Por Janice Seinfeld[1]
El Perú está atravesando un contexto especialmente complicado. La pandemia está en su peor momento, con picos diarios de más de 400 fallecidos confirmados por COVID-19, un proceso de vacunación que avanza muy lentamente y un escenario político tremendamente polarizado.
La segunda vuelta electoral presidencial se disputará entre Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) este 6 de junio. Sin embargo, en la primera vuelta —donde 18 partidos políticos tentaban la Presidencia—, los dos candidatos ganadores alcanzaron poco más del 20% de los votos emitidos. Dada esta dispersión, el próximo Gobierno será inevitablemente débil y deberá ver cómo trabajar con un Congreso de la República muy fragmentado.
¿Qué proponen los candidatos en términos económicos? Empecemos por decir que ambos ponen el énfasis en las enormes desigualdades sociales. Pese al crecimiento económico de las últimas décadas, millones de personas siguen sin sentir los beneficios de ese progreso. Hay sin duda un tema real a resolver. Tanto Castillo como Fujimori se refieren, también, a la urgencia de aumentar la base de contribuyentes y que todos cumplan con sus responsabilidades tributarias. La gran diferencia está en cómo conciben el rol del Estado.
Fujimori defiende el actual Estado regulador y pro mercado, aunque reconoce que son impostergables el cierre de brechas e implementar ajustes que permitan avanzar en dotación de servicios públicos de calidad. Un crecimiento económico con rostro social donde el Estado cumpla sus obligaciones, a la vez que crea más oportunidades al empleo productivo y de calidad. Continuar su rol regulador, estimular la competencia y favorecer la formalización de las pequeñas empresas.
Por su parte, Castillo plantea un Estado empresario. Cambiar la Constitución de 1993 —aunque no precisa cuáles serían estas nuevas reglas de juego—, nacionalizar los recursos naturales y revisar las concesiones y privatizaciones de las últimas décadas, así como los tratados de libre comercio firmados por el Perú. Son propuestas cuyo autor, Vladimir Cerrón, define como de una izquierda marxista-leninista. Cerrón, exgobernador de la región Junín, es la otra cabeza visible del partido, pero está impedido de ejercer cualquier cargo público porque ha sido condenado por actos de corrupción.
Una omisión común es que ni Castillo ni Fujimori se refieren al proceso de descentralización fallido con el que lidiamos y que, por no haberse concretado adecuadamente, no acerca el Estado a la ciudadanía. Los Gobiernos subnacionales carecen de las capacidades para prestar servicios de calidad, pese a contar con recursos disponibles. Ninguna propuesta será viable si no ataja estos enormes problemas de gestión y los dota de transparencia para combatir la corrupción sistémica que hay en el Estado peruano.
¿Cuánto costaría aplicar todas las propuestas que plantean los candidatos? En Videnza Consultores decidimos evaluar el costo fiscal de los planes de gobierno presentados al Jurado Nacional de Elecciones; es decir, el gasto adicional que implicarían las medidas planteadas en dichos planes respecto al gasto fiscal actual. Para definir la razonabilidad de estas demandas adicionales de gasto, determinamos que un nivel de 2% del PBI (equivalente a 15,000 millones de soles) sería consistente con la sostenibilidad de las cuentas públicas según los escenarios fiscales proyectados por el Ministerio de Economía y Finanzas en su último informe preelectoral.
El partido con los mayores costos fiscales adicionales a lo ya presupuestado resultó ser Perú Libre, con 123,780 millones de soles (16.5% del PBI). Este costo fiscal representa más de la mitad del gasto público asignado para el presente año (68,5%). En cuanto a Fuerza Popular, el costo fiscal resultó de 39,408 millones de soles (5.3% del PBI).
Sin embargo, antes de plantear agrandar el Estado, se debe mejorar el que ya tenemos y asegurar que efectivamente preste servicios de calidad. En el 2007, uno de los pensadores y académicos más importantes del Perú, el antropólogo y sociólogo Julio Cotler, dijo: “No existe economía competitiva si no hay un Estado capaz de forzar la redistribución; si no hay un Estado capaz de regular el mercado y de redistribuir. Si no existe esto, lo único que vamos a tener cada vez más es mayor crecimiento económico, mayor acumulación de riqueza, y mayores conflictos. No existe la más mínima duda que, si es que seguimos en este ritmo, (Ollanta) Humala va a ser, dentro de pocos años, un conservador moderado frente a un (Robert) Huaynalaya que va a querer quemar el país”. Huaynalaya fue un dirigente del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), que en el 2004 lideró violentos enfrentamientos en una protesta de maestros. Humala perdió la segunda vuelta electoral del 2006 por el temor que despertaron algunas ideas estatistas, pero con un discurso más moderado fue elegido presidente de la República cinco años después (2011-2016). Pedro Castillo es maestro, dirigente sindical y en el 2017 lideró una huelga que paralizó por 55 días las clases escolares públicas en todo el país. No debe asombrar, entonces, que hoy encabece las preferencias electorales en localidades históricamente desatendidas por el Estado.
El Perú atraviesa una profunda crisis económica, política, institucional y social que demanda reformas estructurales, pero aplicadas con responsabilidad y sobre la base de evidencia, no de propuestas que agraven la división social sin plantear objetivos comunes.
[1] Directora Ejecutiva, Videnza Consultores