Desde que comenzara a caer el precio de los commodities a principios de la década, el Peru ha intentado reactivar la economía, sin mucho éxito. Si bien el último semestre del 2017 se vió un repunte esperanzador, la crisis política generada por el caso Lava Jato frustró el crecimiento esperado. El Perú habría crecido en el 2017 alrededor de 2.5%, lejos del 4% que el Fondo Monetario Internacional auguraba en enero 2017. Existen dos grandes problemas que el gobierno del Presidente Kuczynski ha dejado de lado en su estrategia: la baja productividad de las empresas peruanas y la economía informal.
El 72% de la población económicamente activa (PEA) se desarrolla en el sector informal (INEI 2016), siendo que la productividad laboral en el sector formal es 2.5 veces más alta que en el informal. Dentro de los distintos factores que afectan el acceso a la formalidad, en el caso peruano, aquel de mayor impacto es la excesiva carga regulatoria, y los costos de transacción que genera. Esta hace que una mayoría importante de actores económicos se encuentre fuera de la formalidad, o como lo llama De Soto, en la extra legalidad. Son precisamente los sistemas legales y políticos los que impiden el acceso de los informales a la formalidad, privilegiando a solo aquellos con acceso a las instituciones económicas y políticas. Sin derechos de propiedad sólidamente asignados y sin un sistema que reconozca las instituciones informales creadas en la extra legalidad será difícil lograr incluir a los excluidos en el sector formal.[2] Un ejemplo de ello podemos verlo en el intento del Estado peruano de formalizar a los mineros informales. Las normas dictadas por el gobierno establecen unos requisitos que son muy difíciles de cumplir. Uno de estos requisitos establece la necesidad de un contrato de cesión o de alquiler entre el titular de la concesión y los mineros informales. La gran mayoría de mineros informales no son titulares de la concesión, ya que trabajan labores en concesiones de terceros. El problema es que la ley establece la responsabilidad solidaria por los pasivos ambientales. La falta de incentivos hace que el titular de la concesión prefiera ser invadido que firmar un contrato con los informales. Al impedirles el acceso a la formalidad se les termina empujando hacia la ilegalidad.
Más aun, la informalidad y la falta de productividad no encuentran una explicación exclusivamente en los temas económicos. El Perú enfrenta el desgaste de un contrato social que no incluye al sector extralegal y que por ello está en constante deterioro. Ello se ve reflejado en la alta conflictividad social que enfrenta el país: Durante el gobierno de Ollanta Humala (2011 – 2016) hubo 90 personas fallecidas y 2,367 heridos como consecuencia de conflictos sociales. En Julio 2016, al asumir la presidencia, el Presidente Kuczynski heredó 208 conflictos sociales. 71% de ellos vinculados a la industria extractiva. Pero no exclusivamente. El Perú ha enfrentado en los últimos años conflictos sociales como consecuencia del establecimiento de un peaje en zona urbana, por la política educativa al diseñarse un curriculum que entre otros enfoques consideraba el de equidad de género en el sector educación, y recientemente por la sobreproducción de papa. Existe una tensión permanente entre distintos intereses y el Perú no ha logrado encontrar mecanismos inclusivos que permitan que todos los sectores participen en la toma de decisiones sobre políticas públicas. El sector informal, al estar en la extra legalidad no tiene mecanismos para canalizar sus intereses lo que les impide influir en el contrato social. Así, se ven obligados a recurrir a otros mecanismos como el uso de la violencia para lograr la atención del Estado y obligarlo a sentarse a negociar sobre la base de demandas, que en muchos casos no solo no lograran el objetivo deseado, sino que el Estado no tiene la capacidad de cumplir. La falta de acuerdos hace que la sociedad regrese a la situación previa a la del contrato social: la violencia para sobrevivir.
Los partidos políticos no han logrado representar efectivamente los intereses de los sectores sociales. Ya ni siquiera los partidos de izquierda, cuyo nicho histórico han sido las bases sindicales, han logrado entender la transformación social del país. Si estos intereses no son adecuadamente canalizados se pone en riesgo la gobernabilidad del país. Y es que los liderazgos sociales que utilizan la violencia para aparecer en el mapa del ejecutivo estarían utilizando la violencia también como plataforma política para las próximas elecciones.
El Perú necesita construir mecanismos que permitan que los distintos intereses puedan participar en la toma de decisiones sobre políticas públicas. Unido a ello, la transparencia y la rendición de cuentas. Los hacedores de políticas públicas necesitan investigar las instituciones informales que rigen el sector extra legal y recogerlas en leyes. Sin ello no lograremos que más ciudadanos accedan a la formalidad, ni será posible reducir la conflictividad. Si el status quo se mantiene, el crecimiento económico será producto de factores exógenos, con lo que el país no estará aprovechando el máximo de su potencial económico.
[1] Cespedes, N., P. Lavado, N. Ramirez Rondan (2016) “Productividad en el Peru: medición, determinantes e implicancias.” Universidad del Pacifico. Lima
[2] De Soto, Hernando (2000) El misterio del capital: Por qué el capitalismo triunfa en occidente
y fracasa en el resto del mundo. Lima, El Comercio. Original: The Mystery of Capital, Bantam Press
& Random House, (2000). Traducción de Mirko Lauer y Jessica Mc Lauchlan
