Salir a las calles.
Las expresiones de descontento en las calles de tantos países latinoamericanos se iniciaron por coyunturas que desataron cadenas de reclamos de la ciudadanía asociadas en muchas medidas a problemas de exclusión, desigualdades de oportunidades y corrupción. En ocasiones estas marchas fueron disparadas por escándalos de corrupción como el caso de Haití por fondos de Petrocaribe, o de Bogotá con el manejo al parecer inadecuado de recursos de una universidad pública, o de posible fraude electoral en Bolivia. En otras ocasiones, estos reclamos iniciaron por cambios en tarifas de gasolina (eliminación de subsidios en Ecuador) o aumentos en tarifas de transporte público (Chile). Una vez iniciadas las convocatorias a marchar en las calles, la ciudadanía comenzó a agregar a la lista de quejas, otros componentes de los problemas de exclusión y desigualdades. Incluso en el caso de los reclamos en las calles en Argentina se agregaron rápidamente problemas de seguridad alimentaria, devaluación del peso y la alta inflación.
En últimas, lo que se percibe es un generalizado descontento de fracciones de la población que perciben a un estado de bienestar que excluye, que beneficia de manera diferenciada a los centros y periferias de las ciudades o entre regiones de los países latinoamericanos, o un estado en el que la corrupción se ha enquistado, generando indignación en muchos sectores de la población que no ven que los promedios de reducción de pobreza o los progresos que saltan a la vista en ciertos sectores de las ciudades capitales estén llegando a ellos. Ya en otra entrada de este foro había discutido porqué la desigualdad se había convertido en ese elefante en la sala de la casa que no podíamos ignorar al momento de discutir el problema de los modelos de desarrollo de la región.
Muy rápidamente se unen a estas causas reclamos sobre el modelo de desarrollo que se propone para una buena parte de la región. Estos reclamos en las calles se conectan con rapidez a reclamos sobre los riesgos sociales y ambientales de las industrias extractivas, o a modelos de expansión de la agroindustria que pueden amenazar la conservación del capital natural. El caso más saliente es el de la Amazonía, pero se presenta de igual manera en los ecosistemas de altura (e.g. páramos) en toda la región Andina desde donde nacen buena parte de las cuencas que proveen el agua para el consumo humano de las mayorías de los países Andinos.
Si bien muchas de estas movilizaciones se derivan de problemáticas urbanas, están agregando reclamos sobre el modelo de desarrollo en general y rápidamente se conectan con los mundos rurales y periurbanos en donde las dinámicas de urbanización y apropiación de recursos naturales para las ciudades en términos de energía, agua y alimentación, terminan conectando lo urbano y lo rural de múltiples maneras y generando tensiones asociadas a las diferencias entre centros y periferias que ya mencioné.
Lo colectivo en América Latina.
Mientras tanto, y durante siglos de adaptación al cambio cultural y económico de la región, millones de comunidades, principalmente rurales, han luchado por encontrar otros modelos de desarrollo local que se resiste a permitir en sus territorios que actividades intensas en extracción del capital natural amenacen con la integridad cultural y biológica de sus territorios. Para ser mas claros, el 22.5% del área de todas las Américas se encuentra bajo un sistema de propiedad y ocupación colectiva del territorio, y gobernado de algún modo desde sistemas de autogobernanza comunitaria asociada a grupos indígenas, afrodescendientes y ancestrales en general. La siguiente tabla y mapa resumen la distribución de estas tierras colectivas y dan cuenta de la relevancia, no menor, de estas formas de ocupación de la tierra en el continente.
Asociado a este proceso de legitimación de la ocupación ancestral de los territorios se vino construyendo a nivel internacional un proceso que en 1957 se consolidó con la ratificación de la Convención 107 de los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Mundial del Trabajo. Posteriormente, en la Convención 169 en 1989 se reforzó en la nueva convención el derecho de los pueblos indígenas para la autodeterminación dentro de las naciones-estado y el derecho a establecer los estándares de bienestar económico, cultural y político que los gobiernos debían establecer para sus territorios. Si se ratifica dicha convención, ésta se convierte para dicho país en ley con carácter vinculante. En el mapa y tabla también pueden observar que hay una cantidad sustancial de los países que han ratificado. De hecho, de los 23 países en el mundo que han ratificado la Convención 169, 16 de ellos se encuentran en Centro y Sur América, dada la relevancia de los pueblos indígenas en términos de ocupación territorial y de población.
Estos pueblos indígenas y ancestrales han venido luchando construir modelos alternativos de ocupación de las tierras, de aprovechamiento del capital natural con sistemas de extracción y conservación de recursos de diversas índoles y con un claro sesgo hacia operaciones de pequeña escala y de mayor diversidad en términos de las actividades productivas que lo observado en los emprendimientos de gran escala minera, agrícola o ganadera que se presentan en grandes territorios rurales de las Américas.
Derivado de estos modelos, pero también de unas luchas culturales por el derecho a la autodeterminación, ha germinado en el discurso desde estos grupos la idea de un modelo alternativo de desarrollo denominado del “Buen Vivir” (sumak kawsay). No creo que aún exista un consenso sobre el cual todas estas voces converjan acerca de ciertos elementos esenciales al momento de construirlo como modelo de desarrollo. Por ejemplo, existen disputas o diferencias de cuánta actividad minera cabe dentro del modelo, o cuál puede ser el papel de la propiedad privada de la tierra, o el acceso a los mercados locales o internacionales como mecanismos de promoción de bienestar económico.
Sin embargo, el concepto y los movimientos políticos que lo vienen acogiendo, han alcanzado niveles de relevancia política que se acercan a estas protestas sociales que siguen apareciendo en la región. Incluso cambios constitucionales en países como Ecuador o Bolivia están transformando el sistema jurídico a través del cual se evalúan las relaciones entre hombre y naturaleza. En casos como el de Colombia entra varios otros países, entes vivos no humanos, incluso rios, están adquiriendo el carácter de sujetos de derechos constitucionales que están imponiendo retos aun mas grandes para la sociedad y para el aparato estatal que debe hacer cumplir la consititución.
La conversación económica.
Ante esta diversidad de discursos económicos en la región y las crecientes tensiones en las calles, la disciplina económica debe involucrarse en conversaciones plurales sobre múltiples modelos y concepciones de lo que se llamaría “desarrollo”, “bienestar” o “progreso”. La discusión sobre el modelo del “Buen Vivir” se ha venido dando con mayor frecuencia en otras áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias naturales, la ecología, y otras ciencias sociales. Para los economistas sería de mucho valor entrar en el diálogo, abrir los puentes, y aportar además con sus propias herramientas a enriquecer las formas en que se construyen los indicadores de seguimiento a estas otras formas de medir el bienestar, y construir una o mas “teorías de cambio” que permitan contrastar desde la evidencia los posibles caminos para reducir las exclusiones, aumentar el bienestar en medio de las diferencias de estilos de vida y reducir las tensiones que se generan de ellos.
Este año se conmemoran 10 años del premio del Banco de Suecia en honor a Alfred Nobel para Elinor Ostrom, compartido con Oliver Williamson, por sus aportes para explicar modelos alternativos al estado y al mercado, desde la gobernanza de las mismas comunidades, para resolver el problema del acceso y manejo eficiente de recursos naturales de acceso colectivo. Curiosamente su obra maestra, “El Gobierno de los Comunes” fue traducido al castellano solo 10 años después de su publicación en 1990. Muy lentamente ha ido creciendo la atención en la región, y en particular en estos movimientos de modelos alternativos desde la visión de los pueblos indígenas y ancestrales, a estos enfoques Neo-Institucionalistas sobre la gobernanza, las instituciones y los incentivos. Un paso en la dirección correcta fue la celebración de la Conferencia Bianual de la Asociación para el Estudio de los Comunes este año en Lima, co-organizada entre la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Perú. Allí convergieron académicos y practicantes de las escuelas Ostromianas y de estos movimientos indígenas y afrodescendientes para compartir estas visiones del desarrollo desde lo colectivo. Los métodos y marcos conceptuales fueron muy diversos, con algunas diferencias aun por resolver, pero en general promisorios para mejorar la calidad de la conversación sobre el desarrollo.
Evidencia económica de los resultados de la propiedad colectiva del territorio.
Dos columnas de opinión en un periódico de prestigio internacional como The Economist, y uno local como Portafolio en Colombia, dan cuenta de la importancia de mejorar la calidad de la discusión económica sobre el papel de estos territorios colectivos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población en medio de la pluralidad de ideas de lo que se llame “desarrollo”. En estas dos opiniones, que parecieran escritas de manera coordinada, se critica la propiedad colectiva en Colombia e incluso se le atribuye el ser factor causal de la pobreza. Sin embargo, sus argumentos no están basados en una evidencia rigurosa sobre esa relación causal. Estas dos columnas opinión son muestra de la necesidad de un mayor rigor en el análisis del papel de otras formas de desarrollo que se vienen proponiendo en estos territorios que ocupan una quinta parte del continente americano, y en particular en Centro y Sur América.
Con un grupo de colegas venimos trabajando desde hace varios años en la evaluación del impacto económico, social y ambiental de una de las reformas agrarias mas exitosas y a la vez menos conocidas en América Latina derivada de la expedición de la Ley 70 de 1993 que ordenó al estado colombiano a entregar títulos de propiedad colectiva a las poblaciones afrodescendientes que estaban principalmente ubicadas en las zonas mas pobres del litoral pacífico de Colombia.
En un primer trabajo con Maria Alejandra Velez, Ximena Peña, Natalia Perdomo y Camilo Matajira, logramos demostrar que esta titulación colectiva aumentó los ingresos per capita, asistencia escolar, inversión privada en la vivienda y a la vez reduciendo el hacinamiento en esos hogares.
En un segundo trabajo con metodologías similares, también con Velez y con Juan Robalino, Andrea Paz y Eduardo Pacay, mostramos evidencia que sugiere que esta titulación colectiva de tierras frenó la deforestación en sus territorios dentro de grandes zonas de bosque tropical húmedo, algo que debería llamar la atención con las preocupaciones recientes sobre las amenazas por deforestación de grandes territorios en la selva amazónica.
América Latina se encuentra ante una multiplicidad de posibles caminos para generar sendas de progreso para su población. En esos posibles caminos se aparecen dilemas complejos asociados a decisiones de gran alcance frente a consecuencias sociales y ambientales para diversas fracciones de la población rural y urbana en la región. El capital natural en estos países ofrece muchas oportunidades y también por ello muchos riesgos. Existe una base natural en el subsuelo que ha sido parte de la historia de la región en términos de creación de riqueza material pero también de conflictos, desde la misma llegada de Europa cinco siglos atrás.
Hoy se aparecen en la mesa nuevas formas de pensar la relación económica entre la sociedad, el aparato productivo y el capital natural. Tenemos que participar en esa conversación y es probable, mi conjetura, que, si participamos desde la disciplina económica, podemos comprender las razones de porqué chispas de descontento con una medida económica como un cambio de precio de un bien esencial, se dispara una hoguera de descontento tan grande sobre el modelo económico.
Lecturas:
Peña, X., Vélez, M. A., Cárdenas, J. C., Perdomo, N., & Matajira, C. (2017). Collective Property Leads to Household Investments: Lessons From Land Titling in Afro-Colombian Communities. World Development, 97, 27-48.
Vélez, M. A., Robalino, J., Cárdenas, J. C., Paz, A., & Pacay, E. (2019). Is Collective Titling Enough to Protect Forests? Evidence from Afro-descendant Communities in the Colombian Pacific Region. Evidence from Afro-Descendant Communities in the Colombian Pacific Region (February 5, 2019). Documento CEDE, (2019-03).
