Pensiones: la horrible bancarrota de España

Hace unas semanas, la Presidenta Bachelet llamó a un diálogo nacional sobre el futuro del sistema de pensiones. Para que la conversación sea informada y con altura de miras es necesario analizar en detalles la experiencia de otros países, las reformas que ellos han iniciado, las preocupaciones internacionales y las soluciones que se han barajado. Un caso digno de estudiar es el de España, país al que muchos admiramos y al que, en general, aspiramos a parecernos.

Y resulta que este análisis nos entrega una realidad perturbadora: a pesar de reformas profundas realizadas al principio de esta década -reformas que retrasaron la edad de jubilación, entre otras cosas-, el sistema de pensiones español está en bancarrota. Enfrenta una crisis profunda que, tal como se perfila el futuro, se traducirá en una enorme caída del ingreso de los ciudadanos de la tercera edad.

Un reparto peligroso
España ha tenido durante décadas un sistema de reparto no muy diferente al que algunos proponen para Chile. En los años 2011 y 2013 el sistema fue reformado para asegurar su sostenibilidad en el tiempo. El principal objetivo de estas reformas fue reducir un déficit proyectado que se empinaba a la sideral cifra del 12% del PIB, a un déficit que fuera tan sólo el 0,6% del PIB.

Hoy en día, las principales características del sistema español son las siguientes: la tasa total de contribución es del 28,3%, con un tope del salario imponible relativamente bajo. De estos, 23,6% son de cargo del empleador y 4,7% de parte del trabajador. Para poder optar a una pensión hay que haber contribuido al menos durante 15 años. Quien no tiene ese nivel de contribuciones recibe una pensión asistencial mínima. Para quienes contribuyen más de los 15 años, la pensión mínima es de 630 euros. Las edades de jubilación son iguales para hombres y mujeres. En las últimas reformas -hechas en el año 2013- se postergó la edad de retiro en forma sustancial. Quienes pueden optar a pensiones adelantadas pueden hacerlo a los 63 años, recibiendo una pensión reducida. El resto se jubila a los 67 años. Además, en 2011 se suprimió el régimen especial a las Fuerzas Armadas, las que fueron asimiladas al sistema general. Por ahora, las tasas de reemplazo para España bordean el 78% en promedio, pero no hay un compromiso sobre su nivel futuro.

Después de las reformas del 2011 y 2013 -reformas que se hicieron necesarias luego de la crisis financiera global-, el gobierno español se comprometió a mantener la estabilidad financiera del sistema. Esto significa que los beneficios futuros serán ajustados en proporción a los ingresos por contribuciones, de modo que el déficit no aumente.

El problema central en España -al igual que en la mayoría de los países, incluyendo Chile- es demográfico. En 1980 había poco más de seis trabajadores activos por cada jubilado. Ese número cayó a 3,8 en 2015 y se proyecta que será tan sólo 1,4 en el año 2050, cuando quienes hoy empiezan su vida labora estén por pensionarse.

En una investigación reciente, el catedrático español Javier Díaz-Giménez demuestra que dadas las tendencias demográficas y económicas, la única manera de mantener la sostenibilidad financiera de este nuevo sistema de reparto es si las pensiones caen en forma sustancial durante las próximas décadas. En particular, de acuerdo a los cálculos del profesor Díaz-Giménez, “si vamos a exigir a los trabajadores de 2050 el mismo esfuerzo contributivo que a los trabajadores de 2015, las pensiones tendrían que reducirse en aproximadamente en un 60% en relación a los salarios”. Esto significa que la tasa de reemplazo caería a cerca del 30%.

¿Qué hacer?
Desde luego, una caída en las pensiones del 60% generaría una crisis política profunda. En su investigación, el profesor Díaz-Giménez analiza una gran cantidad de propuestas habitualmente presentadas como soluciones a las falencias de los sistemas de reparto. Su análisis sugiere que ninguna de ellas es una propuesta salvadora. De hecho, el análisis entrega algunos resultados tan improbables, que ilustran la dificultad que enfrenta España en este tema.

Si se opta por aumentar la edad de jubilación, y no se hace nada más, el sistema sólo sería sostenible si en el año 2050 las personas son forzadas a trabajar hasta los 77 años. Poco probable.

¿Qué pasa si España implementa una política revolucionaria de inmigración, para que de ese modo extranjeros jóvenes permitan aumentar el número de trabajadores activos por cada jubilado? Los cálculos de Díaz-Giménez indican que para que ello tenga el efecto deseado sería necesario que entre ahora y 2050 entraran 36,1 millones -sí, escuchó bien, ¡millones!- de inmigrantes. Esto significa aumentar el número actual de inmigrantes en nada menos que un 800%. Nuevamente, esto no parece ser políticamente factible.

Las tendencias demográficas que aquejan a todos los sistemas de reparto -incluyendo, desde luego al español- es que en el futuro no habrá suficientes trabajadores jóvenes para mantener a los jubilados. Una posible solución, en principio obvia, es aumentar la tasa de natalidad. Si cada mujer española tiene un mayor número de hijos, cuando estos entren al mercado laboral, la razón demográfica entre trabajadores y jubilados aumentará. Díaz-Giménez calculó que si cada mujer española tiene cuatro hijos adicionales a los que tiene hoy en día, el número de nuevos inmigrantes requeridos para estabilizar este sistema de reparto sería de 17 millones, en vez de los 36 millones mencionados con anterioridad. Sólo si cada mujer tiene ocho nacimientos adicionales sería posible estabilizar el sistema sin necesidad de mayores inmigrantes.

Después de este ejercicio, Díaz-Giménez aclara que tanto la inmigración como los mayores nacimientos son “pan para hoy y hambre para mañana”. Estas nuevas generaciones tendrán, en algún momento, su propia transición demográfica, y el número de trabajadores activos por jubilado volverá a desmoronarse.

Finalmente, Díaz-Giménez investiga dos políticas adicionales: fomentar el empleo formal y aumentar el IVA para financiar el desequilibrio financiero proyectado para el futuro. La primera no es una alternativa realista, ya que se requeriría que más del 100% de la población estuviera empleada en el 2050, e hiciera contribuciones al sistema de reparto. De otro lado, sus cálculos sugieren que un aumento de la tasa del IVA del 21% actual al 40% -prácticamente al doble- permitiría mantener la sostenibilidad del sistema.

Después de este exhaustivo análisis, el profesor Díaz-Giménez argumenta que la única manera de enfrentar con éxito esta crisis es por medio de una “reforma radical del sistema de pensiones español que incentive el trabajo y el ahorro para la jubilación”. Esto requiere “transformar el actual sistema de reparto español en un sistema que combinara reparto con capitalización y que fuera universal, contributivo, solidario, flexible y transparente”.