La evolución macroeconómica reciente ha reinstalado temores de mayor inflación y tasas de interés. La demanda agregada crece de manera insostenible de la mano de los retiros de fondos de pensiones y de una política fiscal de una expansividad casi sin precedentes. El Congreso aprueba sucesivamente nuevos retiros y el gobierno intenta detenerlos con significativas ayudas a las familias, sumándose ambas medidas en su presión a los precios.
Chile había sido elogiado internacionalmente en su manejo macroeconómico y, en particular, destacado por su regla fiscal que había dado estabilidad sin tener que recurrir a medidas monetarias severas. Hoy este cuadro amenaza con cambiar para mal. ¿Por qué está ocurriendo esto?
Es tentador culpar a quienes aprueban estas leyes, con mayorías tan abrumadoras que pueden torcer la voluntad del Ejecutivo, ya sea recurriendo a reformas constitucionales o impidiendo al gobierno ejercer su poder de veto. Y todo esto en un régimen político presidencial.
¿Tendríamos que esperar, entonces, que, por azar, resultaran electos en lo sucesivo sólo parlamentarios especialmente preocupados por el futuro lejano? ¿O también procederían como ahora?
Mi convicción es que así sería, porque, en nuestro particular sistema, de no hacerlo su reelección corre peligro. Contrastemos esas particularidades con los esquemas de algunos países desarrollados. Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, eligen solo un representante (Cámara Baja) por distrito, aunque el primero tiene un régimen presidencial y la segunda parlamentario. Desde hace mucho la política está dominada en ambos países por sólo dos partidos, con lo que la identificación de gobierno y partido es completa y la disciplina al interior de los partidos se refuerza por el sistema uninominal. Si el partido no nomina a quién compite, sus posibilidades electorales son casi nulas.
España y Alemania, donde hay una mayor cantidad de partidos con representación parlamentaria, la Cámara Baja se elige de modo total o parcial por listas, es decir se vota por partidos, en sistemas de elección proporcional. Los partidos garantizan la disciplina partidaria, pues controlan la confección y orden de prelación de las listas. Proveen asimismo un filtro institucional que asegure correspondencia entre candidatura e ideario. Así, todos estos esquemas, de características diferentes, incentivan la disciplina partidaria y la cooperación entre Ejecutivo y Parlamento, ya sea porque el Ejecutivo debe contar con mayoría en este o porque puede controlar una proporción significativa del mismo.
Veamos nuestro sistema. Chile posee una larga tradición multipartidista, que perduró incluso en el período de elección binominal. La elección presidencial, en su primera vuelta, se celebra en conjunto con la elección del Parlamento.
El multipartidismo conlleva la presentación de varias candidaturas a la primera magistratura, todas acompañadas de sendas listas parlamentarias. Con toda probabilidad, quien resulte vencedor en la primera vuelta carecerá de mayoría absoluta y, por lo mismo, del control de la Cámara de Diputados, más aún con el sistema proporcional.
Y el puntazo final: votamos por persona – no por lista- en este marco proporcional. Quienes resulten elegidos lo hacen con votos personales, lo que incentiva la búsqueda de popularidad individual, en particular cuando se acerca una elección.
¿Está mejor servido el votante, que delega su soberanía en una representación individual, con las dificultades que tiene prever su conducta cuando pesan tanto consideraciones a veces dominadas por factores de corto plazo, sin necesaria correspondencia con el ideario de la lista a la que se pertenece? Tema para reflexionar a la luz de distintos hechos recientes, sin desconocer por ello la incompleta democracia interna de nuestros partidos.
Pero el punto es que la probabilidad del gobierno de turno de elegir mayoría parlamentaria y, peor aún, de retenerla si se acercan elecciones, será baja. Quienes están en el Parlamento, y enfrentan una nueva elección, dependerán más de su votación personal que del arrastre del partido al que pertenecen.
Esto produce una natural tensión, como hemos visto, con habituales cruces entre la línea partidaria y las opciones de quienes están en el Parlamento. Si se imponen políticas insostenibles, quienes terminarán pagando las consecuencias cuando sus costos se materialicen serán el Ejecutivo y los partidos que lo apoyen, justamente los más debilitados a la hora de la votación. Ese es el problema.
Se hace urgente revisar nuestro sistema en el marco de la discusión constitucional. Poco sacamos con culpar al Parlamento o intentar forzar un esquema electoral mayoritario en un contexto multipartidista. Lo que parece claro, empero, es que no se puede acomodar una sola pieza -el cambio de un sistema binominal por uno proporcional- sin desacomodar el sistema en su conjunto. Necesitamos un rediseño completo.
