El plebiscito del 25 de octubre inauguró uno de los ciclos electorales más intensos y relevantes en la historia de Chile: un inédito proceso constituyente con las primeras elecciones de convencionales y gobernadores regionales, junto a la elección de quienes vayan a ocupar los cargos de cores, concejales, alcaldes, parlamentarios y de la Presidencia de la República, además de diversas primarias. Será el primer ciclo electoral después de la revuelta social de octubre de 2019 y tendrá lugar en un contexto de desconfianza institucional, distancia ciudadana respecto de todo el sistema político y una pandemia que impone desafíos adicionales.
El ciclo que se aproxima pone en juego no solo la renovación habitual de autoridades, sino la posibilidad de dotar de legitimidad a la nueva Constitución, reconectando a la ciudadanía con la democracia representativa y sus instituciones. De ahí la relevancia de organizar elecciones impecables en todas sus dimensiones y, especialmente, de promover una participación masiva e informada de la ciudadanía. El rol del Servicio Electoral (Servel) resultará fundamental para superar los múltiples desafíos que se aproximan. Preocupa, entonces, que la renovación de tres de sus cinco integrantes, incluida la de su actual presidente, se produzca en medio de este intenso ciclo electoral.
Para disminuir al máximo la posibilidad de incurrir en errores que mermen la confianza en las elecciones y sus resultados, parece aconsejable extender el plazo de los actuales consejeros, por lo menos hasta después de las elecciones del 11 de abril, si acaso no hasta concluido este ciclo electoral a mediados del 2022. Esta propuesta es meramente pragmática y solo busca mitigar los desafíos de corto plazo que enfrentará el Servel. Más allá de esta precaución coyuntural, y en lo que interesa al funcionamiento permanente de esa institución, es esencial revisar las normas y las prácticas relativas a la designación de consejeros y consejeras para contribuir a fortalecer la confianza en la democracia.
El actual marco que regula el funcionamiento de la política, incluyendo el propio rol y facultades del Servel, es fruto de las recomendaciones del Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, que en el 2015 planteara la necesidad de que el órgano a cargo de organizar elecciones tuviera la capacidad, como en otros países, de fiscalizar de manera efectiva el funcionamiento y financiamiento de la política y sus actores. De allí la necesidad de dotarlo de autonomía.
Sin embargo, la selección de quienes dirigen el órgano electoral continúa estando controlada por quienes deben someterse a su fiscalización: los partidos políticos. La renuncia a la militancia partidaria de quienes usualmente fungen de expertos electorales de un partido, unos días antes de ser nombrados como consejeros del Servel, no mitiga el evidente conflicto de interés que les afecta. La situación es aún más grave si consideramos que los nombramientos recaen sistemáticamente en personas cercanas o vinculadas solo a cinco partidos, en el contexto de un sistema multipartidista cada vez más fragmentado; y que las personas independientes, que representan hoy más del noventa por ciento de la población, quedan excluidas de este esquema cuando, para precaver eventuales conflictos de interés, son ellas el perfil ideal para integrar el Consejo del Servel.
Mejorar el proceso de nominación de quienes integren ese Consejo requiere aumentar los niveles de transparencia de ese proceso; realizar audiencias públicas efectivas, abiertas a la sociedad civil; y revisar prácticas informales, como el cuoteo partidario, no establecidas en la legislación. Además de la independencia de sus integrantes, el nuevo rol del Servel requiere revisar el perfil de sus consejeros, para incorporar personas expertas que puedan liderar las reformas que una administración electoral moderna requiere y los desafíos tecnológicos y de gestión a que estas dan lugar.
Continuar fortaleciendo la proactividad, innovación y eficacia de la institución, alinear su autonomía con los recursos y facultades necesarios para llevar a cabo su misión, promover una fiscalización efectiva del financiamiento de la política, es cierto, no son objeto exclusivo de reformas legales. Dicho eso, el proceso constituyente abre una oportunidad inigualable para una discusión de fondo y estructural respecto del rol de instituciones autónomas del Estado, como el Servel. De allí la necesidad de iniciar esta discusión.
El debate de estos días acerca de la reglamentación de la cuota de género, así como respecto de inscripciones e inhabilitaciones de diversas candidaturas, muchas de ellas independientes, anticipa los problemas de legitimidad que puede generar un Servel que no esté acorde a las necesidades de los tiempos. Aun cuando actúe con apego a la norma, en el contexto actual, contar con un Servel partidario y binominal arriesga minar la imprescindible legitimidad de procesos clave para el fortalecimiento de la democracia chilena. La Convención Constitucional podrá resolver algunos de los desafíos pendientes; otros, de alcance inmediato, deben ser atendidos con el mayor sentido de urgencia.
