Al parecer una mayoría de constituyentes se inclina por mantener la autonomía del Banco Central, lo que es bueno para la mantención de una inflación baja y estable, con efectos positivos sobre el crecimiento y el empleo.
Pero al mismo tiempo, se abre una discusión sobre sus objetivos y someter al presidente o al consejo a una acusación constitucional si se considera que esos objetivos no se cumplen.
Agregar otros objetivos debe cumplir con al menos dos requisitos.
El primero es que sean objetivos coherentes entre si. Por ejemplo, exigirle estabilidad cambiaria puede resultar en una inconsistencia. Si trata de mantener un tipo de cambio artificial tanto la teoría como la evidencia indican que eso limitará el manejo de política. Si bien se puede argumentar que los controles de capital reducirían esta limitación, no hay evidencia contundente, sobre todo en el caso chileno, de que estos controles tengan efectos en el tipo de cambio. Más éxito, parcial y temporal, han tenido las intervenciones cambiarias que realiza el Banco en momentos de estrés. Tampoco es razonable poner reglas constitucionales o legales para algo que puede decidir, como ya lo hace, su consejo, quien da cuentas regulares de su accionar. Los asuntos de régimen monetario, cambiario o de flujos de capital, salvo que sea por ejemplo adoptar otra moneda (e.g. el dólar), no son temas constitucionales, sino que de discusión de política económica.
El segundo requisito es que los nuevos objetivos sean posibles de alcanzar con las políticas del Banco. Por ejemplo, poner como objetivo cambiar la matriz productiva no tiene sentido, pues la política monetaria no tiene capacidad de alterarla de manera sistemática y eficiente. ¿Se imaginan evaluando al Banco Central por la diversificación de exportaciones o el valor agregado de industrias extractivas?
Donde pueda haber mayor aceptación es poner el objetivo de empleo, tal como lo tiene la Fed de Estados Unidos. Sin embargo, hay que tener cuidado en como se define su éxito en esta materia. Una economía con muchas restricciones estructurales al empleo podría tener una tasa de desempleo muy alta, y poco puede hacer el Banco Central. En dicho caso, se necesitan reformas específicas al mercado laboral. De hecho, la Fed señala que mira muchos indicadores para evaluar la situación del empleo, sin definir un objetivo específico. Más aún, el esquema de política monetaria aplicado en Chile es muy similar al de la Fed.
A mi juicio el Banco Central necesita flexibilidad. No se puede descartar que en momentos críticos deba abandonar temporalmente su objetivo en materia inflacionaria, enfrentado a una situación de vulnerabilidad crítica. No ha habido casos como esos en Chile, pero no es descartable. Me parece que sería mejor establecer que: “El objetivo de Banco Central es contribuir al máximo bienestar de toda la población, dentro del ámbito de sus objetivos particulares que deben ser la estabilidad de precios y estabilidad financiera, que permitan la creación de empleo sostenible”.
Respecto de la acusación constitucional, esta podría someter al Banco a presiones políticas indeseadas. Ya existe un mecanismo de remoción. Nunca se ha usado. Sorprende que se justifique esto basado en las políticas durante la crisis asiática. Fuimos varios quienes en su momento consideramos que no eran adecuadas, pero no hubo nadie, de ningún color político, que pidiera al ejecutivo la remoción de las autoridades del Banco. Los bancos centrales toman decisiones ex-ante, basados en riesgos y lo que estima será la evolución de la economía. Evaluarlos por lo que después efectivamente ocurre no es justo. La virtud del Banco Central es que después de la crisis asiática implementó un esquema de política mucho más robusto, y que, si bien no es responsable del crecimiento de largo plazo, ha contribuido de manera decisiva a la estabilidad de la economía chilena al enfrentar las peores crisis mundiales desde la gran depresión, la crisis subprime y la pandemia.
La combinación de objetivos difíciles de evaluar y la acusación constitucional es particularmente riesgosa. Imaginemos que la inflación para fines de año se proyecte en 6%, la economía crezca 9%, y el desempleo, por razones estructurales asociadas a la pandemia y no por insuficiencia de demanda, siga en 10%. La decisión correcta sería subir gradualmente las tasas para evitar alzas posteriores más costosas. ¿Qué ocurre, sin embargo, si llegamos a fin de año con menor inflación y alto desempleo? Algunos podrían proponer hacer una acusación por subir tasas cuando el desempleo es aún 10% y la inflación está controlada. Que la inflación no suba puede ser precisamente por la anticipación correcta de la política monetaria. Sin embargo, la amenaza de una acusación y la mezcla de objetivos puede llevar a malas decisiones de política con altos costos en inflación y empleo posteriores.
Por lo anterior, agregar un objetivo de empleo en conjunto con la posibilidad de una acusación constitucional es una mala idea.
