Los resultados de las elecciones generales en el Perú, ha sorprendido a más de uno. Hasta el 15 de marzo, Pedro Castillo Terrones, profesor, rondero, dirigente sindical y político peruano de ultra izquierda (vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso), no aparecía en las encuestas[1]. Sin embargo, el 11 de abril, tras una escalada geométrica en las últimas semanas, lideró el voto popular haciéndose, hasta el momento con el 19% del total de votos[2]. De acuerdo a la Constitución Política, al no haber obtenido el 50% mas 1 de los votos deberá realizarse una segunda vuelta electoral, en la que su contendora será Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) y quien llega por tercera vez a un balotaje electoral.
No es la primera vez que un candidato aparece días antes de las elecciones y logra pasar a segunda vuelta. En 1990, un mes antes de las elecciones, Alberto Fujimori tampoco aparecía en las encuestas. Formaba parte del grupo “otros” y sin embargo paso a segunda vuelta y logro derrotar a Mario Vargas Llosa.
Este artículo analiza una causa primordial de estos resultados: el descontento de los electores refleja que el crecimiento económico peruano ocurrió a pesar del fracaso del Estado.
El Perú ha logrado reducir la pobreza monetaria de 54% en el 2004 a 20.2% en el 2019 (ENAHO). La línea de la pobreza en el 2019 se estableció en S/.352 (US$100) per cápita mensual. El 85% de esa reducción de pobreza se atribuye al crecimiento económico. Sin embargo, cuando llegaba Covid-19, 73% de la Población Económicamente Activa aún se situaba en el sector informal (INEI 2019).
Un primer problema es la limitada capacidad de gestión pública en todos los niveles de gobierno, que incluye debilidades en los procesos de planeamiento, presupuesto, inversión y compras públicas, así como en la gestión de los recursos humanos y monitoreo del gasto público, lleva a que la brecha en infraestructura para el periodo 2016-2025 haya sido estimada, en US$ 159.549 millones[3].
El Perú ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, tanto en términos económicos como en términos sanitarios. Durante el primer semestre del 2020, la economía sufrió un descenso del PBI de 17.4 %, al implantarse en el país una estricta cuarentena a nivel nacional. Como resultado, los hogares peruanos experimentaron una de las mayores pérdidas de empleo e ingresos de toda América Latina, con una disminución del empleo a nivel nacional de un 40% en el segundo trimestre, siendo los más afectados los trabajadores jóvenes y las mujeres. EL 2020 cerró con una disminución del PBI de 11.1% (BCR). La disminución del ingreso en el bolsillo de los ciudadanos sumado a la falta de respuesta del Estado (lentitud en adquisición de vacunas, nuevas cuarentenas, falta de plantas de oxígeno y camas UCI) ha hecho aún más evidente la incapacidad del Estado peruano. Si los intereses de los ciudadanos no son adecuadamente canalizados se pone en riesgo la gobernabilidad del país.
Un segundo problema es la percepción de corrupción, lo que ha debilitado seriamente la confianza de los ciudadanos en el Estado, los funcionarios públicos, los políticos y el sector empresarial. Como consecuencia de ello, de cada 100 ciudadanos, 84 considera que los jueces son corruptos o altamente corruptos. En el caso de los políticos, fiscales y funcionarios públicos son 82, 82 y 79 de cada 100 ciudadanos, respectivamente (Ipsos, 2018).
Un estudio de la Defensoría del Pueblo encontró que se pierden aproximadamente S/.12,600 millones anuales por actos de corrupción, lo que representaba el 10% del presupuesto nacional de ese año.[4] La corrupción afecta en mayor medida a las poblaciones de los segmentos D y E en la medida en que son estas poblaciones las que dependen del Estado para poder acceder a servicios básicos como salud y educación, por ello es importante señalar que mientras el Perú pierde S/.12,600 millones anuales por actos de corrupción, el presupuesto del sector salud para el año fiscal 2019 ascendió a S/. 18,217 millones. Un agravante de esto es que los casos de corrupción a todo nivel no disminuyeron pese a la pandemia COVID 19 que enfrentamos en la que muchos peruanos han perdido familiares por falta de algo tan básico como el oxígeno.
Pero el descontento de la población no se limita al gobierno. De cada 100 ciudadanos, 71 considera que el sector empresarial es corrupto o altamente corrupto (Ipsos 2018). Y a esta percepción contribuyó el escándalo del caso Lava Jato en América Latina, y en particular en el Perú con el Club de la Construcción, donde las empresas constructoras se coludían en los concursos públicos de tal manera que todas obtenían un pedazo de la torta. sobrevalorando las inversiones que finalmente serían pagadas por los ciudadanos como en el caso de los peajes, pasajes de metro, entre otros.
El Perú enfrenta el desgaste de un contrato social que no incluye al sector extralegal ni al rural y que por ello está en constante deterioro. Los partidos políticos no han logrado representar efectivamente los intereses de los sectores sociales. Ello se ve reflejado en la alta conflictividad social que enfrenta el país: Durante el gobierno de Ollanta Humala (2011 – 2016) hubo 90 personas fallecidas y 2,367 heridos como consecuencia de conflictos sociales. En Julio 2016, al asumir la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski heredó 208 conflictos sociales. 71% de ellos vinculados a la industria extractiva. Pero no exclusivamente. En diciembre 2020, la Defensoría del Pueblo registro 197 conflictos sociales, 74.1% de los cuales se encontraban activos y 25.9% latentes. 123 casos (el 62.4%) presentaron al menos un hecho de violencia desde que iniciaron y 52 conflictos pasaron a etapa de diálogo después de un hecho de violencia[5].
El Perú ha enfrentado en los últimos años conflictos sociales como consecuencia del establecimiento de un peaje en zona urbana, por la política educativa al diseñarse un currículo que entre otros enfoques consideraba el de equidad de género en el sector educación, la sobreproducción de papa, y recientemente por la derogación del régimen laboral agrario y por la anulación de multas de tránsito a los transportistas además de la eliminación del impuesto selectivo al consumo a los combustibles. Existe una tensión permanente entre distintos intereses y el Perú no ha logrado encontrar mecanismos inclusivos que permitan que todos los sectores participen en la toma de decisiones sobre políticas públicas.
El sector informal, en particular, representa un gran desafío, dado que al estar en la extra legalidad no tiene mecanismos para canalizar sus intereses, lo que le impide influir en el contrato social. Así, recurre a otros mecanismos como el uso de la violencia para lograr la atención del Estado y obligarlo a sentarse a negociar sobre la base de demandas, que en muchos casos no solo no lograrán el objetivo deseado, sino que el Estado no tiene la capacidad de cumplir. La falta de acuerdos hace que la sociedad regrese a la situación previa a la del contrato social: la violencia para sobrevivir.
Lima, la capital, concentra el 29.7% de la población total del país. El Perú es un país centralizado que, si bien llevó a cabo un proceso de descentralización en el año 2004, no ha logrado efectivamente acercar el Estado a los ciudadanos. Por el contrario, uno de los efectos de la descentralización es el aumento de los costos de transacción, al haberse facultado a los gobiernos locales a imponer tasas por servicios, aumentando la burocratización del estado. Un segundo impacto negativo sería el aumento de los casos de corrupción y la falta de ejecución del gasto público. Pese a que el Perú es un país de ingreso medio alto (PBI 2019 US$230,846 millones) la mala calidad de servicios de salud, educación y de la infraestructura no lo reflejan. Existe un divorcio entre la ortodoxia economía del Perú y sus reservas fiscales y las pequeñas economías de millones de peruanos
La descentralización política a través de gobiernos regionales en vez de dinamizar la inversión pública y el alcance del Estado, ha servido de plataforma para que funcionarios públicos asalten las arcas del Estado: a la fecha existen 17 ex gobernadores regionales presos, sentenciados o con procesos judiciales[6]. Y a un alto nivel, todos los presidentes de los últimos 20 años han enfrentado juicios o detenciones por serios indicios de corrupción.
De acuerdo con cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, el presupuesto para el año 2020 ascendió a S/. 177,368 millones. De estos, el presupuesto institucional modificado para los Gobiernos subnacionales fue de S/ 83,175 millones. De ese monto, el 51.5% de fue destinado directamente a los gobiernos locales. Sin embargo, al 8 de diciembre del 2020, los gobiernos locales solo habían ejecutado el 49.1% de su presupuesto. Para el mismo periodo la ejecución del gasto público del gobierno central solo llegaba al 76%.
La baja capacidad de gestión pública se traduce en el descontento ciudadano por la falta de acceso a servicios e infraestructura de calidad. Durante el periodo 2004-2019, los gobiernos locales recibieron más de 30,000 millones por canon y regalías mineras. De acuerdo con la legislación peruana, estas transferencias deben ser invertidas exclusivamente en infraestructura. Es por ello que se considera que estas transferencias deberían tener un impacto positivo en el bienestar de la población y el desarrollo económico. Sin embargo, los estudios sobre el impacto del canon y las regalías no han encontrado que estos hayan sido usado de manera eficiente[7] [8] [9].
En las elecciones presidenciales del 11 de abril, Pedro Castillo fue el candidato más votado en las regiones con mayor producción minera como Cusco, Cajamarca, Arequipa, Moquegua, Tacna, Áncash, Apurímac y Junín. Aquellas que por ley reciben mas canon del estado, son precisamente las que mas eligieron a un candidato que quiere nacionalizar los recursos naturales y expulsar del país a las transnacionales. Solo en el 2020 estas regiones recibieron S/. 2,260 millones por transferencia de canon, regalías y derechos de vigencia generados por la actividad minera.[10]
Y sin embargo, la estabilidad macroeconómica del país ha sido manejada como en un país de primer mundo. Es por ello que cuando comenzó la pandemia el Perú estaba en mucha mejor situación que sus pares latinoamericanos para enfrentarla. Pero los resultados muestran que fallamos en la gestión. El BCR y el MEF son islas de excelencia, por donde pasaron e hicieron carrera los mejores economistas, y que el país ha decidido proteger y blindar de cualquier intervención. Estas dos instituciones son la excepción, sin embargo. En contraste, los ministerios de infraestructura han sido entregados a personas del entorno cercano del presidente, y no han estado libre de denuncias de corrupción. El Perú es un país de antis. Y como sostiene Carlos Meléndez, en la primera vuelta los peruanos votan y en la segunda vetan. Es por ello, que, desde la elección presidencial del 2006, los candidatos que pasaron a la segunda vuelta debieron pactar con el antifujimorismo, corriente de amplia mayoría, para lograr ganar la elección y mantener niveles de aprobación que les permitiera gobernar. Para ello cedieron los ministerios sociales a la centro izquierda, desde donde se repartieron consultorías. Todo ello llevo a que estos ministerios no se profesionalizaran: a ellos no llegaron los mejores como en el caso del BCR y el MEF. Esto de alguna manera explica su baja capacidad de gestión pública, que a la vez explica la insatisfacción de los ciudadanos con el sistema.
El descontento ciudadano con un Estado incapaz y poco eficiente, con una clase política que no logra representar sus intereses y un sector empresarial al que consideran basado en privilegios y prebendas, hace que los resultados económicos de los últimos 20 años no importen. Para los peruanos excluidos y sin acceso a oportunidades, el desarrollo no ha llegado. Poco importa lo mucho que se ha avanzado, porque nadie se tomó el trabajo de explicarles que el desarrollo no se logra de un día para otro. Tampoco se tomaron el trabajo de escucharlos y priorizar sus necesidades. Los ciudadanos despertaron y quieren un cambio y el Perú enfrenta hoy el riesgo de que todo lo avanzado se pierda. Las próximas semanas y hasta el 6 de junio el país vivirá una incertidumbre y polarización social y política que hará que la economía se contraiga aún más.
[1] Ipsos Intención de voto y situación política – Marzo 2021 https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2021-03/situacion_politica.pdf
[2] Resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de las elecciones generales del domingo 11 de abril, al 100% de actas procesadas y al 98.62% de contabilizadas.
[3] “Un plan para salir de la pobreza: Plan Nacional de Infraestructura 2016-2025” Escuela de Gestión Publica de la Universidad del Pacifico. Financiado por AFIN https://lampadia.com/assets/uploads_documentos/02ffe-afin-estudio-plan-nacional-de-infraestructura-2016-2025-documento-politica-de-financiamiento.pdf
[4] Defensoría del Pueblo, 2017, “Radiografía de la Corrupción en el Perú.” Reporte de corrupción N°1 Mayo, 2017
[5] Defensoría del Pueblo, “Reporte Mensual de Conflictos Sociales N° 202 Diciembre 2020” https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1547649/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-202-diciembre-2020.pdf.pdf
[6] https://gestion.pe/fotogalerias/estos-son-los-exgobernadores-regionales-sentenciados-procesados-o-bajo-investigacion-en-peru-noticia/
[7] Loayza, Norman y Jamele Rigolini “The Local Impact of Mining on Poverty and Inequality: Evidence from the Commodity Boom in Peru” Working Paper No. 33, March 2015
[8] Neyra, Gonzalo. “Determinación de las necesidades de gasto fiscal en el nivel regional”. Cies. Lima, Perú. 2010
[9] Herrera, Pedro. “¿Quitarle a los ricos para darle a los pobres? Un propuesta de re-distribución de los recursos del canon y regalías mineras a nivel municipal”. Documento de Trabajo 268. Departamento de Economía, Pontificia Universidad Católica del Perú. 2008
[10] https://elcomercio.pe/economia/como-usan-las-regiones-en-que-gano-pedro-castillo-los-recursos-que-reciben-de-las-mineras-canon-regalias-noticia/?ref=ecr
