Después de más de tres meses del estallido social es importante analizar qué avances hemos tenido respecto de la compleja situación de finales de 2019.
El orden público, una de las mayores fuentes de incertidumbre para la economía, continúa siendo una preocupación. Los dos episodios de la PSU y los destrozos del viernes 24 de enero así lo muestran. La conflictividad ha bajado, por efecto de las vacaciones, pero varios analistas anticipan un marzo complejo. Lo más complejo es que un grupo importante de la ciudadanía acepta en forma explícita y/o tolera por su silencio estos hechos de violencia. ¿Esto se explica porque no ven un avance en la solución de los problemas que están detrás del descontento social? Es difícil tener la respuesta.
De todas maneras, es necesario ver qué se ha hecho para enfrentar los temas levantados por el malestar ciudadano. Sin desmerecer el cambio a la reforma tributaria que originalmente bajaba los ingresos fiscales para financiar bienes públicos, y hacía más regresivo nuestro sistema tributario, ni la conformación de una comisión que analizará un aumento de la carga tributaria y eliminación de exenciones tributarias innecesarias, es fundamental detenerse en el tema de pensiones, la preocupación principal de los chilenos, de acuerdo a las encuestas.
El proyecto corto de pensiones del año pasado logró un aumento inicial de las pensiones de quienes más lo requieren aumentando el Pilar Solidario. Para el primer grupo beneficiado implicó un incremento de 110 mil a 165 mil pesos en diciembre de 2019. Más allá, si debiéramos haber evitado la transición hasta 2022 para que el beneficio llegara a todos y así hubiera tenido un efecto mayor en la percepción de avance, es una medida que va en la dirección correcta. Aunque en términos fiscales tiene un impacto importante en las cuentas fiscales —1.000 millones de dólares en 2021—, es un cambio que, en la práctica, adelanta un beneficio que se había previsto para el futuro. Financiar este anticipo dada la situación de crisis que vivimos, con mayor deuda o gastando los fondos soberanos, es una decisión acertada.
La semana pasada el Ejecutivo envió indicaciones al proyecto largo de pensiones. Estamos hablando de una reforma estructural y, como tal, tiene mayor impacto económico. Solo para ponerlo en perspectiva, el aumento de 6% en las cotizaciones equivale a alrededor de 4.500 millones de dólares anuales, es decir, 1,2% de todo lo que Chile produce en un año. El Gobierno ha planteado que la mitad de esta cifra se destine en forma solidaria entre quienes tienen menos recursos (2.250 millones de dólares), que equivale a lo mismo que entregó el Pilar Solidario en 2019.
No pretendo abordar los posibles problemas técnicos del proyecto, por ejemplo, el potencial impacto en el mercado laboral, cómo y quién debe administrar el 6% adicional, qué tanta certeza jurídica de propiedad debe tener el 3% que se va a cada cuenta individual o cuánto y cómo se debe entregar el beneficio solidario (ya sea entre los cotizantes período a período y/o a los ya pensionados).
Lo que me interesa es destacar que el aumento de un 6% de las cotizaciones por parte del empleador, y la mitad a ser repartida en forma solidaria, es una modificación significativa en la forma de ver el sistema, mayor a la propuesta enviada en el gobierno anterior. Sería difícil entender que no pudiéramos cerrar este proyecto pronto. Es clave entregar una señal de que hemos entendido las urgencias de millones de chilenos y que estamos avanzando hacia un Chile más solidario.
