Por Jens Matthias Arnold y Paula Garda, Departamento de Economía de la OCDE
Luego de una severa crisis en 2020, la economía colombiana se ha recuperado con fuerza en 2021, con niveles de actividad que se encuentran sobre los niveles previos a la pandemia. Y aunque el empleo aún está rezagado ha crecido visiblemente, aunque liderado por los empleos informales. El 95% de los empleos destruidos durante la crisis ya se han recreado.
Colombia ha sufrido durante mucho tiempo una elevada pobreza y exclusión social que fueron agravadas por la pandemia: sólo el 14% de los hogares vulnerables recibían asistencia monetaria previo a la crisis (Gráfico 1), y el 60% de los trabajadores era informal no teniendo acceso a un seguro de desempleo o una pensión.
Gráfico 1. Muchos hogares vulnerables son dejados atrás
Fuente: Estudios Económicos de la OCDE: Colombia 2022
El aumento del gasto social ayudó a mitigar el impacto negativo en los ingresos, el empleo y la pobreza. Sin embargo, durante 2020 los ingresos de los hogares situados en la parte inferior de la distribución del ingreso cayeron tres veces más que los de los hogares con mayores ingresos (Gráfico 2). Esto ha agravado unas de las distribuciones de ingresos más desiguales de la OCDE e incrementando la tasa de pobreza hasta el 42.5% de la población.
Gráfico2. La pandemia ha tenido graves consecuencias sociales
Fuente: Estudios Económicos de la OCDE: Colombia 2022
Una recuperación fuerte e inclusiva requiere crear más y mejores empleos, pero también más y mejor protección social para todos los colombianos. Para ello será primordial ofrecer beneficios universales a trabajadores formales e informales de igual manera. El funcionamiento del sistema actual genera un círculo vicioso en el que los trabajadores informales quedan excluidos de los beneficios de seguridad social, mientras que la informalidad se perpetúa por las elevadas contribuciones y costos no salariales que financian las prestaciones de trabajadores formales. Las cotizaciones y costos laborales no salariales de los trabajadores pueden alcanzar el 55% en el caso de trabajadores que ganan el salario mínimo y aumentan el costo de crear trabajos formales.
El resultado de este sistema dual es que sólo un 28% de los adultos en edad de pensión logran una pensión contributiva, y 20% de todos los recursos públicos se destinan a financiar las pensiones del 4% de la población más acomodada. Otro 25% de los adultos mayores reciben una magra pensión no contributiva, cuyo nivel equivale al 60% del umbral de pobreza extrema.
Estas deficiencias del sistema de protección social son también una de las causas de otro problema estructural en Colombia: la baja productividad, cuyo crecimiento no alcanzó ni la mitad del promedio de las economías latinoamericanas a lo largo de las últimas tres décadas. Las empresas que evitan pagar las contribuciones sociales permanecerán pequeñas y menos productivas, para no llamar la atención de las autoridades tributarias.
Para romper este círculo vicioso de informalidad, es urgente avanzar hacia la universalización de derechos básicos no contributivos para trabajadores informales y formales por igual. Esto podría hacerse estableciendo una pensión básica universal combinada con un programa de ingreso mínimo garantizado que se basaría en el programa «Familias en Acción» y ampliaría las transferencias monetarias existentes a todos los hogares con bajos ingresos. Al mismo tiempo, la financiación del sistema de protección social debería pasar gradualmente de las cotizaciones laborales hacia los recursos de tributación general, reduciendo los desincentivos a la creación de empleo formal. Reducir los costos laborales no salariales ya demostró ser un eficaz catalizador de la formalización en la reforma del 2012. Los trabajadores informales, con ingresos inferiores o cercanos al salario mínimo, serían los más beneficiados por esta reforma, ya que obtendrían mejores oportunidades de empleo e ingresos y dejarían de estar excluidos de la protección social.
Cálculos de la OCDE sugieren que llevar a cabo estas ambiciosas reformas requiere recursos fiscales adicionales, que serían del orden del 1% del PIB a largo plazo, una vez eliminadas las ineficiencias del sistema actual. Eso requiere un rebalanceo del sistema tributario. Por un lado, reducir las múltiples exenciones impositivas tiene un gran potencial para disminuir los gastos fiscales y fortalecer el recaudo. Más allá de eso, sería importante disminuir las contribuciones laborales y dar un rol más importante a los impuestos sobre la renta de las personas.
Colombia podría recaudar más por el impuesto sobre la renta de las personas reduciendo el umbral de ingresos por el que los contribuyentes empiezan a pagar, eliminando las exenciones y reforzando la progresividad. Colombia recauda sólo el 19% del PIB, comparado con el 34% en el resto de la OCDE, y los impuestos a la renta de las personas naturales son el 6% de la recaudación, cuatro veces menos que en la OCDE.
Estas reformas de la protección social y del sistema tributario permitirían no solamente disminuir la informalidad, sino también avanzar en la lucha contra la pobreza y las desigualdades, mientras que aumentaría el potencial de crecimiento de la economía colombiana.
Avanzar en estas reformas no será fácil y tendrá que ser gradual, ya que requerirá alcanzar consensos amplios alrededor de una nueva visión de largo plazo para la protección social. Pero Colombia no puede continuar postergando el diseño de una hoja de ruta, si quiere que todos los colombianos estén protegidos y tengan mejores empleos con mejores salarios y que trabajen en empresas más productivas.
Referencias:
OECD (2022), Estudios Económicos de la OCDE: Colombia 2022, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/991f37df-es
Para más información:
Blog publicado originalmente en Ecoscope
