Desde ya hace algún tiempo, se ha venido produciendo un preocupante deterioro en la calidad de nuestra discusión e implementación de política económica. Lamentablemente este deterioro se ha profundizado en semanas recientes. Rasgos claros de un sesgo populista y cortoplacista han comenzado a emerger. Una mezcla que en nuestro actual contexto político y macroeconómico puede terminar dinamitando nuestros anhelos de construcción de una sociedad más inclusiva y próspera.
Un ejemplo del deterioro en nuestra discusión de política económica es la extensión a rajatabla del Ingreso Familiar de Emergencia Universal hasta fin de año. Distintos analistas han señalado que, dada la situación fiscal y cíclica de nuestra economía, una extensión focalizada era la política correcta. La extensión del IFE tiene un costo fiscal de 7.000 millones de dólares en estimación del gobierno. En este contexto, el déficit fiscal este año 2021 debiese estar entre 8% y 9% del PIB.
Si este déficit hubiese ocurrido el año 2020, no habría habido discusión macro alguna. El año 2020, nuestra economía operaba muy por debajo de su potencial y las necesarias medidas sanitarias para reducir los contagios habían generado un fuerte impacto en los ingresos de las familias. Apoyar decididamente a las familias era un imperativo económico y social. Incluso lo seguía siendo en la primera parte de este año. Pero el contexto cíclico ha cambiado.
La economía ha recuperado el nivel de actividad previa a la pandemia. La inflación anual alcanzó un 4,5% en Julio. En su más reciente reunión de política monetaria, el Banco Central aumentó la tasa de interés de política monetaria. En la evaluación del ente emisor, un alto impulso fiscal y un fuerte dinamismo del consumo impulsarán un rápido cierre de la brecha de actividad. Las tasas de interés de mercado a plazos mayores también han subido de manera significativa, aumentando el costo de financiamiento. En este contexto, una política fiscal aun más expansiva puede terminar generando una combinación macro de mayor déficit fiscal, mayores tasas de interés y menor inversión. Una mala combinación a la luz de los desafíos en materia de recuperación del empleo que nuestro país enfrenta.
Algunos dirán que los riesgos inflacionarios están siendo sobredimensionados. Con cerca de un millón de empleos menos que al inicio de la pandemia, la economía tiene capacidad no utilizada suficiente para seguir expandiendo la política fiscal sin riesgos inflacionarios ni aumentos en las tasas de interés.
Daniel Carbonetto, el economista detrás del gobierno de Alan García en los ochenta en el Perú, escribió en ese entonces: “es necesario gastar, aun a costa de grandes déficits fiscales, porque, cuando este déficit trasfiere recursos públicos para incrementar el consumo de los más pobres, ellos demandan más bienes y esto genera una reducción en los costos. Por lo tanto, el déficit fiscal no es inflacionario” (ver S. Edwards, 2019). La hiperinflación que se desencadenó en el Perú a partir del gobierno de García es utilizada hoy como un ejemplo clásico de populismo económico.
Es importante no confundir políticas populistas con políticas keynesianas. Los keynesianos han argumentado que una política fiscal contra cíclica, una política fiscal que exhibe déficits fiscales en periodos recesivos y superávits en periodos expansivos, juega un papel estabilizador del ciclo económico. Pero el propio Keynes en su famosa Teoría General indicó que tan pronto como el producto se ha incrementado lo suficiente para alcanzar los “cuellos de botella”, es probable que se produzca un fuerte aumento en los precios de ciertos bienes. Y no es descartable que estos cuellos de botella estén más cercanos de lo que algunos creen, precisamente porque nuestro crecimiento potencial es bajo y porque la pandemia puede haber acelerado los procesos de automatización a nivel de las empresas, generando un aumento más persistente en el desempleo. Si este es el caso, se requerirá espacio fiscal para implementar medidas que estimulen el crecimiento, la inversión, el empleo, la capacitación. Pero ese espacio fiscal solo existirá si somos capaces de implementar una trayectoria fiscal sostenible y creíble. La trayectoria fiscal actual apunta en otra dirección.
El escenario descrito plantea en sí mismo un enorme desafío. Y sin embargo, la discusión de malas políticas públicas no termina. La propuesta de un cuarto retiro solo viene a profundizar los riesgos macroeconómicos y financieros. El Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero han sido claros al respecto. Menos ahorro, mayores tasas de interés, menos inversión, menos crecimiento, menos empleo. Y no nos olvidemos que somos una economía altamente dependiente del contexto internacional. Y éste se ha tornado menos favorable, con riesgo de mayores tasas de interés y menores precios para nuestras exportaciones.
Si no corregimos nuestra trayectoria macroeconómica, en vez de estar discutiendo sobre la implementación de una transformación tecnológica verde, el apoyo al emprendimiento innovador, el desarrollo de sectores estratégicos, la creación de empleos de calidad, la implementación de una carga tributaria que nos permita conjugar adecuadamente nuestros desafíos en materia de redistribución y de generación de bienes públicos productivos, estaremos hablando de cómo retomar una trayectoria macro sostenible. Y esa discusión no es acerca de las transformaciones sociales y productivas que nuestro país requiere implementar. La combinación de cortoplacismo y populismo es el peor enemigo de aquellos que aspiran a construir un país más inclusivo y próspero.
