Quien haya bautizado la comisión que me tocó presidir como el Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción podrá postular al nombre más largo que jamás haya tenido una comisión, pero reprobaría, sin apelación, un curso introductorio de comunicaciones por poner todo en negativo y por su escasa capacidad de síntesis. Más parece el primer párrafo de un decreto presidencial que el nombre de una comisión. Es por eso que al cumplirse cuatro meses desde que concluyera nuestra labor me uno, no sin rubor, al selecto grupo de políticos que se refieren a sí mismos en tercera persona y hablo del Informe Engel.
¿En qué van las 21 iniciativas legales y las 14 medidas administrativas que tienen su origen en el Informe Engel?
Comencemos por convenir que la parte comunicacional está al debe. Nadie es capaz de seguir 35 iniciativas que corren por carriles distintos, y el gobierno ha hecho poco para facilitar dicha labor. En lugar de usar una o dos ideas-fuerza que capturen la esencia de todas las iniciativas, por ejemplo “más y mejor democracia”, durante mayo y junio tuvimos semanas con múltiples ceremonias, cada una para anunciar una iniciativa distinta, donde hasta los más motivados fueron perdiendo el interés.
Tampoco es posible que el Congreso procese un número tan abultado de iniciativas legislativas. Aquí ha habido avances y recientemente se anunció que seis proyectos serán aprobados durante lo que queda de 2015 y otros seis durante el primer trimestre de 2016.
Las propuestas del Informe Engel se agrupan en 21 áreas temáticas. Hay áreas con claros avances y otras donde no ha pasado prácticamente nada. Sin embargo, durante las últimas semanas el foco de la atención pública ha estado en la reforma de los partidos políticos y su financiamiento público.
Democracia interna en los partidos
El Informe Engel condicionaba la entrega de platas públicas a los partidos a que éstos asumieran estándares de democracia interna ausentes en la actualidad. Ni un peso para los partidos que funcionan como lo hacen hoy, pero acuerdo unánime del consejo para darles recursos públicos a partidos con una sólida democracia interna, transparentes y programáticos. Es preocupante, entonces, que los temas de democracia interna y financiamiento público estén en proyectos de ley distintos, lo cual dificulta negociar el condicionamiento y puede llevar al escenario impresentable en que se apruebe el financiamiento público sin que se aprueben las exigencias de democracia interna.
La situación es peor, sin embargo. Aun si se aprueban las exigencias de democracia interna, en la versión actual del proyecto estas son sumamente débiles, por lo cual no justificarían la entrega de recursos públicos a los partidos. Es por eso, probablemente, que el gobierno está considerando una serie de indicaciones para aumentar las exigencias de democracia interna. La reacción de los partidos, de gobierno y de oposición, ha sido negativa.
¿Por qué importa tanto tener partidos con democracias internas sólidas? ¿Por qué es poco satisfactoria la situación actual? El tema es clave y desconocido por la inmensa mayoría de las personas que no militamos en un partido.
Los problemas de los partidos comienzan con los padrones electorales que no son confiables y que permiten la existencia de los llamados caciques o caudillos. Los caudillos inscriben a decenas (a veces centenares) de militantes con direcciones falsas, de modo que sólo ellos pueden contactarlos. De esta manera, para ganar una elección interna, importa más obtener el apoyo de los caudillos, típicamente a cambio de favores, que proponer políticas que representen mejor la doctrina, ideología, programa y necesidades de los afiliados al partido. Se privilegia a los incondicionales por sobre los ciudadanos bien formados y con inserción social, bajando la calidad del reclutamiento partidario. Además, normalmente a estos incondicionales no se les ofrece cursos de formación ni de capacitación. También hay problemas con el proceso de ingreso de nuevos afiliados que no responden a caudillos, pues se acepta a algunos y se extravían las solicitudes de otros, probablemente dependiendo de la cercanía del postulante a la directiva partidaria.
A los problemas anteriores se agregan procesos electorales poco transparentes para elegir las directivas de los partidos, donde el Servel no garantiza que las preferencias de quienes votan se vean reflejadas en los resultados que se reportan y donde frecuentemente hay acusaciones de fraude. Y por si todo lo anterior no bastara, los tribunales de disciplina de los partidos a veces son controlados por las mayorías y se usan para acallar a las minorías, sin debido proceso y sin acceso a instancias externas en caso de abusos.
Así son nuestros partidos. De estas instituciones emanan nuestros presidentes, senadores, diputados, alcaldes y demás autoridades elegidas. De estas instituciones también viene la mayoría de quienes ocupan altos cargos en el Ejecutivo. El proceso viene viciado en su origen.
La ley de partidos debiera considerar un rol clave para el Servel en las elecciones internas y del Tricel como ente externo al cual pueden apelar los militantes y quienes no son aceptados en el partido. El proyecto que tramita el Congreso incluye muy poco en esta línea, los partidos reclaman que no quieren la “injerencia del Estado”, aunque no les molesta acceder a las “platas del Estado”. Si las elecciones en que participan todos los chilenos son supervisadas por el Servel, ¿por qué no se puede tener al Servel supervisando las elecciones internas de los partidos?
Ni el proyecto de ley ni las eventuales indicaciones del Ejecutivo llevan a una solución satisfactoria en el tema del padrón de los partidos. Ambas consideran reinscribir sólo una fracción del padrón, lo cual no resuelve el problema de los caudillos. No hay vuelta que darle, si queremos partidos con democracia interna efectiva debemos exigir la reinscripción de todos los militantes, sin excepción.
Los partidos dan una serie de argumentos técnicos de por qué no es conveniente reinscribir a todos sus afiliados, ninguno de ellos convincente. Más bien parece ser que las directivas actuales tienen temor a perder cuotas de poder y verse obligados a sincerar que sus afiliados efectivos son menos de lo que indican sus registros.
Un nuevo Servel
A comienzos de abril envié una carta a la Presidenta, en calidad de presidente del Consejo Asesor, solicitando que retrasara unas semanas el envío del proyecto de ley para fortalecer al Servel, con más recursos y una nueva organización interna. La Presidenta acogió la petición. La carta fue motivada porque la ministra de la Segpres había comprometido dicho envío para el 15 de abril. Pues bien, han transcurrido más de cuatro meses y todavía no ingresa el proyecto de ley con la nueva orgánica del Servel. El tema es urgente.
El nuevo Servel debe estar funcionando en 10 meses, cuando comiencen las campañas para las primarias de las municipales del próximo año, con la capacidad de fiscalizar en terreno al menos una fracción importante de las elecciones. Tomará varios meses reestructurar el Servel, contratar a los nuevos funcionarios, echar a andar los nuevos procesos. Se trata de un desafío de gestión mayor. Si el Servel no tiene la capacidad de fiscalizar debidamente en las próximas elecciones municipales, cualquier posibilidad de recuperar la confianza ciudadana se puede terminar esfumando de manera definitiva.
Se necesitan tres para bailar este tango
Los desafíos están planteados, la pregunta es quién tiene el liderazgo para enfrentar estos desafíos. La respuesta es que se necesita de tres actores. En primer lugar está el Ejecutivo, partiendo por la Presidenta y los ministros claves. Aunque han dado muestras claras de compromiso con esta agenda, ellos no bastan. Porque requieren de los votos de los parlamentarios, porque los niveles de apoyo que tienen son bajos. Aunque todavía minoritarios, en semanas recientes han emergido liderazgos interesantes en el Congreso, entre ellos el presidente del Senado, Patricio Walker, quien se ha comprometido a apoyar la reinscripción de todos los afiliados a los partidos.
Para convencer a los parlamentarios se necesita también un rol más activo de las organizaciones sociales y la sociedad civil. Lo sucedido hace poco más de un mes, luego de la denuncia de una indicación que permitía el financiamiento de los partidos por parte de empresas es interesante. Más allá de que los legisladores y el Ejecutivo se culparon mutuamente, lo relevante es que una vez que la opinión pública se enteró del “error” y puso presión, éste fue corregido rápidamente.
Se necesita de actores de la sociedad civil, del Ejecutivo y del Legislativo para introducir y aprobar los cambios que requiere el proyecto de ley de partidos políticos. No será fácil, pero tampoco es imposible. Es el momento para que emerjan y se potencien liderazgos claves que se jueguen por una mejor democracia.
