Habitualmente, febrero es un mes poco noticiosos, no así febrero de 2015, que pasará a la historia como una notable excepción. Emergieron nuevas aristas en el caso Penta, aparecieron boletas sospechosas en SQM y se destapó, sin aviso previo, el caso Caval-Dávalos. Todo sugiere que estos casos nos mantendrán ocupados durante buena parte del año que recién comienza, por los avances en las investigaciones en curso, por las nuevas aristas que probablemente vayan emergiendo y por el impacto que tendrán sobre la agenda legislativa.
El miércoles, la Presidenta Bachelet instruyó a su comité político para que elabore una propuesta que permita regular la relación entre lo público y lo privado, entre la política y los negocios, de manera eficaz y estricta, de una forma que “el país no ha conocido hasta ahora”.
Cabe preguntarse cuáles son los temas que debiera abordar esta propuesta y cuál debiera ser el énfasis en cada tema. También cabe preguntarse cómo lo hará el gobierno para que el Congreso sea receptivo a la agenda que emerja.
Demasiado creatividad
La creatividad para evadir impuestos de los ejecutivos del grupo Penta no deja de ser sorprendente. En semanas recientes se descubrieron contratos de futuros por más de 200 millones de dólares, en que se manipulaban, de manera absolutamente ilegal, las fechas que son claves en estos contratos, para reducir los impuestos que pagaban los ejecutivos de Penta por sus bonos. A lo cual se agrega un cuestionable “arriendo de acciones” a fin de año, con el objetivo de reducir el monto a pagar por la patente municipal.
Es difícil creer que esta creatividad para evadir impuestos haya sido exclusiva de los ejecutivos del grupo Penta, es probable que algunas de estas prácticas hayan sido comunes más allá del grupo liderado por Délano y Lavín y que su descubrimiento en Penta se deba a la información entregada por un ex gerente enojado con sus ex empleadores.
Un as bajo la manga
La UDI apostó su futuro a que políticos de todos los sectores recibieron financiamiento ilegal y que la Nueva Mayoría está rompiendo un acuerdo tácito de no agresión en temas de financiamiento de la política. Este naipe comenzó a jugarse en febrero con la investigación de una serie de boletas entregadas por SQM a personas cercanas a varios políticos. Según esta tesis, el error de Penta fue haber dedicado casi todos sus recursos a un solo partido y la investigación de SQM pondrá las cosas en su lugar, ya que este grupo empresarial fue más transversal al seleccionar los destinatarios de sus contribuciones. De modo que mientras más años se investiguen en el caso SQM, mejores son las chances de la UDI de empatar la arista política del caso Penta.
Es temprano para sacar conclusiones, pero parece probable que emerja un número significativo de políticos de la Nueva Mayoría que recibió financiamiento electoral, probablemente al margen de la ley, de SQM. Al mismo tiempo, parece improbable que aparezca otro partido que tenga un grado de “integración vertical” con sus financistas similar al que ha quedado en evidencia en la simbiosis Penta-UDI. La batalla comunicacional que viene será feroz, la oposición buscando empatar, el oficialismo buscando enfatizar la diferencia.
El hijo y la nuera
El préstamo del Banco Chile por más de 10 millones de dólares que le permitió a la empresa Caval comprar y poco después vender terrenos con una ganancia de 2.500 millones de pesos fue la noticia más importante del mes de febrero. Porque la nuera de la Presidenta Bachelet es dueña del 50% de Caval; porque el patrimonio de Caval es de tan sólo seis millones de pesos, lo cual hace difícil justificar la obtención de un crédito cien veces mayor; porque el dueño del Banco Chile recibió al representante de Caval junto al hijo de la Presidenta.
Hay preguntas cuya respuesta se debiera dilucidar en los meses que vienen. La más importante es por qué el síndico de quiebras que vendió los terrenos en cuestión a Caval aceptó un precio muy inferior al valor que Caval obtuvo pocos meses después. Una posibilidad es que el síndico no fue diligente buscando al interesado dispuesto a pagar un mayor precio por los terrenos. Otra, que los socios de Caval tenían información que sugería que los terrenos valían más de lo que el resto del mercado suponía.
El caso Caval es un ejemplo más de las “pasadas” que son más habituales de lo que uno quisiera en nuestro medio; un ex presidente de centroderecha fue multado por la SVS por operaciones similares. Sin embargo, el daño es mucho mayor cuando se trata de personas cercanas a la Presidenta de un gobierno cuyo objetivo es crear una sociedad más inclusiva y justa, donde se premie el esfuerzo y no los contactos.
Una posible agenda
Motivado por la arista política del caso Penta, en diciembre el gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley para reformar cómo se financia la política. El proyecto pone fin al financiamiento de las empresas y enfatiza la transparencia de las donaciones electorales, haciéndose cargo de dos debilidades de la legislación actual. El proyecto también termina con el financiamiento exclusivamente privado de los partidos políticos, agregando una componente pública que crece con el número de legisladores y votos obtenidos.
Teniendo elementos valiosos, el proyecto del gobierno se puede mejorar en varias dimensiones. Primero, los montos que destina a financiar los partidos son insuficientes, del orden de tres millones de dólares anuales a repartir entre todos los partidos, una suma muy inferior a los montos públicos destinados a las campañas electorales.
En la actualidad, los partidos políticos carecen de autonomía económica, lo cual los lleva a depender de mecenas internos, quedando expuestos a grupos de interés que pueden capturar su agenda. Por eso, a pesar de que será impopular, es importante que el financiamiento público de los partidos sea mayor y que las exigencias para recibir dicho financiamiento, las “virtudes republicanas” que uno desea exhiban los partidos, también sean mayores que las contempladas en el proyecto del Ejecutivo.
La reforma de financiamiento de la política también debe fortalecer al organismo fiscalizador, el Servel, estableciendo sanciones acordes a la gravedad de las infracciones. El Servel debe disponer de las atribuciones y los recursos para ejercer una efectiva fiscalización, lo cual evidentemente no sucede en la actualidad, donde se descubrieron ilícitos en el financiamiento electoral gracias al SII y no a la labor del Servel.
Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de las faltas, por lo cual las multas vigentes deben aumentarse. De la misma manera que se exige la devolución de los premios cuando un ciclista gana una competencia recurriendo al dopaje, quien gane una elección transgrediendo flagrantemente las reglas de la competencia política debe perder su cargo.
El gobierno no incluyó la reforma del Servel en el proyecto que ingresó al Congreso en diciembre, comprometiéndose a enviar un proyecto destinado exclusivamente a este tema antes del 15 de abril. Sin una reforma radical del Servel, los restantes cambios a la legislación de financiamiento electoral servirán poco o nada, ya que será prácticamente imposible fiscalizarlos.
El financiamiento de la política es sólo un elemento de una agenda que busca una sana relación entre el dinero y la política, hay otras componentes que también son importantes.
Las declaraciones de intereses y patrimoniales que deben hacer las autoridades en la actualidad son claramente insuficientes. Basta con que un parlamentario indique que tiene todo su patrimonio en la sociedad “Aquí escondo mi Plata”, sin entregar detalle alguno sobre las inversiones que realiza esta sociedad para que cumpla con las exigencias actuales. Existe un proyecto que se hace cargo de esta falencia en el Congreso, pero que se encuentra detenido; dicho proyecto debiera reactivarse y, posiblemente, perfeccionarse.
El sistema de Alta Dirección Pública (ADP) constituye la reforma del Estado más importante de la década anterior. No obstante lo anterior, sus falencias han quedado en evidencia y son serias, por lo cual es hora de hacerse cargo de ellas.
La rotación de profesionales cuando asumieron los gobiernos de Piñera y el segundo gobierno de Bachelet fueron excesivas, atentando contra el objetivo central del sistema de ADP. También se ha abusado de la figura de los directores provisionales. Un signo positivo es que pareciera existir bastante consenso entre quienes han ocupado cargos directivos en el sistema de ADP sobre las reformas por hacer. El desafío mayor es que los partidos acepten perder las cuotas de poder a que tienen acceso en la actualidad nombrando militantes en cargos del sector público.
La ley de lobby aprobada a fines del gobierno anterior y que entró en vigencia recientemente fue un avance significativo, aunque el gobierno debió ceder en algunos temas claves para obtener los votos necesarios. Ha habido iniciativas para limitar la efectividad de la nueva legislación que el gobierno ha resistido. También hay temas donde se podría avanzar, por ejemplo, transparentando información sobre las empresas que realizan lobby, con declaraciones regulares sobre los intereses que representan y los montos involucrados.
Un tema que sigue pendiente es aquel de reglamentar las incompatibilidades para acceder a cargos públicos y de quienes acceden a estos cargos para participar en la toma de ciertas decisiones. No es bueno que sea posible que el ministro de Obras Públicas haya sido un ejecutivo de la Cámara Chilena de la Construcción o de la Asociación de Concesionarios, tampoco que un presidente mantenga la propiedad de empresas cuyas utilidades dependen de decisiones de sus subalternos.
Una relación sana entre lo público y lo privado también incluye tasas de evasión bajas. El exceso de creatividad por parte del grupo Penta al momento de reducir su base tributaria confirma la importancia de las nuevas atribuciones del SII contempladas en la reforma tributaria aprobada recientemente.
El gran desafío
Lo que distingue a países donde la interacción entre lo público y privado funciona bien de aquellos donde funciona mal no es la ausencia de escándalos, sino la capacidad para reaccionar a ellos.
Helmut Kohl pasará a la historia como el líder que logró la reunificación de su país, un lugar privilegiado en la historia de Alemania. No obstante lo anterior, su carrera política llegó a su fin por un escándalo de financiamiento electoral en que estuvo envuelto. En un país vecino, en cambio, no pasó nada luego de que se descubriera un maletín con un millón de dólares en billetes en el baño de un ministro.
Son varios los proyectos de ley estancados en el Congreso que, de haber sido aprobados, habrían evitado buena parte de los escándalos recientes. No avanzaron porque a los parlamentarios, al igual que el resto de la ciudadanía, no les gusta que los fiscalicen y, a diferencia del resto de la ciudadanía, son ellos quienes deciden cuándo y cómo son fiscalizados.
No será fácil convencer al Congreso para que legisle en serio sobre los temas mencionados en esta columna, la presión ciudadana será clave, ya que el capital político que tiene el gobierno para destinar al tema es limitado. El riesgo que corremos es que los cambios sean percibidos como cosméticos o un perdonazo encubierto, en cuyo caso el desprestigio de la clase política alcanzará niveles tales que los liderazgos populistas y mesiánicos se volverán atractivos para sectores amplios de la ciudadanía.
