El Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución, alcanzado en la madrugada del viernes, permite ser optimistas respecto del futuro de Chile. Prácticamente, todo el espectro político concordó un proceso altamente democrático y participativo que definirá nuevas reglas del juego para nuestra sociedad. Al borde del precipicio afloró lo mejor de nuestra clase política.
En abril del año que viene votaremos en un plebiscito si queremos una nueva Constitución o no. Y en el muy probable escenario de que la mayoría se pronuncie por una nueva Constitución, en el mismo plebiscito elegiremos entre dos opciones para conformar la Convención que la redactará. Esta tendrá un año para cumplir su labor, la propuesta que entregue será refrendada en una votación con sufragio universal obligatorio.
El documento firmado este viernes plantea desafíos importantes. Uno de ellos es que el proceso constitucional permita alcanzar acuerdos amplios en temas complejos. Es interesante analizar en qué medida se incentiva que esto suceda.
Las constituciones abordan temas fundamentales de nuestra vida en común, buscando representar a una gran mayoría de los ciudadanos, no a la mitad más uno. Es por eso que el acuerdo alcanzado este viernes exige un quorum de dos tercios de los miembros de la Convención para cada norma que apruebe. Es común tener un quorum supramayoritario y dos tercios es una fracción dentro del rango habitual para este tipo de instancias. Sin embargo, la necesidad de representar a una gran mayoría abre la posibilidad de que una minoría de poco más de un tercio de los miembros de la Convención se atrinchere en sus posiciones y vete la posibilidad de llegar a consensos. En el peor de los escenarios, esta minoría podría variar de una norma a otra, de modo que sean muchos los temas relevantes que no se aborden en la Constitución.
La posición de Chile Vamos era que, en caso de no llegar a acuerdo, aplicaban las normas de la Constitución vigente. Evidentemente, esto le daba una ventaja a los partidos cercanos al Gobierno, ya que en cualquier tema donde convoquen más de un tercio de los miembros de la Convención podrían vetar un acuerdo y así lograr que siga vigente la Constitución actual. Esto explica por qué la oposición se negó a esta opción e insistió en el principio de una “hoja en blanco”. Esto significa que los temas donde no hay acuerdo no se incluyen en la Constitución y son decididos por simple mayoría, mediante proyectos de ley, en el Congreso. Esta fue la opción que finalmente se aprobó.
Puede argumentarse que la opción de “hoja en blanco” no es tan neutra como parece. En efecto, si un grupo espera ser mayoritario en el Congreso que elegiremos a fines de 2021, tendrá incentivos para no llegar a acuerdos en la Convención e imponer sus posiciones posteriormente, en el Congreso.
¿Es válido el argumento anterior? A continuación explico por qué está en manos de las organizaciones sociales, la sociedad civil, los partidos políticos y la Convención que no sea así.
Las reglas que se dará la Convención para su propio funcionamiento y la aprobación de normas serán claves. Es cierto que en última instancia se requerirá de dos tercios de los votos de sus miembros, pero hay mucho que se puede hacer para facilitar y obtener esa mayoría. Por ejemplo, tener varias rondas de votación y crear instancias de diálogo y negociación para temas específicos donde no hay acuerdo. En esas instancias debiera participar un grupo pequeño y representativo de los miembros de la Convención. También vale la pena considerar la posibilidad de que la Convención pueda aprobar paquetes de normas en una sola votación, de modo que cada uno ceda un poco en pos de un conjunto que le parece atractivo.
El rol de las organizaciones sociales y la sociedad civil, siguiendo día a día el trabajo de la Convención, también puede promover los acuerdos. Crear observatorios que sigan de cerca las sesiones de las distintas comisiones en que se organice la Convención será importante. Aun si todo se hace bien, es probable que vivamos varias situaciones similares a las del jueves en la noche y madrugada del viernes de esta semana durante el año que sesione la Convención.
Un argumento final es notar que, en tiempos líquidos como los que estamos viviendo, nadie puede anticipar tener una mayoría en el Congreso de 2021. El rechazo a la clase política es transversal y no es casual que los líderes políticos brillaran por su ausencia en la masiva manifestación del 25 de octubre. También, es probable que volvamos al voto obligatorio, de modo que existirá mucha incertidumbre respecto de cómo votará un gran número de electores que no ha participado en mucho tiempo. La situación se asemeja al “velo de ignorancia” de Rawls, donde nadie sabe si será parte de la mayoría o minoría en el Congreso que se elegirá en 2021, lo que hace atractivo llegar a acuerdos en la Convención. Más aún, quienes hoy teman quedar en minoría, tienen dos años para adaptarse a los nuevos tiempos. El presidente de RN tiene claro este desafío. Sus contrapartes en algunos de los partidos restantes, en cambio, parecieran no entenderlo.
