La prueba de fuego del Servel

Nuestro sistema político está experimentando una de sus transformaciones más profundas en décadas al reformar su sistema electoral, el financiamiento de campañas y partidos, el voto de chilenos en el extranjero, cuotas de género, la eventual elección directa de intendentes, y el fortalecimiento de la democracia interna de los partidos. Todo lo anterior implica serios desafíos para el Servicio Electoral (Servel). Para esto se requiere una institución que asegure, simultáneamente, independencia, capacidad técnica y eficacia.
Ya se ha avanzado en esta materia, pues hoy el Servel considera un Consejo Directivo (CD), como órgano superior colegiado, y una Dirección encargada de la gestión. El pasado 31 de agosto el Gobierno envió una serie de indicaciones al Congreso para dotar al Servel de las atribuciones y los recursos que demanda su nuevo rol en la serie de reformas que contempla la agenda de probidad. Las indicaciones recién ingresadas incorporan, entre otros, la ampliación de las facultades del Servel, la modificación de la competencia de su CD y la extensión de la planta. Aun cuando constituyen un avance importante respecto de la estructura actual del Servel, dichas indicaciones son insuficientes y deben ser complementadas para sentar las bases de una nueva institucionalidad.
Una primera dimensión relevante es la nominación de los consejeros. Dado que en designaciones para otras instituciones autónomas del Estado se ha cuestionado la idoneidad técnica de los nombrados, aquí se plantea una oportunidad para avanzar en esta materia estableciendo, por ejemplo, el requisito de que quienes postulen deban testificar en audiencia pública en el Senado, de modo de permitir un mayor escrutinio político que el que existe en la actualidad. Con el objeto de asegurar todavía más la idoneidad profesional de los consejeros, se podría también seguir la recomendación del Consejo Asesor Presidencial incorporando al Sistema de Alta Dirección Pública para que, en una primera etapa, seleccione un grupo de 10 o 12 candidatos, todos ellos con las capacidades profesionales necesarias para integrar el CD, de modo que el Presidente de la República elija la quina que proponga al Senado de este grupo.
Respecto de las funciones fiscalizadoras del Servel, la propuesta del Gobierno plantea un modelo que entrega dichas funciones a cada una de las subdirecciones que se proponen, por separado: subdirección de partidos para control del gasto permanente, subdirección de gasto electoral para campañas. En este modelo, el director del Servicio resolvería procedimientos administrativos y aplicaría las sanciones establecidas en la ley, y remitiría al CD las resoluciones ejecutoriadas que dicte y sus antecedentes en caso de que sean infracciones graves.
El diseño propuesto presenta dos problemas. Primero, se trata de un modelo compartimentalizado en dos subdirecciones, lo que provocará duplicaciones de funciones fiscalizadoras. Segundo, se requiere distinguir con mayor nitidez las funciones fiscalizadoras y acusatorias de la función sancionatoria. Es por eso que el Consejo Asesor sugirió la creación de una fiscalía que concentre la fiscalización y acuse. El fiscal correspondiente debería ser nombrado por el CD a propuesta del director del Servel, y solo podría ser removido por el CD. La aplicación de la sanción le correspondería al CD y podría ser apelable ante el Tricel. En general, la experiencia comparada sugiere darles un mayor poder a entes colegiados como el CD, justo lo contrario que hacen las indicaciones ingresadas recientemente, que fortalecen a la Dirección del Servel en desmedro del CD.
Finalmente notamos un punto relacionado con la acción ciudadana. Con la legislación vigente, solo los presidentes de partidos pueden denunciar infracciones a la ley electoral ante el Servel. Las indicaciones introducen la posibilidad de que la ciudadanía pueda hacer denuncias, pero solo relacionadas con la propaganda electoral. Esta restricción parece injustificada. El nuevo Servel debiera poder recibir denuncias ciudadanas sobre todas las materias que le competen, teniendo en cuenta, eso sí, el hecho de incluir desincentivos a denuncias que persigan trasladar la contienda política y electoral a la arena de la fiscalización y sanción.
La debilidad estructural del Servel en la legislación del 2003 es un elemento importante para explicar los casos de financiamiento irregular de las campañas y los partidos que tienen que ver con la actual crisis de confianza en la política. Si la institucionalidad del Servel no se adecua debidamente, las reformas que se están tramitando para mejorar el marco regulatorio de la política terminarán siendo irrelevantes. En otras palabras, la reforma del Servel será la prueba de fuego del conjunto de declaraciones y proyectos para mejorar institucionalmente la política.