Por Janice Seinfeld, Directora ejecutiva de Videnza Consultores
Cuando los peruanos pensamos que el Congreso de la República de turno es el peor que hemos visto y sufrido, llegan nuevos parlamentarios que nos hacen ver lo ingenuos que éramos. “Todo tiempo pasado fue mejor” es un refrán que, en los últimos años, revivimos permanentemente.
La emergencia nacional derivada de la pandemia COVID-19 nos ha hecho ver, sin anestencia, lo que por años no quisimos enfrentar: el penoso estado de nuestro sistema de salud público.
Este Congreso de la República, extraordinario porque asumió funciones en febrero y será reemplazado en julio del próximo año, también está mostrando particularidades en los descarados niveles de improvisación y populismo. Así, decidió aprovechar una madrugada, con las cámaras apagadas, para aprobar una ley que ordena el ascenso automático de los trabajadores del sector salud, nombramientos, cambios de grupo ocupacional y de línea de carrera para profesionales, técnicos, auxiliares asistenciales y personal administrativo. Esto pese a que el Parlamento no tiene iniciativa de gasto. Es decir, sus proyectos legislativos no pueden contener propuestas de creación ni aumento de gasto público. Esto le corresponde al Poder Ejecutivo, que cada año elabora el Presupuesto General de la República, herramienta que sirve para administrar económica y financieramente el Estado bajo criterios de eficiencia, necesidades sociales básicas y descentralización.
El nombramiento alcanza al personal que esté realizando labores permanentes en los diferentes establecimientos de salud, puestos y centros de salud, hospitales e institutos especializados, y pretende incorporarlos a la carrera pública. Será requisito que las plazas a ocupar estén aprobados en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional o el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) y en el Presupuesto Analítico de Personal (PAP).
La iniciativa se aplica a todo el personal que labora en los diversos subsectores del sector salud, ya sea el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, los Gobiernos regionales, EsSalud y otros profesionales de la salud que laboran en el sector público. Solo para dimensionar el impacto de este proyecto de ley, según la presidenta ejecutiva del EsSalud (el seguro social de salud peruano), implicaría que esta institución daba asumir un sobrecosto laboral de más de 1,100 millones de soles (USD 315 millones). Esto cuando, como consecuencia de la reducción de los ingresos y del incremento de los gastos por la pandemia, EsSalud cerrará el ejercicio 2020 con un déficit económico de más de 2,500 millones de soles (USD 715 millones).
En el Ministerio de Salud, permite cambios de grupo ocupacional y cambio de la línea de carrera (CLC), abriendo la puerta a demandas por nuevas plazas que deben ser financiadas, y el despoblamiento de otras. Las redes de salud más perjudicadas serán las más alejadas de los centros urbanos, en especial el primer nivel de atención.
Este proyecto de ley se aprobó sin seguir el proceso obligatorio de recibir opiniones de instituciones del Estado que serán inmediatamente impactadas por estas disposiciones. En consecuencia, es abiertamente inconstitucional. Pero lo que queda claro es que su propósito no es mejorar la salud de los peruanos, sino conseguir aplausos rápidos de la tribuna.
El Gobierno peruano tuvo una decidida actuación inicial frente al COVID-19, y la rapidez con la que decretó el estado de emergencia fue celebrada. Sin embargo, la falta de una estrategia clara y de un discurso consistente ha debilitado su liderazgo. El Banco Mundial ha pronosticado una contracción del PBI peruano de 12%, cuatro veces más que la caída promedio de todos los países del mundo (-3%) y 3.2 veces la caída promedio de los pares de Latinoamérica y el Caribe -3.7%). Se avecina una crisis muy severa. No podemos tener a un Congreso de la República que se empecina en empeorar lo que ya de por sí viene complicado.
