Por Juan Vargas, Mounu Prem y Miguel E. Purroy
El flagelo de las minas antipersonales en Colombia y su importancia para la construcción de paz
Colombia es, después de Afganistán, el segundo país del mundo con más víctimas por minas anti-personales.[1] Si nos enfocamos en las minas oficialmente llamadas “improvisadas” (hechas de forma artesanal, y cuya explosión es menos controlable y mucho más letal), Colombia supera, con mucho, a cualquier país del mundo. Según estadísticas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde 1990 a hoy estas minas han dejado más de 12 mil víctimas en Colombia.
Las minas antipersonales han sido usadas por todos los actores del conflicto colombiano. En los años ochenta, el ejército plantó minas para proteger sus bases militares. Estas fueron posteriormente removidas en 2004, después de que entrara en vigor la Convención de Ottawa, que prohíbe la producción, uso y almacenamiento de minas antipersonales y que Colombia suscribió. Por su parte, la guerrilla ha utilizado minas improvisadas durante muchos años y a lo largo del territorio nacional para defender sus bastiones y los cultivos ilícitos. En 2008, las FARC difundieron entre sus frentes el llamado Plan Renacer Revolucionario de las Masas, con el cual el comandante Alfonso Cano instaba a las tropas a fortalecer su capacidad de fabricar y sembrar minas: “Con el uso de minas y explosivos se equilibran las cargas frente a un enemigo numeroso, bastante equipado y con gran poder de fuego.”, escribía Cano en el punto 8 del Plan Renacer.
Según la ONG Landmine Monitor al final de 2018 el 88% de los departamentos colombianos y casi un tercio de sus municipios tenían sospecha de contener territorios minados y en varios casos su presencia estaba confirmada.
Las minas antipersonales, y en especial las improvisadas cuya desactivación sin causar una explosión es muy difícil, constituyen un obstáculo enorme para la recuperación, en un contexto de postconflicto, de las actividades económicas y sociales de las regiones afectadas. Estos artefactos amenazan la movilidad de las personas, la escolaridad, la inversión rural y el acceso a mercados y a servicios básicos. También son un obstáculo para la ayuda humanitaria. Además, por su localización en zonas rurales y abatidas por el conflicto, las minas antipersonales afectan especialmente a poblaciones pobres y vulnerables, y se estima que, a nivel global, 4 de cada 10 víctimas son niños. Esto implica que el daño causado por estos artefactos de guerra se extiende por mucho tiempo, mucho después del final de un conflicto. En efecto, se calcula que las minas pueden permanecer activas por al menos 50 años.
Es por esto que las campañas de desminado tienen un potencial enorme, no solo en lo económico sino también en el ámbito social. Sin embargo, y desafortunadamente, poco se sabe de los efectos que tiene la remoción de minas antipersonales en las zonas afectadas por su presencia.
Efectos del desminado en Colombia
En un trabajo reciente (que se puede encontrar acá), decidimos estudiar los impactos económicos y sociales del desminado en Colombia. Esta entrada resume nuestro enfoque y hallazgos.
Lo primero que queremos subrayar es que hay distintos tipos de desminado. En Colombia, por ejemplo, algunas operaciones militares cuyo objetivo fundamental no es la remoción de minas resultan en desminados parciales o explosiones controladas necesarias para el movimiento terrestre de tropas y de material de guerra. En efecto, a marzo de este año se habían registrado casi 25 mil eventos de desminado resultantes de operaciones militares.[2] Este tipo de desminado difiere del llamado desminado humanitario, cuyo objetivo último es la remoción de todas las minas que afectan un territorio específico, hasta certificarlo como libre de sospecha de minas. El Decreto 3570 del 2011 estableció que cualquier organización nacional o internacional certificada podría realizar esta actividad. Esto abrió el camino para que, en 2013, la ONG británica Halo Trust comenzara labores de desminado humanitario en Colombia. Para el despegue de las iniciativas de desminado humanitario en el país un elemento fundamental fue el inicio de la negociación de paz con las FARC a finales de 2012 y la subsiguiente caída en la intensidad del conflicto armado, que hizo las labores de desminado en el territorio más seguras. Hoy en día hay siete organizaciones nacionales e internacionales involucradas en labores de desminado humanitario en Colombia, incluyendo una conformada por excombatientes. Al 31 de julio de este año estas organizaciones habían identificado 2.272 áreas posiblemente minadas, de las cuales la presencia de minas antipersonales se había confirmado en poco más de la mitad y 645 habían sido desminadas en su totalidad.
En este sentido, nuestro trabajo distingue entre tres tipos de desminado. Los primeros dos están asociados al el desminado en operaciones militares, que por su naturaleza es parcial. El primero tiene que ver con operaciones militares ocurridas mientras el conflicto con las FARC estuvo activo, antes del inicio de los diálogos de paz. Durante este periodo el desminado pudo haber tenido efectos en los incentivos de los distintos actores armados de controlar territorios estratégicos antes protegidos por campos minados. El segundo es el desminado que ocurre en operaciones militares ocurridas después del inicio de las negociaciones. Finalmente, también estimamos los efectos del desminado humanitario, llevado a cabo por expertos con el objetivo de remover todas las minas localizadas en los territorios focalizados.
Independientemente de la naturaleza del desminado, para identificar su efecto causal explotamos la información detallada sobre las coordenadas de los eventos de desminado así como el momento de su ocurrencia. Esto nos permite comparar la evolución de variables de interés en el vecindario de las zonas desminadas (para lo cual tomamos un radio arbitrario de 5 kilómetros) y en zonas con presencia de minas pero que serán desminadas más adelante o no alcanzaron a desminarse durante nuestro periodo de análisis.
Específicamente, estudiamos los efectos del desminado sobre la actividad económica local (que puede medirse de forma más o menos precisa bien sea mirando la evolución de la densidad de luces en imágenes satelitales que se toman de noche o mirando la evolución de la densidad poblacional), el desempeño de los estudiantes en las pruebas públicas estandarizadas (llamadas “Saber” en Colombia), la actividad económica ilegal (como cultivos de coca o minas ilegales de oro) y la incidencia de actividades económicas extractivas asociadas con fenómenos de deforestación.
Nuestros resultados sugieren que el efecto del desminado sobre estas variables depende en gran medida del tipo de desminado. Por ejemplo, el desminado humanitario mejora las condiciones socioeconómicas (es decir la luminosidad nocturna y la densidad poblacional). Específicamente, nuestro resultados sugieren que cada evento de remoción integral de minas aumenta el PIB municipal en 0.8%, y que los beneficios económicos del desminado humanitario superan sus costos 7 veces. También encontramos que, al liberar zonas enteras de la amenaza de minas, el desminado humanitario aumenta el desempeño educativo de los niños en pruebas estandarizadas. Los efectos positivos del desminado humanitario, tanto en actividad económica como en logro escolar, son aún mayores para eventos de desminado que ocurren cerca de zonas más cercanas a la red vial, lo que sugiere que la conectividad es fundamental para aprovechar las oportunidades del desminado en términos de actividad económica y asistencia escolar.
Sin embargo, y en contraste con el caso del desminado humanitario, encontramos que los eventos de desminado que ocurren como consecuencia de actividades militares (cuyo objetivo último no es la limpieza total de las minas en una zona focalizada) tienen efectos muy distintos. Si el desminado en operaciones militares ocurre durante el mismo periodo del desminado humanitario (desde 2013) la actividad económica no aumenta y el desempeño educativo no mejora. Si ocurre durante el periodo en el que el conflicto estuvo más activo (hasta 2012), el desminado en operaciones militares disminuye el desempeño económico. En efecto, además de su naturaleza parcial, durante el periodo previo al inicio de los diálogos de paz el desminado en operaciones militares exacerbó la disputa territorial violenta, evidente en los mayores niveles de victimización de civiles y desplazamiento forzado.
También encontramos que, mientras el desminado humanitario no tiene efecto sobre la cobertura boscosa, el desminado en operaciones militares aumenta la deforestación, especialmente en lugares más propensos a actividades extractivas como la ganadería o los cultivos extensivos. Esto sugiere que el desminado en operaciones militares está alineado con los intereses de élites económicas que se benefician de actividades económicas extractivas, y que estas actividades no son lo suficientemente productivas como para afectar los niveles de luminosidad nocturna.
Finalmente, y dado que uno de los usos tradicionales de las minas antipersonales es la protección de cultivos ilícitos, también exploramos los efectos del desminado sobre los cultivos de coca, el principal precursor de la cocaína, de la cual Colombia es el principal productor mundial. Nuestro resultados sugieren que los eventos de desminado que ocurrieron desde 2013 redujeron el tamaño de los cultivos de coca, especialmente en los lugares focalizados por el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que se implementó desde 2017 como consecuencia del acuerdo de paz. Esto sugiere una interesante complementariedad entre la remoción de minas y las políticas gubernamentales de desarrollo rural. Esto es particularmente relevante dado el fracaso de las políticas antidrogas en el marco de la guerra contra las drogas, de lo cual hablamos en esta otra entrada.
Nuestros resultados sugieren, tal vez sorpresivamente, que la remoción de minas es deseable y genera consecuencias muy específicas, pero solo en contextos e implementaciones específicas. Si el desminado ocurre durante un conflicto activo esto puede cambiar el balance de poderes en el territorio lo que puede llevar a que se exacerbe la violencia y caiga la actividad económica. El desminado en el post-conflicto es mucho más beneficioso, especialmente si enfoca los esfuerzos en la remoción total de las minas de las zonas focalizadas y se complementa con políticas activas de presencia institucional y desarrollo local.
[1] Las minas antipersonales son explosivos que se esconden bajo la superficie y se activan con el contacto de una persona u objeto, y cuyo objetivo es causar la muerte o infligir heridas graves en quien la activa.
[2] Como parte de los compromisos derivados de la firma del Convenio de Ottawa, Colombia mantiene, desde principios de los 2000, un registro oficial con información georreferenciada de explosiones de minas antipersonales, operaciones de desminado y sospecha de presencia de minas en el territorio.
