalación de la “voluntad general” como única expresión articuladora de la política. Se trata, por lo demás, de ejes comunes en los que convergen las distintas vertientes populistas
de la región, incluyendo gobiernos de izquierda (Venezuela, Ecuador, y México), centro (El Salvador) y derecha (Brasil).
Los populistas como Castillo se oponen al pluralismo y desconfían de los órganos institucionales y procedimientos que limiten su actuación y garantizan derechos de las minorías. En ese sentido, suelen aprovechar los mecanismos democráticos formales para eviscerar la democracia desde dentro. A través de asambleas constituyentes, invocan la soberanía popular para desmantelar los controles y equilibrios democráticos. Del mismo modo, aprovechan su apoyo popular para obtener el control legislativo, y copar el poder judicial. Así, los populistas elegidos democráticamente pueden gradualmente socavar y eliminar la competitividad democrática que los catapultó al poder (Wyland, 2021b)
Para los populistas, “el pueblo” es una aglomeración de individuos y grupos que carecen de la capacidad para actuar. De allí que prefieren la personalización del poder y la representación directa sin instancias intermediadoras (Akkerman, 2014). Es el líder populista (generalmente carismático, aunque no en el caso peruano) quien se constituye en el interprete privilegiado de la voluntad soberana del pueblo, por encima de cualquier vehículo de expresión de intereses.
Estos últimos rasgos quedan plenamente evidenciados en el discurso político de Castillo y sus reiterativas referencias al “pueblo” y la “voluntad popular”, con las que pretende legitimar su actuación pública; así como en los ataques reiterados a distintas instancias independientes como la Defensoría del Pueblo, Contraloría, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y los medios de prensa, a los que identifica como adversarios desleales y cómplices, confabulados para vacarlo.
La debilidad populista
El populismo, en sus distintas expresiones, constituye la principal amenaza que enfrentan las democracias contemporáneas. Las tendencias muestran el avance electoral de grupos y organizaciones políticas de ese cuño en procesos electorales a nivel global, así como el retroceso (“backsliding”) de un gran número de democracias que hasta hace poco se consideraba consolidadas (Haggard & Kauffman, 2021)
No obstante, los populismos no siempre logran imponerse, y cuando lo hacen no resulta inusual que sus proyectos implosionen, generalmente como resultado de las propias dinámicas que los llevaron al poder, las mismas que terminan mermando su efectividad y erosionando su legitimidad hasta hacerlos naufragar.
La falta de soportes institucionales y la renuencia a consolidar organizaciones que puedan eventualmente cuestionar la fuente personalísima de su poder, hacen que el líder populista se rodee de allegados incondicionales en quienes confiere responsabilidades de gobierno, pasando por alto controles elementales, cuando no obviando o manipulando reglas existentes para recurrir al rápido expediente del dedazo (Weyland, 2021a).
Como el caso peruano demuestra, ante la ausencia de amarras institucionales, el gobierno se puebla de funcionarios inaptos, aventureros políticos y oportunistas ávidos de aprovechar la opacidad y falta de filtros para lucrar con los cargos a los que fueron designados. Así, la prédica moralizadora con la que descalificaba a sus adversarios ha terminado convirtiéndose en el flanco más débil de la administración castillista.
De otra parte, la marcada fragmentación y la polarización exacerbada por el personalismo presidencial y su desdén institucional alimentan la confrontación partidaria e impiden que se puedan forjar coaliciones capaces de dotar el Ejecutivo de la estabilidad que requiere, situación que profundiza el debilitamiento del gobierno, neutralizando lo poco que queda de su agenda legislativa y llevando a una parálisis de gestión.
Contrariamente a lo que cabría esperar por el alto nivel de precariedad alcanzado en los últimos años, los organismos de control independiente y la prensa han desempeñado un papel fundamental en la defensa del pluralismo, exponiendo y frenando la actuación arbitraria del Ejecutivo. Ello se ha dado a pesar de los reiterados e infructuosos intentos del Ejecutivo por condicionar la actuación de la fiscalía y el Poder Judicial.
Futuro incierto
En estas circunstancias resulta difícil imaginar un escenario de sobrevivencia prolongada para el Ejecutivo. Si bien la oposición, dividida y fragmentada, no tiene suficientes votos para vacar a Castillo, esa situación puede cambiar rápidamente en la medida en que la aprobación presidencial se siga deteriorando y aquellas bancadas que actualmente son cercanas al gobierno cambien de orientación a fin de resguardar sus bolsones electorales y garantizar su vigencia política.
Otro escenario de interrupción temprana pasa por la convocatoria a elecciones generales adelantadas, opción que, hasta donde se ha podido conocer, fue considerada por el Presidente pero rechazada por el gabinete ministerial y la bancada oficialista consultada. Empero, se trata de una opción que podría cobrar vigencia en la medida en que se consolide en la opinión pública el “que se vayan todos”, expresivo del creciente hartazgo con el Ejecutivo y el Congreso.
Finalmente, aunque improbable en vista de los antecedentes mencionados, tampoco se puede descartar la posibilidad remota de un acuerdo amplio de gobernabilidad que garantice la culminación del actual periodo presidencial, sobre la base de una agenda consensuada mínima, y la incorporación de un plantel ministerial calificado y representativo del espectro electoral más amplio, con un presidente del Consejo de Ministros independiente y convocante. Esta sería la única vía para evitar el espiral descendente de deterioro político que viene arrastrando al país.
Bibliografía
Roberto Stefan Foa, Yascha Mounk, and Andrew Klassen, “Why the future cannot be predicted”, Journal of Democracy 33 (Enero 2022, pp. 147-155)
Paula Muñoz, “Peru: A Close Win for Continuity,” Journal of Democracy 32 (Julio 2021): 48-62.
Stephan Haggard and Robert Kaufman, Backsliding: Democratic Regress in the Contemporary World (Cambridge: Cambridge University Press, 2021)
Christian Welzel, “Why the future is democratic”, Journal of Democracy 32 (Julio 2021): 132-134
Kurt Weyland, “How populism corrodes Latin American political parties”, Journal of Democracy 32 (Octubre 2021, pp. 42-55)
Kurt Weyland, “How Populism Dies: Political Weaknesses of Personalistic Plebiscitarian Leadership”, Political Science Quarterly (Diciembre 2021)
