Esta nota también ha sido publicada en la revista Dinero.
La “institucionalidad cafetera” no ayuda a elevar y estabilizar el ingreso de los caficultores, sino el de la Federación Nacional de Cafeteros
En adición a los onerosos impuestos y contribuciones que tenemos que pagar todos los colombianos, los caficultores están forzados a transferir en forma poco transparente una parte sustancial de sus ingresos a una cuenta pública llamada Fondo Nacional del Café, mediante la cual se financian las actividades “institucionales” de la Federación Nacional de Cafeteros.
Esas transferencias representan fácilmente 15% del ingreso de los caficultores, que en su mayoría son gente pobre, con escasos beneficios para ellos o para la competitividad de la caficultura. Ese es el nudo del acalorado debate que se ha dado en los últimos meses entre los representantes de la Federación, que defienden la “institucionalidad”, y quienes participamos en la Misión Cafetera convocada por el gobierno y dirigida por Juan José Echavarría.
Veamos cómo se le extraen parte de sus ingresos a los caficultores. Por un lado, por cada libra de café exportado deben entregarse como “contribución cafetera” seis centavos de dólar al Fondo Nacional del Café. Como los precios de exportación son lo que son, estos seis centavos son ingresos que pierde el caficultor. De hecho, están descontados ya de los precios de la “garantía de compra” que anuncia a diario la Federación para adquirir el café pergamino en las zonas productoras.
Por otro lado, hay un segundo descuento menos transparente. Esos precios de compra están calculados para asegurar que las exportaciones de café que hace la Federación le dejen una rentabilidad del 8% a los activos del Fondo. En 2013, ese margen fue equivalente a 7,1 centavos por libra de café exportado. Por consiguiente, en 2013 los caficultores pagaron cerca de 13 centavos de dólar por libra de café para financiar la “institucionalidad”. Según mis propios cálculos, estos sobrecostos equivalen a una tasa de impuesto de 15,3% sobre los ingresos que le habrían quedado a los caficultores y sus trabajadores después de pagar el costo de los insumos.
Puesto que estos sobrecostos operan en forma plana para todos los cafeteros, corresponden a un impuesto al ingreso sin ninguna progresividad (incluso pueden ser regresivos, pues solo los caficultores sofisticados pueden producir cafés de alta calidad). Aparte de no ser progresivos, los sobrecostos por la contribución y las ganancias comerciales tienen el defecto de ser procíclicos, ya que su tasa se eleva cuando los precios de venta bajan y viceversa. (Eso contribuyó a que el gobierno tuviera que subsidiar a los caficultores en 2013 y parte de 2014 para evitar su ruina en un momento de revaluación y bajos precios externos).
Por consiguiente, la “institucionalidad cafetera” no contribuye a elevar y estabilizar los ingresos de los caficultores, como arguyen sus defensores. Al contrario, la contribución cafetera y la garantía de compra operan como mecanismos de protección y estabilización de los ingresos del Fondo Nacional del Café, de los cuales depende la Federación, a costa de reducir y desestabilizar el ingreso de los caficultores (y permitiendo de paso que los exportadores privados paguen precios más bajos de lo que tendrían que hacerlo si no existieran tales mecanismos).
El alto sobrecosto que implica la “institucionalidad” no sería preocupante si hubiera evidencia de que los caficultores derivan importantes beneficios de los programas que realiza la Federación con esos recursos. Pero como queda claro en el Informe de la Misión, no hay tales beneficios para el caficultor. Las condiciones de vida en las zonas cafeteras ya no son mejores que las de otras regiones del país, la mayoría de los caficultores son pobres, sus ingresos son muy inestables y ni siquiera cuentan con seguridad social. Quienes sí tienen asegurado su empleo, sus ingresos y sus pensiones son los funcionarios de la Federación.
Además, la evidencia comparativa internacional indica claramente que la parafiscalidad y las intervenciones del gobierno en las actividades cafeteras (en forma directa o delegada) no son necesarias para el éxito de la caficultura. Al contrario, a más intervención, peores son los resultados de productividad y más bajos los ingresos de los caficultores. Las únicas actividades justificables son la investigación y la difusión tecnológica y ambiental, de las cuales depende la sobrevivencia de la caficultura, y a las que se dedican actualmente muy pocos recursos.
Señor Presidente, señor Ministro de Hacienda: defiendan a los caficultores, no a la Federación; reformen a fondo la “institucionalidad cafetera”.
La Federación de Cafeteros ha realizado con tales dineros las obras físicas en la región como son las vías terciarias, los acueductos rurales, la electrificación, el saneamiento básico y sobre todo ha realizado la transformación del cultivo con nuevas densidades de siembra, con variedades resitentes a la roya. En el plano comercial le ha dado nombre y categoría a la calidad del café suave. Las cooperativas de caficultores han sido el baluarte para el comercio del grano y finalmente, los pensionados de la empresa lo son por parte del regimen común de seguros sociales.
Esta es una situación lamentable porque se trata de un gravamen sumamente regresivo. De hecho, este es un fenómeno que era muy común en toda África subsahariana durante las décadas de los sesenta a los ochenta del siglo pasado, a través no de las asociaciones o federaciones nacionales sino de los llamados “price stabilization boards”. Estos operaron no solo para el caso del café, sino para todo tipo de exportaciones (cacao, aceite de palma, caucho, etc.) Como lo demostró el estudio clásico “Markets and States in Tropical Africa”, de Robert Bates, estos boards nunca estabilizaron el precio o proporcionaron algún servicio o beneficio a los campesinos a los cuales se suponía debian asegurar, sino que se convirtieron en un impuesto más. Además, dicho impuesto llegó a ser de hasta el 40 por ciento del valor de mercado de la cosecha en cuestión. Es sorprendente que independientemente del país o el cultivo del que se tratase, el resultado fue muy similar: altas tasas impositivas.
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros ha llamado a Eduardo Lora «burócrata internacional» y «vendedor de políticas». No ha habido un foro en que hayamos presentado nuestra visión de la institucionalidad cafetera (un resumen de esa visión se encuentra en Foco Económico, aquí: http://bit.ly/1FL9na4) en que no hayamos salido insultados. En el mejor caso el argumento de los defensores del status quo es que «no entendemos». Yo creo que el problema es que sí entendemos. Y quisiera hacer una invitación pública a la FNC y en general a los defensores de la institucionalidad actual, a participar en esta conversación con argumentos. Como estrategia de comunicación es muy pobre cuestionar nuestra integridad y nuestra competencia.
Esta situación es más grave de lo que se cree. Por ejemplo, con los subsidios que dio el gobierno en el 2013 se beneficiaron los grandes propietarios. Porque estos usualmente, también compran café, que luego venden a la FNC a través de las cooperativas de los caficultores. De esta forma, reportaron el café de sus fincas más el que compraban a los pequeños caficultores, y por eso pudieron obtener todos las ganancias, al contrario de los pequeños caficultores. Para todos fue claro que el gobierno hizo esto adrede, por eso, ya no queremos ser más federados, pero ante el hecho de no serlos, es como elegir entre el cáncer o el sida.
Nuestro principal contradictor, el gerente de la Federación, podría haberse ahorrado los insultos y hecho un esfuerzo mayor en aclarar sus argumentos.
Tanto él, como otros defensores del statu quo, consideran que cualquier reforma que se haga a la institucionalidad cafetera pondría a los caficultores a merced de las «hienas» multinacionales y de los exportadores privados. Pero esto ignora que la fórmula que aplica la Federación para fijar a diario los precios de compra del café permagino no solamente deja expuesto al caficultor a todas las fluctuaciones del precio externo, sino que le impone un gravamen adicional, que en parte beneficia a los mismos exportadores privados, como ya lo he explicado en mi artículo. En otras palabras, la Federación fortalece a las «hienas», no a los caficultores.
Otro argumento de defensa de la institucionalidad son las inversiones y gastos sociales que se hicieron en el pasado con recursos del Fondo Nacional del Café. Este argumento olvida que toda la institucionalidad actual se originó en una concesión extraordinaria que hizo el gobierno al gremio cuando se estableció el Pacto de Cuotas.
La historia es como sigue. El Pacto de Cuotas fue un mecanismo para restringir la oferta de café, promovido por Estados Unidos para apoyar a los países en desarrollo y alejarlos de la tentación del comunismo. Con menor oferta los precios serían más altos y habría unas ganacias extraordinarias que el gobierno podría captar mediante un impuesto a las exportaciones (como se hizo en otros países cafeteros). Pero eso requería un sistema de control de las exportaciones que el gobierno colombiano no era capaz de implementar, pero sí la Federación. Se acordó entonces que el gobierno le cedería al gremio la recaudación del impuesto y otros gravámenes al café, a condición de que invirtiera parte sustancial en el desarrollo de las zonas cafeteras.
Por consiguiente, es a la generosidad de los gobiernos de los países compradores primero que todo, y luego del gobierno colombiano, a quienes se debe el desarrollo más acelerado que tuvieron las regiones cafeteras respecto al resto del país. La Federación fue ejecutora, y también beneficiaria, de las buenas intenciones oficiales.
Pero hace más de un cuarto de siglo que desapareció el Pacto de Cuotas y con ello las rentas que sostenían la institucionalidad. En ausencia de esas rentas ahora se grava a los caficultores en forma regresiva a través del precio de compra del café pergamino.
Un tercer argumento en defensa de la institucionalidad es que el gasto en investigación y difusión tecnológica es esencial para la competitividad del café. Esto muy posiblemente es cierto. El problema es que apenas entre 3 y 4 de los 13 centavos por libra que se descuentan al caficultor se destinan a este objetivo. El resto se diluye en pesados costos burocráticos, publicidad y pequeños programas de inversión y gasto social de dudosa eficacica. De hecho, las condiciones sociales y la infraestructura en las zonas cafeteras ya no difieren en nada significativo de las de otras zonas del país, como ha sido documentado en forma muy detallada en uno de los estudios de la Misión Cafetera.
Por consiguiente, las tres principales argumentos de los defensores de la institucionalidad son en realidad poderosas razones para hacer una reforma profunda.
Me parece que el artículo es inconducente, altamente cargado de política y poco de economía. Primero, no tiene sentido ni económico (ni común) pensar que si un gremio tiene una garantía de compra la Institución no hace nada. Segundo, si se elimina la garantía de compra no es conducente que los privados compren a menores precios. Nociones de microeconomía y de teoría de juegos muestran que ante una disminución en el número de compradores aumenta la probabilidad de constituir un oligopsonio. ¿Qué pasará en aquellas zonas de café en donde, como dicen los mismos caficultores, la Federación es el único comprador?. Si, el precio quedara 100% en poder de los privados, que entre otras cosas, son la parte fuerte de esta relación. (Para mayor ilustración remitirse al gremio de los arroceros). Tercero, El artículo desconoce los avances científicos del genoma del café y las nuevas variedades de café que se han desarrollado en Cenicafe. Cuarto, ¿en donde queda la labor social de la Federación? esa misma que infortunadamente es tildada por el autor como de «dudosa eficacia» pero sobre la cual la economía muestra que como «ciencia», su alcance para medir el impacto de programas como por ejemplo una construcción de albergues definitivamente es limitado y ahí si de «dudosa eficacia». Quinto, el artículo desconoce cualquier noción básica de Derecho Tributario. No es lo mismo un Impuesto que un Parafiscal. Lo invito a leer el texto Derecho Tributario para no abogados y entender que la diferencia no es simplemente por gusto o gramática. Por último, el autor comenta que el Gerente de la Federación lo insultó y que no debatió sus ideas. Lo cual me parece una postura errónea sin embargo, en la columna el autor plantea: «Quienes sí tienen asegurado su empleo, sus ingresos y sus pensiones son los funcionarios de la Federación.» Cuando se debate, se debe hacer con fundamentos y razones no con argumentos ad hominem, que fuera de enriquecer la discusión, la extraen de una esfera académica y la ponen en la degradada palestra pública de las ofensas.
Alejandro Y. Te recomiendo que leas los documentos de la Misión. Es cierto que hay algunos mercados de compra de café en los que no hay suficientes compradores, pero son una gran minoría. La recomendación de nuestro documento es mantener la presencia de un comprador «subsidiado» (lo que son hoy día los puntos de venta de la FNC en muchas partes del país) en los mercados en los que se identifique insuficiente competencia. También hay un documento que examina las inversiones sociales que se hacen a través de la FNC. El cuestionamiento aquí es si se deben entregar recursos públicos a un actor privado para cumplir estas funciones cuando hay unas entidades del estado responsables, que hoy día tienen más alcance que hace años, cuando se configuró el sistema actual. Es como si le entregáramos a dedo a CLARO la responsabilidad de atender las poblaciones no servidas con recursos de la Nación. Tienes que admitir que esto sería, al menos, raro. Lo que muestran los ejercicios de Eduardo es que el esquema concebido para impulsar la caficultura en Colombia dejó de ser efectivo. A los caficultores seguramente les iría mejor si lo reformamos en algunas direcciones, separando lo público de lo privado. Ese es el eje central de nuestra propuesta de reforma institucional. Porque hoy todo está mezclado en una sola entidad y eso dejó de funcionar. Finalmente, si conoces los argumentos de la FNC en contra de esta idea, por favor compártelos con nosotros para que entendamos por ejemplo, por qué los demás exportadores deben reportar sus transacciones de negocio a la FNC, por qué cuando la FNC ha hecho un mal negocio la pérdida se cubre con los impuestos de los colombianos, y por qué está bien que un productor cualquiera de café pasilla, que encuentre un comprador en los mercados internacionales, vea impedido ese negocio por los estándares de calidad que impone la FNC.
La discusión es muy interesante porque pone énfasis en la infinita capacidad que tenemos en Colombia de mirarnos el obligo y considerar que es el centro del universo. La experiencia de muchos otros países, como Guatemala o Costa Rica, donde la representación gremial está desatada de la compra garantizada o del apoyo gubernamental al oligopsonio privado, la experiencia muestra que la reacción de esa organización gremial ante desafíos de los mercados externos puede ser mucho más benéfica. Cito el ejemplo de Café Britt y su evolución como fuente de generación de ingresos diversificados para los caficultores, o el del posicionamiento del café de finca logrado por los ‘cafetaleros’ guatemaltecos, para ilustrar cómo la reacción privada a los fenómenos externos puede resultar más creativa y efectiva que la de un ente centralizado que al tener garantizado su ingreso tiene poco incentivo para reaccionar rápidamente y cambiar su modelo de negocio.
La adopción de certificaciones internacionales, el acceso a nuevos canales de comercialización basados en la diferenciación y otras acciones basadas en el mercado deberán aumentar el dinamismo de las exportaciones en caso de modificar la institucionalidad comercial cafetera dentro del país. Eso no puede sino traer beneficios.
[…] Los estudios de la Misión llevaron a la conclusión de que los caficultores pagan un impuesto del orden del 15% de sus ingresos, que van a financiar una pesada burocracia y una diversidad de programas de dudosa eficacia. Ese impuesto resulta en parte de la contribución cafetera y en parte de las jugosas ganancias de la actividad comercial que la Federación Nacional de Cafeteros lleva a cabo con recursos del Fondo Nacional de Café (véase mi columna de la revista Dinero de marzo de 2015, reproducida en Foco Económico). […]