En los últimos días han abundado análisis que intentan explicar los resultados del proceso eleccionario y, a partir de ellos, identificar las necesidades, demandas y preocupaciones sociales que debieran considerarse para la agenda programática en el futuro próximo. Si bien comparto que todavía hace falta mucho mayor análisis de las votaciones (ojalá con evidencia más específica que la que hasta el momento se invoca), creo que para comprender realmente lo que ocurre en nuestra sociedad tenemos que ir más allá de las puras preferencias electorales.
En Espacio Público hemos intentado contribuir a esto por medio del desarrollo de una encuesta de opinión que realizamos junto con Ipsos, denominada “Chilenas y chilenos hoy: desafiando los prejuicios y complejizando la discusión”, y que fue dada conocer en octubre pasado. Se trata de un instrumento de mucha fortaleza metodológica y que cubrió 1.000 entrevistas presenciales en cuatro grandes núcleos urbanos del país (Antofagasta, Gran Santiago, Valparaíso-Viña del Mar y Concepción-Talcahuano). Me parece que los resultados arrojan pistas interesantes para el debate programático que se viene en los próximos meses, tanto en materia de preocupaciones ciudadanas como también tratándose de las disposiciones de la gente a apoyar políticas públicas y otras transformaciones institucionales relevantes.
La encuesta muestra, como otros instrumentos disponibles, que la delincuencia sigue siendo el principal problema que afecta a las personas. Además sugiere que hay algunos temas sociales emergentes a los que se les ha prestado menor atención. El que surge con mayor fuerza es la salud (que afortunadamente se ha ido visibilizando en las últimas semanas) y luego los problemas derivados de la corrupción política. La calidad de la educación sigue siendo un área de mucha preocupación, pero en la cual hay reconocimiento de importantes avances en los últimos años, y, en cambio, los problemas asociados al uso de alcohol, las drogas y el hostigamiento entre estudiantes se ven como temas pendientes no resueltos. Aspectos asociados a la calidad de vida también comienzan a aparecer como significativos (transporte público deficiente, congestión vehicular, contaminación ambiental, etcétera).
Una agenda de gobierno que intente hacerse cargo de los problemas efectivos de nuestra población debiera incluir propuestas relevantes en estas materias y no solo quedarse en algunos temas actualmente instalados en el debate, por más significativos que estos sean (por ejemplo, pensiones, gratuidad). Debiera también, como sugiere la encuesta, considerar particularidades regionales en el diseño de las propuestas, ya que es posible apreciar diferencias importantes en las experiencias que vive la gente en sus realidades locales.
El estudio también da pistas del nivel de apoyo que las personas están dispuestas a entregar al desarrollo de ciertas políticas públicas. En general, y muy consistentemente, los chilenos manifiestan estar de acuerdo con reformas que incluyan elementos de solidaridad; por ejemplo, integración de barrios y escuelas, incluso en hipótesis que los afectan personalmente. También existe disposición a contribuir con impuestos, en la medida en que se aseguren resultados, por ejemplo, en áreas como la salud. En definitiva, se muestra una ciudadanía compleja, que identifica necesidades, pero también reconoce diversos caminos para su satisfacción.
Los resultados de la encuesta exceden lo que puedo desarrollar en una columna. Mi llamado es a que complejicemos el debate acerca del Chile que queremos considerando resultados como estos. Un cambio de gobierno abre la oportunidad para desarrollar una nueva agenda de reformas a futuro, pero para ello hoy contamos con diversos instrumentos que nos dan un punto de partida con mayores elementos para formular políticas públicas que sean más sensibles a las necesidades sociales, mejor focalizadas, con mayores probabilidades de éxito y, quizás aún más importante, legitimidad social.
