En junio de 2013, Ciper informó que un asesor de la diputada Marta Isasi había entregado boletas a Corpesca, boletas que posteriormente serían denominadas “ideológicamente falsas”.
Cuando se le preguntó al gerente general de Corpesca respecto de estas boletas no halló nada mejor que responder que eran varios los parlamentarios que habían entregado boletas similares.
“No hay nada sucio en la Ley de Pesca, la cual fue el resultado de un proceso democrático y participativo”, afirmó en este diario el 17 de mayo un importante dirigente de los industriales pesqueros, agregando que “lo que ocurrió con la diputada Isasi fue un caso muy puntual, con un parlamentario puntual, y eso no puede extrapolarse a la ley completa”.
Pocos días después se conoció un segundo caso “muy puntual”: el del senador Orpis, quien había recibido pagos mensuales de Corpesca durante más de cuatro años, por varios millones de pesos mensuales, para que pudiera pagar las deudas que dejó su campaña.
Mientras recibía dichos pagos, el senador Orpis integró la Comisión de Pesca y Acuicultura que discutió en particular el proyecto. También participó en las comisiones de Hacienda y Pesca Unidas del Senado que revisó materias relativas a la propiedad de los recursos y la entrega de licencias de pesca. En la comisión mixta, última instancia para sacar adelante el proyecto de ley, Orpis actuó como suplente de varios senadores de su sector. Tanto en sala como en las tres comisiones en las que participó, que corresponden a todas las comisiones en las cuales un senador pudo participar en este proyecto de ley, Orpis votó siempre a favor de los intereses de las empresas que se vieron favorecidas por la asignación de cuotas sin necesidad de competencia
Un poco de historia
A fines de 2012, el Congreso Nacional aprobó una Ley de Pesca que, para todos los efectos prácticos, entregó las rentas del sector a un pequeño número de empresas controladas por siete familias. Cientos de millones de dólares anuales de manera indefinida.
No tuvo por qué ser así. El primer ministro de Economía del gobierno de Piñera, Juan Andrés Fontaine, intentó abrir el sector a nuevos actores mediante licitaciones de cuotas de pesca industrial, donde los ganadores compartían ganancias con el Estado, permitiendo que todos los chilenos se beneficiaran de las rentas pesqueras y se introdujera competencia. El propio Presidente Piñera abogó por esta opción cuando fue senador, a comienzos de los 90, por lo cual cabe suponer que apoyaba a Fontaine.
Sin embargo, la UDI se le rebeló al Presidente Piñera y éste terminó cediendo, lo que derivó en un proyecto de ley impuesto por su segundo ministro de Economía, Pablo Longueira. Correos electrónicos que se hicieron públicos con posterioridad describen los acuerdos y los temas tratados en una reunión del 26 de septiembre de 2011, con la presencia del ministro Longueira, el subsecretario y los incumbentes, donde se repartieron las cuotas entre los incumbentes. En reuniones posteriores, también a espaldas de la opinión pública, empresarios y pescadores artesanales acordaron oponerse a licitaciones que permitieran el ingreso de nuevos actores.
Argumentos falaces
La indignación de la ciudadanía al conocer la información anterior abrió la posibilidad de legislar al respecto. Como era de esperar, ante la posibilidad que se legisle para reparar, aunque sea en parte, el daño causado, la campaña de desinformación por parte de los industriales pesqueros ha sido agresiva y carente de condiciones mínimas de veracidad. ¿Tendremos algún día una ley de lobby de país desarrollado que permita conocer cuánto paga la industria pesquera a sus “asesores de comunicación” o de “asuntos públicos”?
Un primer argumento del lobby pesquero es que la campaña en contra de la actual Ley de Pesca es dirigida por una pequeña empresa nórdica, Lota Protein, que tiene menos del 1% de las cuotas industriales en la actualidad. Falso e irrelevante. Falso, porque la mayoría de quienes argumentamos a favor de las licitaciones competitivas de cuotas, incluyendo más de una docena de economistas independientes que firmamos una carta pública en tal sentido el 2012, no han recibido financiamiento alguno. Irrelevante, porque una empresa que espera aumentar su participación de mercado con licitaciones de cuotas efectivamente favorecerá dicha opción. Lo relevante es que esta empresa, de operar un mecanismo de asignación por licitaciones, compartiría parte importante de sus rentas con todos los chilenos, lo cual no sucede en la actualidad con las siete familias, muy chilenas, que controlan el sector pesquero industrial.
Un segundo argumento del sector pesquero es que se debe esperar un informe que contrató el gobierno con la FAO sobre el estado del sector. Dicho informe es un informe técnico que evaluará en qué medida la nueva ley está logrando el objetivo de evitar la sobreexplotación de recursos y no dirá nada sobre el tema político de distribución de rentas. Porque en el pasado los industriales pesqueros no sólo se llevaron todas las rentas, sino que, además, fueron incapaces de coordinarse de modo de que dichas rentas no mermaran producto de la sobreexplotación. Que un Estado decida cómo extrae las rentas y asigna los derechos de explotación sobre sus recursos naturales es una discusión política que excede las atribuciones de organismos como la FAO. La FAO tampoco puede dilucidar las dudas sobre la legitimidad de una ley donde la fiscalía investiga por cohecho a varios parlamentarios de las comisiones de Pesca por recibir pagos de empresas pesqueras.
Novedades preocupantes
Esta semana se publicó el reglamento para las subastas de derechos de pesca. La mayor parte de las licencias se licitan sólo entre los incumbentes, favorecidos por la Ley Longueira no sólo por la falta de competencia, sino que también por un régimen tributario particularmente favorable.
Sin embargo, la Ley Longueira contemplaba la posibilidad de licitar un número muy limitado de licencias, las llamadas Clase B, a nuevas empresas o a los propios incumbentes. El reglamento que se publicó esta semana, en la práctica dificulta enormemente dicha posibilidad. Porque favorece a los incumbentes que decidan participar en estas licitaciones por partida doble. Primero, porque pone un límite artificial a la participación de un entrante, límite que no aplica a los incumbentes. Segundo, porque en caso de ser una empresa extranjera, se le impone una serie de requisitos burocráticos, que debe cumplir en un plazo muy breve y que en la práctica hace muy difícil que participen dichas empresas.
Puntos de partida
Una moción parlamentaria ingresada hace un par de meses por los senadores Muñoz, Goic y Quinteros es un buen punto de partida para discutir los cambios a la Ley de Pesca que se requieren. Su propuesta apunta a fomentar la competencia, generar mayores ingresos para el Fisco y proteger de manera integral a los pescadores artesanales.
En entrevista reciente a este medio, un dirigente de los industriales pesqueros denunció que los asesores de los senadores habían sido desinformados por asesores de Lota Protein. Curioso que un sector que financió de manera irregular y probablemente ilegal a parlamentarios se queje de que un competidor informe de sus puntos de vista a los legisladores. “Lota Protein es un factor de confusión dentro de la legislación nacional” afirmó recientemente el máximo dirigente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes). Por el contrario, la empresa nórdica es un faro de esperanza para tener mayor competencia y mayores ingresos fiscales del sector pesquero.
La Ley de Pesca ilustra el enorme costo social que tiene el financiamiento irregular e ilegal de la política. Cuando los partidos y las campañas son financiados por intereses creados, estos pueden terminar capturando la agenda pública para su beneficio particular. Cientos de millones de dólares anuales que pudieron ser de todos los chilenos serán de unas pocas familias. El desprestigio de la política es la consecuencia natural de este tipo de situaciones, pues los ciudadanos perciben, con razón, que sus representantes no los representan. El gobierno debe comenzar por corregir los errores del reglamento que se hizo público esta semana.
Hoy, lunes 2, en carta a El Mercurio de Santiago de Chile, dos psiquiatras se refieren a los muchos casos de corrupción pública y privada que han sido conocidos en los últimos años y recuerdan que la superación de su efecto negativo sobre la confianza requiere reconocimiento, arrepentimiento y resarcimiento. Los casos denunciados se encuentran en etapa de reconocimiento, la mayoría con poco avance a pesar del tiempo transcurrido y de las muchísimas opiniones—algunas serias, la mayoría grotescas—que se han dado. Algunas personas han admitido responsabilidades, muchos han dado excusas, pero nadie parece haberse arrepentido. Y por supuesto nadie ha mostrado intención de resarcir a las víctimas. Peor, la Sra. Bachelet sigue insistiendo en su vieja táctica de nombrar comisiones que luego proponen leyes que tardan tiempo en aprobarse y que una vez aprobadas se ejecutan y aplican mal (hoy, la protección de los “nuevos” derechos individuales es casi nula y la protección de los viejos no ha mejorado, quizás sí empeorado). Hasta que los políticos elegidos para cargos púbicos, comenzando por la Sra. Bachelet, no muestren una disposición clara y seria por el reconocimiento (ojalá vía judicial y no mediática) y el arrepentimiento por los casos en que se han visto directamente involucrados, no se frenará el fuerte deterioro en la institucionalidad de la política y la economía (sí, debo advertir que las fuertes presiones de grupos extremos en la coalición gobernante para llamar a una asamblea constitucional sin agenda preestablecida parecen indicar que su intención es que se pierda la confianza en esa institucionalidad).
Hoy, en todas las democracias constitucionales, la política tiene mucho financiamiento pero no lícito. No debe extrañar porque la política puede ser un negocio muy rentable si se tiene éxito—quizás más rentable que las mejores actividades productivas y comerciales y que las mejores actividades ilícitas. El financiamiento de la política se complica porque lo que se financia son personas poco confiables y no hay “pololeo” alguno que genere confianza en el candidato (sí, el financiamiento de la política se puede ver como un caso extremo de financiamiento de ONGs y caridades). Ningún político puede dar las garantías que normalmente se exigen a vendedores de proyectos de inversión (de ahí que algunos políticos recién se reconocen como tales cuando han sido capaces de adquirir—bien o mal—una buena fortuna personal). Si uno acepta que la política es un mal necesario—el poder se justifica porque la coerción es necesaria para la coexistencia aunque su ámbito sea mucho menor que lo propuesto por los románticos del colectivismo—entonces hay que financiarla y hay que trazar líneas claras para controlar que su financiamiento no destruya la institucionalidad de la política en cuanto actividad para acceder y gozar del poder coercitivo legítimo (lo que buscan los políticos como oferentes) y del gobierno en cuanto instrumento para ejercer bien ese poder (lo que buscan los ciudadanos como demandantes). Nunca habrá igualdad de ningún tipo entre los ciudadanos y si se quiere controlar la importancia de la desigualdad de ingreso en la política y el gobierno, el financiamiento público se vuelve necesario pero hay que precisar bien cómo hacerlo. Ese financiamiento implica un subsidio a quienes compiten por acceder al poder, pero si aceptamos la soberanía popular lo lógico es que se subsidie la demanda, es decir, que el subsidio sea administrado por los demandantes. El subsidio a la demanda requiere el uso de vouchers distribuidos igualitariamente entre todos los ciudadanos para que ejerzan su derecho a apoyar a los políticos de su preferencia; dicho de otra manera, cada ciudadano (estrictamente cada inscripto en el Registro Electoral) tendría un voto y un voucher. Por supuesto, un sistema de vouchers requiere reformar el sistema de movimientos sociales y partidos políticos que podrían financiarse con los vouchers. Si algunos ciudadanos quieren hacer contribuciones adicionales—es decir, donaciones—no hay motivo para no respetar sus preferencias, pero tampoco hay motivo para que estas contribuciones puedan reducirse de la base del impuesto a la renta (pienso que sólo las personas naturales deben pagar impuesto a la renta y no hay justificación para que donación alguna sea reducida de la base del impuesto, y además que ninguna persona jurídica debiera pagar impuesto a la renta y hacer donaciones no relacionadas con la actividad específica de su personería).