Encuesta CEP y corrupción: ¿Casi todos?

Las cifras de la encuesta CEP sobre corrupción son francamente preocupantes. La corrupción pasó al segundo lugar entre los temas que debieran ser prioritarios para el gobierno, sólo por debajo de la delincuencia y por sobre educación, empleo y desigualdad. Respecto del año pasado, los encuestados que mencionan la corrupción entre los tres temas prioritarios aumentaron en un 50%. Algo similar sucede a nivel comunal: la fracción de encuestados que cree que la corrupción es uno de los tres temas que debieran ser prioritarios para un alcalde subió en un 50% comparado a la encuesta previa a la elección municipal de 2008.

Por otra parte, cuando se pregunta cuántos políticos están involucrados en actos de corrupción, el 50% responde que “casi todos”, comparado con el 14% a mediados de 2006. Un deterioro similar se manifiesta al preguntar por funcionarios públicos en lugar de políticos: quienes opinan que “casi todos” los funcionarios públicos son corruptos pasaron del 12 al 35% en 10 años.

Las cifras anteriores indican que la corrupción se ha vuelto un tema central para la ciudadanía y que la evaluación que se hace del comportamiento de políticos y funcionarios públicos en la materia es deplorable.

Sin embargo, si revisamos qué se ha hecho en materias relacionadas con la corrupción, el escenario mejora de manera importante. Desde abril del año pasado -cuando el Consejo Asesor Anticorrupción entregó un informe con 236 propuestas concretas, agrupadas en 21 áreas temáticas- se han aprobado nueve leyes. Entre ellas, la enseñanza escolar de formación ciudadana, nuevas reglas para campañas y partidos políticos, sanción penal a la colusión y una reforma mayor del Sistema de Alta Dirección Pública. Asimismo, hay más de una docena de proyectos en el Congreso relacionados con las recomendaciones de la comisión, varios de los cuales fueron declarados prioritarios para ser aprobados durante este año por el ejecutivo y el legislativo.

En base al Observatorio Anticorrupción, las 21 áreas temáticas presentan un 58% de avance, con una nota promedio de 4,4. Esta evaluación esconde diferencias importantes entre áreas temáticas. Es así como en algunas los avances son notables, como declaración de patrimonio e intereses (nota 5,8, avance 95%), financiamiento y democracia interna de los partidos (nota 6,1; avance del 91%) y reforma de la Alta Dirección Pública (nota 5,0; avance 71%).

Cabe preguntarse por qué los avances anteriores no se reflejan en la encuesta. La respuesta, nos parece, radica en que la ciudadanía quiere ver cambios concretos antes de revisar su opinión. La buena noticia es que prontamente veremos cambios importantes que permitirán ir recomponiendo confianzas.

En primer lugar, en las elecciones municipales ya no tendremos calles y carreteras plagadas de propaganda electoral, pues ésta sólo podrá realizarse en períodos acotados y lugares públicos determinados, bajo pena de sanciones estrictas y con posibilidad de denuncia ciudadana. Además, podremos conocer la identidad de los principales aportantes a campañas y partidos. El Servel, que está comenzando a ejercer sus nuevas funciones de fiscalización y control del gasto electoral, debiera estar plenamente operativo para las campañas parlamentarias y presidenciales, por lo que dentro de a lo más un año las infracciones a las normas debiesen ser la excepción, siendo sancionadas de forma drástica, llegando incluso a la posibilidad de pérdida del cargo.

También veremos cambios en la mayoría de los servicios que ejecutan políticas públicas, como el Sename, Dirección del Trabajo, Junaeb y Fonasa, pues sus directivos serán seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública -que combina mérito y confianza-, eliminándose la figura de provisionales y transitorios que hoy desvirtúan el sistema.

Finalmente, contaremos con las nuevas declaraciones de intereses y patrimonio de autoridades, en un solo portal y con exigencias de información que permitirán un control social de posibles conflictos de interés o enriquecimientos ilícitos, y con facultades reales de Contraloría de cruzar información y fiscalizar si las declaraciones son completas y veraces.

No obstante lo avanzado, existen desafíos pendientes que deben abordarse. El más importante es que quienes actuaron de manera ilegal o éticamente reprochable en financiamiento de la política hagan un reconocimiento público de su conducta de una vez. El daño que causa el goteo de casos de financiamiento irregular, que sigue semana a semana, es enorme.

También hay áreas del informe de la comisión con escaso avance, varias muy cercanas a la ciudadanía. Por ejemplo, cerrar espacios de corrupción y fortalecer la gestión municipal, regular la puerta giratoria y dar mayor transparencia y eficiencia al gasto público, mejorando Chilecompra y la institucionalidad del gasto en defensa (partiendo por derogar la Ley Reservada del Cobre).

Muchos países -varios de ellos más desarrollados que Chile- han enfrentado escándalos de corrupción en los últimos años. Es meritorio que seamos el único país que ha reaccionado con una ambiciosa agenda de reformas que, apenas un año después de su puesta en marcha, muestra avances sustanciales. Si seguimos con esta agenda, las leyes aprobadas se irán traduciendo en cambios cada vez más importantes y evidentes para la ciudadanía, contribuyendo a que “casi toda” nuestra clase política y funcionarios públicos vuelvan a ser percibidos como honestos.