Parece intuitivo plantear un impuesto a los “Súper Ricos” como una de las compensaciones en la reforma tributaria. ¿Por qué no subir la tasa máxima del Impuesto Global Complementario (IGC), digamos, a 70%, como se propone en otras partes del mundo? ¿O abrir un nuevo tramo para los ingresos más altos?
Desde hace algunos años que este tema se discute en la academia. En política, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, hay nuevos liderazgos que proponen su implementación.
Y no sería una novedad. Entre 1950 y 1980, esos países, junto a Alemania y Francia, tuvieron tasas marginales máximas de entre 55 y 95%, con un promedio en torno a 70%. En nuestro país, también tuvimos tasas bastante elevadas. Entre 1980 y 1987 la tasa máxima fluctuó entre 56 y 65%.
Sin embargo, es una mala solución para Chile. Como veremos, el nivel más adecuado de la tasa máxima del IGC está cerca de la tasa actual.
Las rentas que se declaran como ingresos personales o finales en el tramo alto del IGC no son las que pagan pocos impuestos. Sí lo son las rentas que quedan enmarañadas en sociedades de inversión, postergando impuestos casi para siempre (además de las rentas personales intermedias, pero eso es tema para otra columna).
Lo más lógico y justo es encontrar formas para que esos ingresos del capital tributen más.
¿Por qué compensar?
A pesar de que es discutible si la integración en base a retiros producirá un cambio estructural que fomente la inversión, el gobierno ha puesto todas sus fichas en esta modificación tributaria. Habría sido más fácil de explicar, conceptualmente, una disminución de la tasa corporativa. Pero aquí estamos y, al menos, hay que reconocer que la propuesta sí constituye una simplificación.
La oposición tiene buenas razones para exigir compensaciones en la reforma. Hay muchas dudas de que la boleta electrónica vaya a recaudar lo que se dice. Hasta ahora nadie ha explicado bien el mecanismo. Y el costo de la integración, en régimen, es de US$ 833 millones al año, un monto relevante.
Además de compensar la menor recaudación, la oposición considera que es justo que esa compensación la paguen (aproximadamente) los mismos contribuyentes que se beneficiarán de la integración propuesta.
La razón es evidente. Tenemos una muy mala distribución del ingreso (antes y después de impuestos). ¿Debiéramos legislar para que empeore?
El gobierno ha minimizado este tema argumentando que son muchas las personas que se beneficiarán con la integración y la gran mayoría pertenece a los tramos de impuestos más bajos. Y los datos así lo corroboran. De las casi 870.000 personas que pagarían menos impuestos, sólo 25.000 pertenecerían al tramo más alto de impuestos.
Pero el número de beneficiarios es una cosa y el valor de los beneficios otra.
Con los mismos datos del gobierno, es fácil calcular que, en promedio, cada contribuyente beneficiado del tramo más alto se ahorrará $6 millones en impuestos al año. Los contribuyentes beneficiados de los demás tramos se ahorrarán, en promedio, $200 mil. Los del tramo más bajo, tan solo $70 mil.
Se trata de una redistribución inequitativa que incluso se manifiesta al comparar estas rebajas con el ingreso promedio de cada tramo.
En los tres tramos más bajos, las rebajas representan entre 1,3 y 2,5% del ingreso promedio de esos tramos. En el tramo superior, la rebaja alcanza 5,1% de la renta promedio. Así, mientras a algunos les reducirán sus impuestos en un punto porcentual, otros se beneficiarán en 5 puntos. Y millones de contribuyentes en cero.
No nos confundamos, si bien la mayoría de los beneficiados pertenecen a los tramos bajos, son mucho mejores los beneficios que obtendrán los tramos más altos. Es necesario buscar compensaciones.
Tema de moda
El impuesto a los Súper Ricos ha estado en boga en la agenda académica. Los resultados de las investigaciones de Piketty y coautores sobre la distribución del ingreso estimularon nuevos avances en la teoría de impuestos óptimos. Basta ver los programas del curso de impuestos que se enseñan en los mejores doctorados en economía del mundo para corroborarlo.
Incluso el siempre ortodoxo IMF analizó, en su publicación insignia de temas fiscales de 2017, el mérito de una tasa de impuesto máxima elevada para mejorar la distribución del ingreso.
Concluyó que hay un margen para aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta sin perjudicar significativamente el crecimiento.
En política también es un tema. El líder laborista Corbyn en Inglaterra, así como la combativa nueva líder demócrata Ocasio-Cortez y el candidato Sanders en EE.UU., lo tienen dentro de sus planes. El ex Presidente Hollande impuso una tasa de 75% en Francia y, aunque tuvo una corta vida, algunos chaquetas amarillas piden que retorne.
Mejorar la distribución es imprescindible tanto por razones éticas como para dar sostenibilidad al crecimiento. Sin embargo, no hay que confundir instrumentos y objetivos. En el caso de Chile, aumentar significativamente la tasa de impuesto máxima es un mal camino.
Un cálculo para Chile
La teoría de una tasa máxima de impuestos óptima (de Peter Diamond y Emmanuel Saez), toma en cuenta tres elementos claves.
Primero, el valor que le asigna la sociedad a la equidad. Si la sociedad transfiere $100 pesos desde los más acomodados al resto, ¿cuánto es el máximo tolerable que se destruya en el camino? Si no está dispuesta a ninguna pérdida, las tasas de impuesto deberían ser parejas. Para los cálculos de más abajo, supongo que se tolera que se destruya hasta 80% y 65%.
Segundo, importa la distribución del ingreso. A mayor desigualdad, la tasa máxima debería ser mayor. Aquí suponemos que el 5% más rico concentra el 30% del ingreso tributable. Subrayo tributable.
Por último, es clave cómo reaccionan los ingresos tributables más altos ante un mayor impuesto. Si las personas trabajan y se esfuerzan lo mismo y, además, si no aumentan su evasión y elusión, entonces la tasa de impuestos máxima debería ser mayor. Pero si los ingresos tributables disminuyen, el mayor impuesto podría ser contraproducente. Supongo aquí una sensibilidad intermedia del ingreso tributable a la tasa de impuestos (técnicamente, la elasticidad de la renta imponible respecto de 1 menos la tasa de impuesto es 0,5).
Con los supuestos anteriores la tasa de impuestos máxima “óptima” estaría entre 37 y 42%. Sorpresivamente cerca de lo que tenemos y bastante lejos de las tasas del debate internacional. Un razón es que en Chile muchos de los ingresos simplemente no tributan a nivel personal.
Compensaciones de verdad
Si aumentar significativamente la tasa máxima del IGC no sirve como compensación, ¿qué se puede hacer?
Se habla por estos días de terminar con algunas exenciones. Y varias deberían eliminarse, como el reducido impuesto específico al diésel y las llamadas rentas presuntas. Pero hacer estos cambios es un desafío político mayor.
Otras exenciones tienen racionalidad y terminarlas sería una mala decisión. Es el caso de las ganancias de capital a las acciones de alta presencia. Perú recorrió esa ruta, casi no recaudó, deprimió el mercado de capitales y tuvo que reponerla unos años después.
Para buscar compensaciones es útil poner más datos sobre la mesa.
Los ingresos que se declaran por el tramo superior del IGC equivalen a sólo 2,7% del PIB. Es muy difícil hacer grandes cambios con esa base tributaria. Hay que buscar en otras partes del sistema.
Los mejores estudios disponibles, aunque se refieren a ejercicios tributarios de varios años atrás, dan cuenta de: (i) el 1% más rico en Chile concentraba el 23% del ingreso total y (ii) pagaba una tasa de impuesto al ingreso promedio de 16%. Hoy esa tasa es mayor, pero está aún por debajo de las tasas que pagan los ingresos altos del trabajo.
La información que entregó el gobierno al Congreso por la reforma tributaria revela que un tercio del FUT histórico está en sociedades de inversión. Buena parte de estos recursos son simplemente ahorro financiero y es difícil encontrar buenas razones para que estas rentas no tributen cuando se producen. Tal como lo hacen las rentas del trabajo.
Todo lo anterior sugiere que, más que pensar en aumento significativo del impuesto máximo del IGC, el que podría desvanecerse en más sociedades de inversión, lo que se debería garantizar es el pago de impuestos de las rentas del capital en el momento en que las empresas distribuyen dividendos.
Es una manera equitativa y simple de compensar la menor recaudación de la Reforma. Es, por lo demás, lo que hacen prácticamente todos los países avanzados del mundo.
