El año 1866 la Armada española bombardeó el puerto de Valparaíso. El gobierno, como reacción a la destrucción, prometió comprar nuevos artefactos de guerra. El ingeniero alemán Karl Flach, residente de Valparaíso, ofreció algo de película: una especie de bote con forma de cigarro que nadaba como pez. Flach soñaba despierto con su submarino de 13 metros de eslora, 100 toneladas de acero y propulsión humana.
Luego de unas apresuradas pruebas —no había tiempo que perder—, el alemán declaró que el submarino estaba listo. Convenció a un par de alemanes, franceses y chilenos de hundirse en las aguas del Pacífico, y junto a su hijo adolescente, invitó a la ciudad a observar el viaje del primer submarino de Hispanoamérica.
Sin coordinar con la Armada ni enganchar una boya a la nave —una mínima medida de seguridad ante cualquier posible avería—, se echó a la mar con los ojos hipnóticos y el pecho inflado (me imagino yo), propios de quien cree estar haciendo un aporte decisivo al país y, por qué no, a la humanidad.
Antes de largar las amarras, invitó nada menos que al Presidente de Chile a subirse al submarino y experimentar la primera navegación oficial. Se dice que José Joaquín Pérez se negó a la invitación con una simple pregunta: “¿Y si se chinga?”.
En Chile, febrero es de ordinario un mes de solaz. Pero este no lo ha sido, menos aún para los 154 miembros de la Convención Constitucional (CC). Sus distintas comisiones han estado redactando, a toda máquina, los artículos de la nueva Constitución y ya se aprobaron por el pleno, con el quórum requerido de 2/3, normas sobre los Sistemas de Justicia y la territorialidad del Estado. Los plazos se acortan inexorablemente y a principios de julio debiera estar listo el borrador a plebiscitar.
Si hacemos doble clic en los diez artículos sobre los Sistema de Justicia, los primeros en ser aprobados por el pleno y sobre el cual se irán agregando nuevas disposiciones en las próximas semanas, encontramos muchas curiosidades y novedades. No hay referencias al Poder Judicial —tampoco hasta ahora a la Corte Suprema— y en cambio se recurre a un nombre nuevo: Sistemas de Justicia. Aparecen conceptos o principios ajenos a la tradición jurídica chilena, como Justicia Abierta, plurinacionalidad o pluralismo jurídico. A modo de ejemplo, Justicia Abierta sería algo así como la transparencia, participación y colaboración con que tienen que actuar los jueces, para garantizar el estado de derecho, promover la paz social y fortalecer la democracia. No se entiende qué quieren decir al exigir de los jueces colaboración y menos qué implicancias tiene que estos deban preocuparse por la democracia. Tampoco se entiende qué significa que los jueces deben resolver con enfoque de género en relación con cualquier norma.
El espíritu de la CC es original y refundacional y tienen los votos —como al menos se vio en la aprobación de los artículos recién comentados—, para hacer prevalecer esa mirada. Se quiere construir una casa enteramente nueva, con diseño innovador y materiales de punta. Un Chile ignoto, igualitario, ambientalista, feminista, indigenista, con empoderamiento territorial, entre muchas nuevas caracterizaciones que parecen querer olvidar, de raíz, la casa en que hemos estado habitando y que habitaron nuestros antepasados.
Presumiendo la buena fe de quienes lideran este proceso —cuesta pensar en una reacción de revanchismo infantil y autodestructivo—, habría que advertir sobre una cuestión evidente: los riesgos de las innovaciones y en especial los que derivan de muchas innovaciones al mismo tiempo.
La Constitución es un documento de corte político, que refleja las sensibilidades y pareceres de quienes la redactan y aprueban como representantes de la comunidad que los eligió. Pero, además, es un documento técnico —la base de todo el sistema jurídico—, de ahí que debe servir no solo para distribuir el poder, establecer límites, reconocer derechos, sino como orientación para la comprensión de todas las demás normas. Es por ello que las palabras y conceptos de la Constitución tienen que dialogar con una tradición institucional y jurídica en marcha y también histórica. Si el texto se aparta de ella de manera radical pierde capacidad orientativa y la predictibilidad del sistema en su conjunto se debilita. La falta de reglas claras conduce a ineficacias, ineficiencias (no hay nada más injusto que el derroche), discriminaciones y abusos de las autoridades y la consiguiente afectación de los derechos de las personas. Asimismo, la desconfianza crece y se multiplica, como un hongo en la humedad, ante reglas imprecisas y desconectadas de la realidad jurídica.
Pero hay otro problema apremiante para quienes tendrán que operar bajo la nueva Constitución: el establecimiento de conceptos y principios nuevos requiere tiempo para enraizarse. Los consagrados en la Constitución se cristalizan en leyes y las leyes en decisiones de los tribunales o las autoridades administrativas. Recién con la aplicación al caso concreto surge una mayor precisión de las reglas y solo una vez que esa aplicación se asienta genera seguridad jurídica. Antes de que suceda existe un período de variabilidad e incertidumbre. El exceso en las innovaciones, en profundidad y número, puede llegar a ser intolerable y asfixiante. Casi como seguir viviendo en una casa que se va a destruir en su totalidad y sobre la cual se quiere erigir al mismo tiempo una completamente nueva. O sea, vivir en la intemperie.
Desgraciadamente, son preocupantes los resultados que nos ha ido entregando la CC. Se percibe un acentuado maximalismo, voluntarismo, e inexperiencia. Se percibe poco sentido común, en especial en las comisiones. Ese espíritu refundacional —teñido de enfoques ideológicos particulares—, podría llegar a traducirse en una Constitución que profundice la fractura social de nuestro país porque no responde ni a su realidad ni a su historia. Eso puede fragilizar aún más nuestras instituciones y hacerlas más ineficaces por la vía de restarles fundamento o sentido. Así, la Constitución se podría llegar a convertir en un problema más que en una solución: un elefante blanco.
El submarino de Flach se hundió y aún se desconoce dónde quedó enterrado. Aprendamos de esa experiencia: evitemos soluciones mágicas, transformaciones totales e inmediatas y obremos con prudencia. Hagamos los cambios requeridos, pero reconociendo y midiendo los costos de la incertidumbre. El pleno de la CC tiene la responsabilidad de evitar que todo este proceso “se chingue” y proponernos un texto balanceado, razonable y pragmático.
