Se ha discutido y discutirá mucho del porqué de las masivas manifestaciones en contra de la desigualdad y las grandes inequidades en nuestro país. El ritmo de crecimiento de los ingresos es similar entre distintos grupos, incluso en algunos períodos mayor en los más bajos, pero las brechas persisten y abruman. Eso se debiera acabar y debemos agradecer a todas y todos quienes abrieron los ojos al país y ojalá que hayamos finalmente despertado.
La tarea es muy compleja. La tentación populista, es decir políticas populares, pero inefectivas y carísimas, es alta. También está la tentación de aprovecharse para pedir cualquier cosa, como eliminar el pago del tag a los habitantes de las comunas del sector oriente. Necesitamos respuestas urgentes a esta emergencia. Las necesidades son muchas y aquí me referiré a salarios y pensiones, que son fundamentales en la demanda ciudadana.
El Gobierno ha propuesto un aumento en torno a 20% a las pensiones solidarias, es decir, de los sectores más pobres, lo que incluye pensiones a personas que no cotizaron nunca, y ese fue un gran aporte de la reforma de 2008. Por otra parte, propuso aprobar un ingreso mínimo garantizado por el Estado de 350 mil pesos, el que se agregaría por sobre el mínimo de 301 mil pesos. Me parece que, en este primer paso, y en un acto de buena disposición de todas y todos, se debería aprobar lo antes posible. El aumento de pensiones se ingresó como indicación al proyecto actual. Se debe separar el aumento de las pensiones solidarias del proyecto de pensiones. De no ser así, no habrá nunca aumento de la pensión solidaria.
Pero la propuesta del Gobierno es muy insuficiente. Es apenas 0,4% del PIB. El terremoto social es grande y pensar en algo que anualmente cueste entre 1 y 1,5% del PIB en estas dos materias es un piso razonable. El Gobierno, en compensación a la apertura de la oposición a aprobar sus proyectos desglosados, debería comprometerse a tener en el plazo de un mes un proyecto más realista, profundizando el aumento de pensiones e ingreso.
En pensiones se podría hacer a las empresas cotizar un 2% del salario y repartir lo recaudado entre todos los pensionados del sistema de capitalización, con algunos límites. Esto sería reparto y su efecto es inmediato. Es fiscalmente más responsable que hacer todo a través del Pilar Solidario, que solo atiende a pensiones bajas y su financiamiento proviene de “fondos generales de la nación”, lo que es déficit y, por lo tanto, deuda. Quienes contribuyan hoy, recibirían una vez jubilados un monto proporcional a lo aportado, con un componente redistributivo. Es similar a lo propuesto en el proyecto del gobierno de la Presidenta Bachelet, y a lo que anunció el Presidente Piñera, aunque el doble en magnitud.
El financiamiento es de las empresas y habría que hacerlo gradual para cuidar sus efectos sobre el empleo. Desde hoy se cotiza el 2%, pero las empresas van aumentando de 0,5% en cuatro años. La transición la financia el Gobierno, y con esto se asegura que no afecta el déficit de largo plazo, dejando espacio para otras políticas sociales.
En materia de ingreso mínimo, el anuncio es solo apoyo estatal y corresponde también a las empresas contribuir. Creo que se debe subir el salario mínimo al menos a 350 mil pesos. Tiene costos en el empleo, pero más allá de obvias razones éticas, costaría entender que existan empresas que dependan para subsistir de pagar salarios indignos. El complemento anunciado por el Gobierno debería ser implementado como un impuesto negativo al ingreso para mitigar potenciales efectos sobre la informalidad. El ingreso mínimo debería estar fijo por al menos dos años. Hay que evitar la vinculación del salario mínimo con otras prestaciones, por ejemplo, la pensión mínima, pues esto solo limita la capacidad de la economía de absorber un aumento significativo del salario mínimo.
Estas medidas tienen costos fiscales, pero no de largo plazo. La regla se abandonaría por dos o tres años y probablemente se puede usar algo de los fondos soberanos. Hay muchas demandas que se deben abordar, y será necesario financiarlas. Un primer punto es dejar solo los componentes recaudatorios de la reforma tributaria actualmente en el Congreso, no discutir temas respecto de fiscalización ni la reintegración, y esto recaudaría como 0,3 puntos del PIB.
Ambas medidas aumentan los costos laborales y deben evitar un efecto importante en la creación de empleos, la que ya es bastante débil. Por ello creo que se debería postergar por un año la discusión del proyecto de las 40 horas, pues resultaría excesivo aumentar salario mínimo de manera relevante, agregar cotizaciones a cargo del empleador y reducir la jornada de trabajo. Para esto último podemos esperar y complementar con otras medidas que hagan que la reducción de la jornada sea realmente beneficiosa.
Se requieren muchas otras medidas, pero la ciudadanía no puede esperar. Hay que hacer un esfuerzo honesto de abordar las inequidades sin aprovecharse de obtener ventajas políticas de corto plazo que solo retrasan las soluciones. Por su parte, el Gobierno pareciera finalmente estar empezando una nueva etapa, la del realismo con renuncia.
