Las comisiones presidenciales están de vuelta. En menos de un mes, el nuevo gobierno ha convocado una dedicada a la infancia y otra a la seguridad. Y vienen varias más. ¿Por qué se han vuelto cada vez más populares estas comisiones, sin importar el signo de la coalición gobernante?
El punto de partida para entender las comisiones presidenciales es tomar en serio su nombre y constatar que son “presidenciales”, porque las nombra el Presidente. Y como no existe obligación alguna de nombrarlas, la conclusión, tan inevitable como obvia, es que las comisiones presidenciales benefician a los presidentes (o al menos estos creen que es así).
Las razones para nombrar una comisión pueden ser varias. Una primera posibilidad es desactivar una situación potencialmente explosiva. Un escándalo mayor (por ejemplo, un caso de colusión en un mercado sensible) gatilla indignación ciudadana y la comisión permite al Presidente aparecer haciendo algo mientras gana tiempo a la espera de que el tema pase a un segundo plano. Los informes de más de una comisión presidencial llevan años acumulando polvo en algún mueble de La Moneda.
Una segunda motivación es que el Presidente aproveche una coyuntura particular, que también puede ser un escándalo, para nombrar una comisión que facilite sacar adelante una política pública que le parece importante, pero que no cuenta con el suficiente respaldo o mayoría de las fuerzas políticas para llevarla a cabo. A pesar de los equilibrios que debe buscar y de eventuales negativas a participar, los presidentes tienen un rol determinante en la selección de sus integrantes (y también de quienes no la integran, como descubrió una parlamentaria esta semana).
Es cierto que al final el Congreso tiene el rol central legislando, pero una buena comisión potencia la influencia del Ejecutivo. Esto no es antidemocrático, como argumentan algunos, es una de muchas estrategias que utilizan actores clave en el proceso legislativo para promover sus agendas.
Todo indica que la motivación del Presidente Piñera para convocar las comisiones de infancia y seguridad es la segunda. Son temas que su gobierno ha decidido priorizar y, al no tener una mayoría en el Congreso, parece una buena opción convocar una comisión que permita al Ejecutivo tener una mayor influencia como colegislador.
¿Significa esto que Gabriel Boric y Jorge Sharp se equivocaron al aceptar participar en una comisión? Para nada. Tienen mucho que ganar, al igual que el gobierno. Porque podrán tener mayor influencia sobre los proyectos que resulten y compartirán la gloria si estos son valorados por la ciudadanía. Se trata de temas donde hay consenso respecto de su importancia, con más acuerdos que desacuerdos, y donde pueden proyectarse como líderes capaces de contribuir a políticas de Estado.
Habiendo respondido por qué los presidentes nombran comisiones, cabe preguntarse si éstas contribuyen a tener mejores leyes. Existen varios elementos que sugieren, al menos, esa posibilidad. Primero, las comisiones dan un rol mayor a los expertos. He consultado con decenas de especialistas que han sido invitados al Congreso a propósito de un proyecto de ley y la inmensa mayoría termina muy decepcionada. Las esperas pueden ser muy largas y, salvo excepciones, la mayoría de los parlamentarios no presta atención a lo que dicen. Además, la dinámica en las comisiones del Congreso permite a los parlamentarios rebatir a los expertos sin que estos tengan derecho a réplica, una dinámica opuesta a aquella que prevalece en los centros que crean conocimiento.
En el caso de las comisiones presidenciales, en cambio, los técnicos pueden tener un rol más importante. La experiencia también sugiere que los acuerdos transversales en temas controversiales suelen ser más fáciles entre expertos y las diferencias más acotadas. Obviamente, la palabra final la tiene el Congreso al legislar, pero resultarán mejores legislaciones si se considera seriamente a quienes más saben del tema.
Una segunda ventaja de las comisiones es que, con el Congreso y los partidos políticos con niveles muy bajos de aprobación ciudadana, estas pueden contribuir a validar las propuestas del Ejecutivo ante la ciudadanía. Si las comisiones presidenciales incluyen representantes de la sociedad civil, estos harán de embajadores de las propuestas que resulten y podrán contribuir monitoreando el trámite legislativo, de modo que la ley aprobada no desvirtúe las propuestas de la comisión.
Las ventajas anteriores, desgraciadamente, no siempre se materializan. Hay comisiones presidenciales que terminaron divididas en dos mitades irreconciliables, habiendo casos donde incluso entregaron dos informes. De poco sirve saber que la comisión está igual de dividida que el Congreso o la sociedad entera respecto del tema que se le encomendó. Otras terminan haciendo propuestas tan inocuas que sirven de poco.
Basado en lo anterior, ¿cuán optimistas podemos ser respecto de la contribución que harán las recientemente nombradas comisiones de infancia y seguridad? Es temprano para hacer predicciones, pero así como el grupo de trabajo de infancia promete, la composición de la comisión de seguridad es preocupante. Los representantes de la sociedad civil y técnicos en esta última son pocos y hay temas donde no hay experto alguno. Además, varios de sus miembros fueron portavoces de las demandas de Carabineros por mayores facultades y recursos, sin cuestionarlas o analizarlas debidamente.
El Presidente Piñera dio señales claras durante la campaña de entender la necesidad de hacer cambios estructurales en nuestra institucionalidad de seguridad. Puede ser que decidió incluir en su comisión a quienes contribuyeron al descontrol en Carabineros porque le consta que han cambiado de opinión o porque cree que si participan no obstaculizarán en el Congreso los proyectos que resulten. Ojalá sea así, porque la oportunidad que tiene el actual gobierno de hacer una reforma de seguridad que pase a la historia no se volverá a repetir en mucho tiempo.
