Las noticias sobre normas de la Convención Constitucional que generan preocupación se suceden día a día, sin distinguir debidamente entre normas que tienen una chance real de terminar en el texto final y las que no tiene ninguna posibilidad. Y es que el proceso que va desde que se propone una norma hasta que una propuesta pasa a integrar el texto definitivo es complejo y difícil de seguir.
Una norma nace de un grupo de convencionales (o una iniciativa popular) y es analizada en una de nueve comisiones, que la puede aprobar o rechazar. Si la aprueba, pasa al pleno para su votación en general. Aquí votan los 154 convencionales y se necesita dos tercios para su aprobación. Si se rechaza vuelve a la comisión que puede hacerse cargo de las objeciones del pleno e intentarlo nuevamente. Si se aprueba se dice que se aprobó en general y vuelve al pleno para su discusión en particular, donde se puede introducir modificaciones mayores. Luego de esta discusión se vuelve a votar en el pleno, donde nuevamente requiere dos tercios de los votos para pasar a la etapa siguiente. Si pasa se dice que fue aprobada en particular. Si obtiene menos de la mitad de los votos la norma muere allí. Si obtiene entre la mitad y dos tercios, la comisión tiene una última oportunidad para modificarla y presentarla de nuevo al pleno. Finalmente, las normas que son aprobadas en particular serán analizadas por la Comisión de Armonización que, haciendo honor a su nombre, buscará armonizar el conjunto de normas en el texto final que será sometido al plebiscito de salida. Sin embargo, su reglamento limita el rol que pueda tener esta comisión.
Por si el proceso anterior no fuera suficientemente complejo, interpretar los rechazos del pleno tampoco es fácil. A veces reflejan un desacuerdo con el contenido de la norma, otras con un aspecto particular, otras solo con su redacción.
La mayoría de las normas que han merecido preocupación mediática habían sido aprobadas solo a nivel de comisión. Otras solo en general. Solo unas pocas en particular. Un ejemplo reciente fueron las normas que llevó al pleno la comisión de medio ambiente (ver la excelente columna de Luis Cordero en La Segunda del lunes de esta semana sobre el manifiesto que las inspiró). De 40 normas presentadas al pleno por esta comisión se aprobaron solo 6 en general. Y de estas 6 se aprobó solo parte de una en particular. Por el momento el texto aprobado de esta comisión se limita a “El Estado promoverá el diálogo, cooperación y solidaridad internacional para adaptarse, mitigar y afrontar la crisis climática y ecológica y proteger la Naturaleza”. La comisión ahora tiene una segunda (y última) oportunidad para presentar normas al pleno.
La Convención no ha hecho una buena labor comunicando las votaciones y su significado. A pesar de lo complejo que es el proceso la comunicación podría ser mejor. Además, varios analistas y medios han contribuido a crear alarmas muchas veces injustificadas, alertando por normas que no tenían posibilidad alguna de llegar al texto final. Todo esto facilita el trabajo de quienes están por el Rechazo (es cosa de criticar todas las normas deficientes, sin importar la etapa en que están) y dificulta la labor de quienes quieren contribuir a mejorar el texto definitivo (hay que discriminar entre normas con y sin posibilidades, para concentrar los esfuerzos en las primeras).
¿Significa lo anterior que no hay nada de qué preocuparse a propósito de cómo va la Convención? En lo más mínimo. Solo significa que es deseable concentrar los esfuerzos en las normas que efectivamente son relevantes.
El proceso de aprobación de normas recién descrito no promueve una visión integral del texto que resulte. Falta una instancia que mire el conjunto de normas que se están aprobando. La dinámica de largas sesiones del pleno, intensas en intervenciones, votaciones en general y discusiones en particular, deja poco tiempo y menos energías para ver más allá de los árboles. Como ha enfatizado Patricio Fernández, en sus crónicas imperdibles en El Mostrador, la ausencia de liderazgos es parte de la naturaleza de la Convención. Esta ausencia tampoco ayuda a darle coherencia al texto propuesto.
La mirada de conjunto debe velar porque el texto constitucional sea coherente y también porque obtenga una alta votación en el plebiscito de salida. Como la disyuntiva será entre el texto propuesto y la constitución de la dictadura, es probable que se apruebe. Pero no es seguro, entre otros motivos porque la votación será obligatoria y cerca de la mitad de los votantes no habrá votado antes. También es importante que el texto no sea aprobado en una votación estrecha. Su contribución a resolver la crisis política que le dio origen será mayor mientras mayor sea la votación que obtenga.
Convencionales diversos han comenzado a plantear la posibilidad de pedir al Congreso una extensión del plazo que vence el 4 de julio. Una prórroga sin cambiar el método de trabajo no contribuirá a un mejor texto. Una prórroga solo tiene sentido si viene acompañada de nuevas instancias que evalúen el texto completo, que faciliten un diálogo político mirando el conjunto, y que permita introducir cambios sustantivos. Un camino alternativo, el único si el Congreso no aprueba una extensión, sería dotar a la Comisión de Armonización de mayores atribuciones.
