“¿Por qué los votantes reeligen políticos corruptos?” se preguntan los autores de un excelente libro reciente sobre corrupción. En Japón, un país con niveles de corrupción relativamente bajos, el 62% de los legisladores condenados por casos de corrupción entre 1947 y 1993 fueron reelectos. El caso de Kakuei Tanaka es un ejemplo paradigmático de este fenómeno. Cuando joven estuvo preso por aceptar sobornos, no obstante lo cual hizo carrera en el Partido Liberal Demócrata, ocupando varias carteras ministeriales, para luego asumir el cargo de primer ministro en 1972. Dos años después se vio obligado a renunciar por unos negocios cuestionables y en 1976, ya como parlamentario, fue acusado de haber recibido una coima de 1,8 millones de dólares mientras era primer ministro. Luego de apelar a su condena fue reelecto al Congreso en 1983 por un margen sin precedentes, pasando a integrar la Comisión de Ética de la Dieta del Japón.
La situación de los Estados Unidos es similar. Un 67% de los miembros de la Cámara Baja involucrados en algún escándalo son reelegidos, comparado con un 95% en general (este alto porcentaje se explica porque en los Estados Unidos los distritos electorales se redefinen regularmente para dar ventajas a los incumbentes). Por ejemplo, el congresista William Jefferson, de Louisiana, fue reelecto el 2006, un año después de que el FBI lo procesara por corrupción luego de encontrar ladrillos de billetes (90 mil dólares en cada ladrillo) en el freezer de su casa.
No es que a los votantes no les importe la corrupción; una y otra vez las encuestas señalan que es un tema prioritario. Por ejemplo, una encuesta reciente de Ipsos en 25 países concluye que “corrupción y escándalos de financiamiento de la política” ocupa el segundo lugar entre los temas que más preocupan a la gente.
La explicación más popular de por qué los votantes reeligen autoridades corruptas es el eslogan del “roba pero hace” que usó en sus campañas un alcalde y gobernador de Sao Paulo, Brasil, a mediados del siglo pasado. Según esta tesis, los votantes valoran tener autoridades honestas, pero también quieren que sean efectivas proveyendo servicios públicos. Idealmente, quisieran las dos cualidades, pero forzados a elegir a veces optan por la eficiencia.
Otra explicación de por qué los votantes reeligen políticos corruptos es que no saben o no creen que estuvieron involucrados en escándalos de corrupción. Un experimento realizado recientemente en Brasil ilustra la relevancia de esta tesis. Partiendo en 2003, se incorporó a los programas regulares de televisión que sortean los números ganadores de la lotería nacional una tómbola adicional, que seleccionaba municipios para ser auditados por la Contraloría brasileña (la CGU), buscando evidencia de corrupción. Por ejemplo, en un municipio la CGU detectó la construcción de una carretera de nueve kilómetros por parte de una empresa sin experiencia y a cinco veces el costo estimado. Además, la empresa en cuestión se limitó a subcontratar a otra empresa para que hiciera la obra, embolsándose un tercio de la oferta ganadora en el proceso.
Los hallazgos de la CGU en los municipios investigados tuvieron cobertura mediática privilegiada, los municipios indagados donde no hubo hallazgos también tuvieron cobertura, positiva en estos casos. Los votantes de los municipios auditados tuvieron buena información sobre la probidad de sus alcaldes, información que provenía de una institución en que los brasileños confían. El impacto de esta información se pudo medir en la elección siguiente. En efecto, los incumbentes de municipios auditados sin hallazgos de corrupción fueron reelectos en un 54%, comparado con un 42% de los alcaldes de municipios que no fueron auditados. Haber pasado la “prueba de la blancura” aumentó las chances de ser reelecto en 12 puntos porcentuales. Por contraste, solo el 31% de los alcaldes de municipios con dos instancias de corrupción fueron reelectos; en el caso de alcaldes con tres instancias la fracción reelecta fue de solo 20%.
El experimento anterior es alentador: mientras más saben los electores sobre prácticas corruptas de los incumbentes, menos probable es que los reelijan. No obstante lo anterior, hay una fracción no despreciable de incumbentes que mantienen el cargo a pesar de evidencia clara de corrupción, de modo que el “roba pero hace” también parece estar presente. Además, en un experimento posterior al de Brasil, donde se informó a los electores de incumbentes corruptos en Jalisco, México, en lugar de bajar las chances de su reelección el impacto fue una caída notable de la participación electoral. Esta vez los votantes manifestaron su malestar con la corrupción, absteniéndose de votar y los incumbentes se reeligieron igual.
¿Y cómo andamos por casa? ¿Qué sabemos sobre incumbentes, corrupción y reelecciones en Chile?
La participación electoral en la elección municipal de octubre de 2016 fue, por lejos, la más baja desde el retorno de la democracia: votaron solo 4,9 millones de electores, comparado con 5,8 millones en la municipal anterior. Una encuesta de Espacio Público e Ipsos realizada poco después de la elección muestra que, por lejos, el principal motivo que dan los encuestados para esta debacle de participación fueron los escándalos de corrupción y financiamiento irregular conocidos en los últimos años. En la elección municipal del año pasado fuimos Jalisco.
Vamos ahora a las elecciones parlamentarias de hace casi un mes.
Entre los incumbentes había 14 involucrados en escándalos de corrupción (condenados por fraude al Fisco) o financiamiento irregular de la política (casos Corpesca, SQM y Penta). De estos, solo tres fueron reelectos, es decir, un 21%, porcentaje bastante menor que el porcentaje de reelectos en general, que fue del 50%. Es decir, cuando fuimos a las urnas hace casi un mes nos comportamos como los electores del experimento brasileño.
La encuesta de Espacio Público e Ipsos de octubre de este año entrega elementos adicionales para entender cómo casos de corrupción afectan la conducta de los votantes chilenos. Una de las preguntas es la siguiente: “Suponga que poco antes de las elecciones se descubre que su candidato/a presidencial recibió una suma importante de dinero de una empresa a cambio de un favor político. ¿Qué tan probable es que usted decida NO votar por el candidato/a?”. Un 63% de los encuestados respondió que era probable o muy probable que no votara por quien hasta antes de la revelación de cohecho era su candidato, porcentaje que varía con la posición política de los encuestados. En efecto, un 73% de quienes se consideran de izquierda y un casi idéntico 72% de quienes se consideran de centro dejan de votar por un candidato presidencial al conocer evidencia de corrupción; entre electores de derecha, en cambio, este porcentaje cae a un 46%. A los votantes de derecha, según estas cifras, les importa más la eficiencia que la ética.
