Hace unos años, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que hizo más estricta la regulación a las tarjetas de crédito. En particular, puso límites a la capacidad de los bancos de cobrar ciertas comisiones.
Un grupo de académicos de las universidades de Chicago y Nueva York, entre otras, estudió los efectos de estos cambios regulatorios.
Limitar transacciones voluntarias puede llevar a efectos nocivos: mientras caen unas comisiones en respuesta a la nueva ley, suben otras, eventualmente perjudicando a los consumidores.
Sorpresivamente, la regulación funcionó, al menos en el mediano plazo: las comisiones cayeron en más de un 20%, sin efectos sobre los intereses cobrados ni el acceso al crédito, favoreciendo, en especial, a quienes eran considerados más riesgosos por el sistema.
Está por verse si los efectos perdurarán en plazos más largos. Aun así, los resultados invitan a incorporar nuevas ideas a la regulación financiera más tradicional.
Los clientes de tarjetas de crédito suelen centrarse en tres aspectos al firmar un contrato, todos ellos importantes: la tasa de interés, la comisión anual y eventuales premios y promociones.
Sin embargo, las comisiones reguladas en EE.UU. fueron las menos visibles, como las multas por atrasos, por sobrepasar el límite de crédito o mantener la tarjeta inactiva. No fue la tasa de interés lo que se reguló, sino los cobros escondidos.
Cuando los consumidores no son lo suficientemente sofisticados, al menos en relación con los productos y servicios ofrecidos, es posible esperar estos efectos.
En Chile, la Encuesta de Protección Social ha intentado medir nuestra sofisticación financiera. Los resultados no son alentadores.
Por ejemplo, se pregunta cuánto tendrá acumulado al cabo de dos años una persona que ahorra $200 al 10% anual. La respuesta correcta es $242. Sin embargo, menos de un cuarto de los encuestados entrega una respuesta razonablemente cercana a ese valor.
El analfabetismo financiero puede ser costoso y es importante enfrentarlo. Algunos creen que la solución está en la educación financiera. En mi opinión, ella no es suficiente. Primero, porque se necesita que la educación genere conocimiento. Segundo, aun si ello ocurre, debe traducirse en comportamientos adecuados.
Una extensa literatura empírica ha encontrado a lo más una relación débil entre acceso a educación financiera y una buena administración de las finanzas personales.
Quizá hay aprendizaje, pero una serie de limitaciones muy humanas, como una confianza excesiva en las propias capacidades, la falta de fuerza de voluntad y otros sesgos cognitivos, impiden que el conocimiento se traduzca en buenas decisiones.
La sofisticación financiera no solo consiste en manejar conceptos como el de tasa de interés compuesta. También significa actuar acorde a ese conocimiento.
Ante esta realidad, más efectiva parece ser una regulación que reconozca nuestras discapacidades. En Chile se exige entregar información clara, completa, relevante, comparable, fiable, oportuna y gratuita. Pero hay muchas maneras de llevar eso a la práctica, unas más eficaces que otras.
Por ejemplo, la nueva regulación en Estados Unidos requiere que las cartolas de las tarjetas indiquen expresamente los costos de cancelar una deuda sobre la base del pago mínimo mensual en relación con hacerlo en plazos más cortos.
El trabajo citado muestra que entregar así la información lleva a que una fracción relevante de deudores pague en un lapso menor de tiempo y consiga ahorros significativos.
Quizá no hemos encontrado aún los métodos educativos o el foco correctos. El mercado financiero es dinámico y lo que se necesita saber para tomar buenas decisiones es cada día más complejo.
Ello no significa que no debamos buscar formas de enseñar con efectividad cómo manejar un presupuesto, incluso desde pequeños.
Lo relevante, sin embargo, es que la protección al consumidor financiero no puede descansar en la educación. El problema de un eventual mal manejo de las finanzas personales no está solamente en los consumidores. Educación y regulación son complementos, no sustitutos.
En particular, se debe tomar en cuenta que el comportamiento de las personas depende crucialmente del contexto y que por tanto es crucial alinear los incentivos de las empresas financieras con las necesidades de los consumidores.
El mercado de capitales, a través del ahorro y el endeudamiento, es un instrumento que bien utilizado permite elevar el bienestar de las familias.
Conseguir aquello no debe depender de que cada uno se vuelva experto, sino más bien de una regulación que reconozca las naturales limitaciones de las personas.
