Pocas veces como hoy, el Perú ha debido enfrentar una coyuntura tan compleja y desafiante como la que le corresponderá gestionar a quien elijamos en el proceso electoral que, en primera ronda, celebraremos este domingo. No solamente se trata de remontar el legado de una crisis sanitaria que, lejos de aliviarse, exhibe un segundo pico de contagios con un sistema hospitalario al borde del colapso y retrasos en el suministro de vacunas. A ello hay que sumar el otro gran desafío, el de la recuperación económica, en momentos en que la actividad productiva viene acusando una notable ralentización, condicionada por las medidas de aislamiento impuestas para combatir la segunda ola de la pandemia.
El tercer desafío guarda relación con el manejo del espacio político en el que deberá moverse la próxima administración, considerando especialmente el entorno de creciente polarización y fragmentación que en el pasado inmediato gatilló una crisis de alcances sistémicos cuya reedición no puede descartarse. Lo mismo es cierto de la proliferación de propuestas populistas que desde el Congreso han venido amenazando la estabilidad macroeconómica construida a lo largo de las últimas décadas. Del discurso público promovido por los distintos candidatos en este proceso se da por descontado de que esas mismas tendencias marquen la pauta del quehacer parlamentario próximo, con el agravante de que seguramente veamos una aún mayor fragmentación de la representación política.
De como maneje en simultáneo estos tres desafíos el próximo gobierno dependerá que retomemos la senda del crecimiento sostenido, revirtiendo el aumento en los índices de pobreza, fortaleciendo nuestras instituciones y creando las condiciones que faciliten la consolidación de la gobernabilidad democrática en el país.
I) El Control de la Pandemia
Al próximo presidente le tocará lidiar con las inclemencias de la segunda oleada COVID y su espiral de crecientes contagios y mortandad. La información actualizada muestra un repunte importante en el número de casos confirmados como el de decesos, los mismos que superan los niveles alcanzados en el pico de la primera ola el año pasado. Cuando tomamos las cifras correspondientes al exceso de decesos, el panorama resulta aún más desolador, con el Perú liderando la tabla mundial. Si bien las proyecciones del Ministerio de Salud indicarían que estamos frente a la cresta de la segunda ola, es imposible saber si en estas circunstancias ya hemos alcanzado el pico esperado o si debemos prepararnos para un deterioro aún más pronunciado de la crisis sanitaria.
Fuente: Diario Gestión 7/4/2020
Fuente: Financial Times 6/4/2020
La falta de previsión e improvisación en la preparación logística para enfrentar lo que en su momento se anticipaba como segunda ola de la pandemia, resultan lamentables. En ese sentido, la escasez de oxigeno y la falta de camas UCIs en los hospitales se hubieran podido evitar si el gobierno (el de Vizcarra y el actual) hubiera actuado con la diligencia y el sentido de urgencia que las circunstancias exigían. No solamente no se hicieron las gestiones para asegurar el mayor suministro de oxigeno, sino que se insistió en suscribir convenios con proveedores que no tenían ninguna experiencia demostrada que garantizara su capacidad para cumplir con los compromisos asumidos (caso de los equipos encargados a la UNI).
En estas circunstancias la principal preocupación de la próxima gestión gubernamental deberá centrarse en acelerar el proceso de vacunación, frente en el que el Perú se muestra especialmente rezagado, inclusive para los pobres estándares regionales. Recordemos que hace apenas cuatro meses el gobierno hablaba de completar la inmunización de los miembros de mesa que participarían el proceso electoral de abril, además de tener al personal de primera línea y los adultos mayores protegidos, algo que evidentemente no se ha cumplido.
Como se sabe, la vacunación ha encontrado múltiples tropiezos a causas de los problemas logísticos y de gestión, así como la deficiente planificación desarrollada, y el cuestionable manejo político en provecho de grupos que no debieron beneficiarse. A ello hay que sumar los cuestionables acuerdos suscritos por el MINSA con distintos colegios profesionales, que no han hecho sino desacreditar y deslegitimar la gestión del proceso de vacunación aun más. Al 24 de marzo, se registraban poco menos de 500 mil personas vacunadas (https://andina.pe/agencia/noticia-nearly-half-a-million-people-vaccinated-in-peru-so-far-838501.aspx), o menos del 2% de la población del país, con una enorme dispersión por regiones.
Para revertir esta situación, el nuevo gobierno deberá elaborar un programa de vacunación que, superando la fragmentación que caracteriza el sistema de salud público nacional, a través del uso de criterios objetivos, simples y transparentes, ordene y priorice el proceso. Si bien nuestro país ha desarrollado experiencias exitosas de vacunación masiva en el pasado, las complejidades de la vacuna COVID entrañan desafíos extremos que ameritan abordajes distintos. En ese sentido, la colaboración del sector privado, aportando su importante cadena logística, recursos profesionales y presencia en los lugares más apartados del país, puede resultar decisiva para el éxito de la campaña de vacunación.
Ya las empresas privadas han venido desarrollando distintas iniciativas para apoyar los esfuerzos públicos de lucha contra la pandemia, a través de la entrega de plantas e importación masiva de oxigeno, para no referirnos a la donación de pruebas y equipos de seguridad. La administración del Presidente Sagasti ha entendido el importante papel complementario que los privados pueden jugar en este esfuerzo, y ha mostrado su mejor disposición para sumar esfuerzos. Mal haría el próximo gobierno en desandar lo avanzado y emular la actitud arrogante y displicente que caracterizó la gestión de la ministra Mazzetti en el MINSA, con los resultados nefastos que hoy conocemos.
Más allá de las consideraciones logísticas y las mejoras en la gestión de procesos que deberán ser abordadas por el próximo gobierno, lo más importante es revertir la inercia negativa que viene marcando la llegada de las vacunas, y cerrar los acuerdos pendientes. Según datos proporcionados por el Canciller Wagner en su última presentación ante el Congreso, hasta ahora el país habría asegurado ya suficientes dosis para vacunar a 27 millones de personas, con los acuerdos suscritos con Sinopharm, Pfizer, Covac Facility, y AstraZeneca (7/4/21). De igual forma, se estarían negociando acuerdos con Gamaleya, Butantan, Johnson & Johnson, Moderna y Sinopharm para incorporar vacunas adicionales.
No solo resultará fundamental para la estrategia de lucha contra la pandemia que el próximo gobierno culmine con éxito las negociaciones pendientes, sino que, más importante aun, será agilizar el envío de los lotes ya contratados. Para ello resulta indispensable acelerar el proceso de autorizaciones sanitarias a cargo de DIGEMID, principal obstáculo en este momento para la llegada de las vacunas. Un paso que podría tomarse de manera inmediata es reconocer de forma automática las acreditaciones emitidas por países que cuentan con autoridades sanitarias de reconocida solvencia (por ejemplo, la UE, EE. UU., Canadá, Australia, Corea).
En tanto no lleguen las vacunas, el próximo gobierno deberá actuar con un alto sentido de urgencia en la preparación logística para una eventual tercera ola. Para ello se podría aprovechar la remisión de la pandemia en otras latitudes a fin de comprar las plantas de oxigeno y avanzar la suscripción de contratos de contingencia para la importación de oxigeno. Con ese fin, debiera ser igualmente prioritario asegurar la disponibilidad de los isotanques que escasearon en esta segunda ola de la pandemia. Lo mismo es cierto de los respiradores mecánicos para incrementar la disponibilidad de camas de emergencia.
II) La Reactivación Económica
Como ha sido ampliamente comentado, el Perú es uno de los países que más duramente acusó los impactos económicos de la pandemia, registrando en el 2020 un crecimiento negativo de 11%, explicado en buena medida por la caída de la inversión (-17%) y una contracción del consumo privado (-9%). El gobierno usó buena parte de la capacidad fiscal que disponía para paliar los efectos de la crisis en los ingresos, lo que resultó en un déficit de casi 9%, financiado en buena medida por el incremento de deuda pública, la misma que creció hasta alcanzar 35% de nuestro PBI. En ese escenario, el empleo formal sufrió un durísimo embate (retracción de casi 9 puntos) y la pobreza aumentó considerablemente (27% de la población).
De allí el gran desafío que la reactivación representa para el próximo gobierno. La consecución de dicho objetivo no está únicamente supeditada a los esfuerzos que se despliegue en el frente económico, sino también dependerá de lo que ocurra en el ámbito sanitario, y más directamente, con la eventualidad de que nos puedan golpear una tercera y cuarta ola de la pandemia. Vale precisar que la economía peruana presentó un importante impulso en el tercer trimestre del año pasado, el mismo que se ralentizó durante el 4T20 y 1T21 debido al repunte de los contagios y las medidas de aislamiento impuestas para combatir la segunda ola.
La eventualidad de una exacerbación de la pandemia en el escenario de lenta vacunación podría terminar condicionando el curso de la recuperación que impulse la nueva administración. En ese contexto, resultará fundamental que el próximo gobierno se centre en lograr la recuperación de la inversión, especialmente la privada (83% de la inversión total). Para ello es vital recuperar la confianza de los inversionistas, golpeados por las perspectivas negativas de la pandemia, la irresponsabilidad legislativa del congreso y la incertidumbre de un proceso electoral profundamente marcado por la proliferación de propuestas populistas.
No en vano el indicador de riesgo país peruano está por encima de la de sus pares de la región, llegando a superar al de Chile por primera vez en 18 meses. Consistentemente con esas evaluaciones negativas, el tipo de cambio ha rozado máximos históricos (superando los S/3.75 por dólar), a pesar del amplio superávit comercial registrado, producto de las mejoras en nuestros términos de intercambio (BCRP, Informe Mensual 3/21).
Fuente: BCRP
Entre los principales proyectos de inversión privada que podrían rápidamente movilizarse tenemos la Linea 2 del Metro, con inversiones del orden de los $350-400 millones de dólares. A ello habría que sumar la ampliación del aeropuerto Jorge Chavez, con otros $250 millones, y las obras del Puerto de Chancay por otros $200 millones. En el ámbito minero hay que considerar la culminación de las obras de construcción de Quellaveco por $1,400 millones y la ampliación de Tormocho por otros $200 millones (Apoyo Consultoria, SAE). El sector minero tiene un “upside” con la posible puesta en marcha de Sulfuros Yanacocha (por una inversión total de $2,100 millones), así como el inicio de las obras para el proyecto Corani ($586 millones), hoy trabado por problemas administrativos vinculados al proceso de consulta previa, y Corani por $586 millones.
En el frente de la inversión pública, el nuevo gobierno contará con un importante viento de cola, producto de los mayores niveles de ejecución que se vienen registrando (sobre la base de una contracción de casi 20% en el 2020). Así, en el primer trimestre del año, la inversión pública habría crecido 14%, marcando un record histórico (El Peruano 1/4/21). El principal impulso corresponde a las intervenciones que financia la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y que ya ha transferido S/16,522 millones a las unidades ejecutoras encargas de las obras, al amparo del convenio de Gobierno-a-Gobierno suscrito con el Reino Unido (Bnamericas 5/4/21).
Otros importantes impulsos que deberá aprovechar la nueva administración guardan relación con la culminación de la Refinería de Talara por $730 millones, a lo que habría que agregar el inicio de labores para la puesta en marcha del aeropuerto internacional de Chinchero. Esto último en la medida que se supere la demanda de amparo presentada contra el proyecto por posible afectación del patrimonio cultural y arqueológico (El Comercio 22/3/21).
De igual modo, si el próximo gobierno logra impulsar la recuperación en la confianza de los consumidores (aun en territorio negativo), el uso de los ahorros privados de los sectores poblacionales altos en el sistema financiero podría contribuir a acelerar la recuperación, en la medida en que se oriente al consumo o la inversión inmobiliaria. Ello considerando que, debido a las restricciones al consumo propiciadas por las medidas de aislamiento social de la pandemia, el ahorro en el tercer trimestre del 2020 llegó a representar el 26.4% del PBI, el nivel más alto en los últimos 30 años (BCRP, Informe de Inflación 3/21).
Paralelamente a los esfuerzos que despliegue el próximo gobierno para impulsar la inversión y lograr que el excedente de ahorros se canalice al consumo, resultará fundamental controlar el déficit fiscal y evitar aumentar la deuda pública (todavía en niveles manejables), retomando en el mediano plazo una trayectoria fiscal más balanceada. Recordemos que buena parte del déficit del 2020 fue financiado con los recursos del fondo de estabilidad fiscal hoy ya agotados, por lo que la persistencia de déficits solo podrá sufragarse con más ingresos (impuestos) o mayor deuda. El incremento de la recaudación fiscal alcanzado gracias a las mejoras en los precios de nuestros minerales serán de gran ayuda, pero resultará insuficientes para atender las promesas electorales de los partidos políticos.
III) Fragmentación política y amenaza populista
El tercer gran desafío con el que tendrá que lidiar el nuevo Presidente es el de la fragmentación política y la creciente amenaza populista ha venido marcando la actuación del Congreso. Dado el panorama que se avizora a partir del próximo 28 de Julio, con una marcada balcanización de la representación política, el escenario en el que deberá moverse el próximo gobierno será uno de enorme precariedad y altos riesgos para la gobernanza del país. Desde esa perspectiva, el próximo gobierno deberá forjar alianzas que le permitan impulsar su programa de gobierno, en un entorno de polarización y dispersión política.
La gestión de Kuczynski y Vizcarra estuvo caracterizada por la persistencia de un espiral de enfrentamientos Ejecutivo-Legislativo, levantada sobre la base de un “gobierno dividido”, donde el partido de gobierno contaba con una minoritaria (o inexistente) representación parlamentaria que lo sostuviera. Dadas las características propias del sistema presidencialista peruano, que incluye elementos de control propios de un sistema parlamentario (voto de investidura, censura y mecanismo para activar la vacancia), en entornos de marcada polarización y fragmentación como el actual, la reedición de una crisis política como la del último año no puede descartarse.
Según los últimos sondeos, 12 partidos políticos podrían estar en condiciones de alcanzar el umbral mínimo de votos necesarios para asegurar su presencia en el Congreso. Si esto se confirmara, estaríamos frente a un record en materia de fragmentación parlamentaria, situación que se vería potenciada si consideramos las rupturas que las propias representaciones congresales experimentan durante su permanencia en el hemiciclo. Así, si nos atenemos a lo que ha sido la experiencia histórica reciente, no sería extraño que pudiéramos terminar con hasta 15 agrupaciones parlamentarias.
Elaboración propia
En ese sentido, el próximo gobierno deberá hilar fino para establecer las coaliciones que le permitan lograr la aprobación de sus principales iniciativas en el congreso. Esa tarea demandará importantes pericias en la articulación con grupos políticos antagónicos para alcanzar amplios acuerdos. Difícil imaginar que se puedan formar alianzas estables como las que posibilitaron la gobernanza durante el segundo belaundismo gracias a la adhesión del PPC, o la que apuntaló al gobierno de Toledo con la participación del FIM. De plano, es más probable que el próximo gobierno deba recurrir a acuerdos polivalentes y flexibles, dependiendo del tema que quiera impulsar.
El nuevo Presidente tendrá que lidiar además con un grupo de parlamentarios novicios, con menor experiencia política en cargos partidarios o de representación, que la de sus predecesores. En un contexto de precariedad institucional extrema como el peruano, con partidos débiles y de corta vida, los candidatos se reclutan fundamentalmente entre independientes con algún nivel de reconocimiento, la inmensa mayoría de ellos sin ningún tipo de experiencia política previa. Según un estudio realizado por Apoyo Consultoría, los candidatos de las diez listas con mayores posibilidades de llegar al Congreso, tienen en promedio menos de un año de experiencia en cargos elector o partidarios, lo cual con seguridad de traducirá en mayores problemas de coherencia y coordinación al interior de las bancadas, para no referirnos ya a la calidad de la producción legislativa.
Respecto a esto último, a la luz de la experiencia de los últimos meses de gestión legislativa y en atención a las propuestas electorales que se han venido barajando en campaña, hay razones fundadas para pensar que la impronta populista seguirá siendo determinante en el quehacer del próximo parlamento. Como se sabe, este Congreso ha impulsado una serie de medidas como el control de tasas de interés, la devolución de aportes pensionarios, introducción de rigideces en el mercado laboral, y diversas medidas sectoriales que amenazan el crecimiento de algunos de los sectores más dinámicos y productivos de nuestra.
Esa dinámica podría resultar problemática para la próxima administración en la medida que los distintos grupos de oposición representados en el Congreso logren los 87 votos necesarios para la aprobación de potenciales modificaciones constitucionales. La forzada renuncia de PPK primero y la vacancia de Vizcarra en noviembre marcan la pauta de lo que podría eventualmente resultar un escenario de alta vulnerabilidad para una próxima administración que con seguridad no alcance siquiera una pluralidad de los escaños en el próximo Congreso.
Quizás en ello radique el principal desafío que el próximo presidente enfrente: garantizar su supervivencia con un Congreso que le será adverso y posiblemente hostil.
