Si hace un par de meses le hubiesen contado que la UDI y RN habían suscrito un acuerdo afirmando que es “indispensable que el país cuente con una reforma tributaria que permita recaudar 3% del PIB y mejorar la distribución del ingreso mediante mayor equidad tributaria” usted no lo habría creído. Eso sucedió el martes pasado, reflejando una nueva realidad.
Luces
Que el régimen con renta atribuida pase a ser opcional y que la mayor parte de la recaudación por impuesto a la renta venga de un régimen parcialmente desintegrado es una mejora respecto del proyecto original que incorpora varias de las lecciones que emergieron durante el trámite legislativo. Una tasa de 27 por ciento a las utilidades reinvertidas y, en el caso de las rentas más altas, superior al 40 por ciento para las utilidades distribuidas, asegura que la reforma tenga un elemento redistributivo importante e incentivos potentes para la reinversión de utilidades.
También es bueno que se haya mantenido la norma antielusión y antisimulación contenida en la propuesta original, agregando resguardos que parecen razonables. Finalmente, haber logrado un acuerdo transversal para una reforma importante que mantiene los objetivos que planteó originalmente el gobierno es muy positivo.
Sombras
No todo en el acuerdo son buenas noticias. Una serie de medidas son altamente regresivas, ponen en riesgo alcanzar la meta de recaudación acordada y afectan negativamente el crecimiento en una perspectiva de mediano plazo. Me refiero a varias granjerías y exenciones para empresas de tamaño mediano y pequeño. Se suben los topes máximos para que empresas de los sectores agrícola, minería y transporte accedan a la renta presunta, régimen tributario que, en la práctica, lleva a tasas muy inferiores a las que pagan los dueños de otras empresas.
El acuerdo también favorece a los dueños de empresas con menos de 100 mil UF en ventas con una reducción del impuesto de primera categoría a la mitad (13,5 en lugar del 27 por ciento). Este beneficio ya existe con el sistema actual, pero el acuerdo suscrito contempla ampliarlo (antes aplicaba sólo a empresas con a lo más 50 mil UF en ventas) y sube el tope máximo por este beneficio (de 2.500 a 4.000 UF).
Elusión
Mi preocupación por las medidas anteriores es doble. En primer lugar, están los abusos por parte de contribuyentes de altos ingresos que utilizan estas granjerías para reducir sus obligaciones tributarias. Por ejemplo, estudios de abogados que también son dueños de un camión para acogerse a la renta presunta y así tributar menos. También existe la posibilidad de que contribuyentes de altos ingresos creen artificialmente una serie de empresas de tamaño pequeño con el objeto de pagar menos impuestos (una especie de multiRUT tributario). Los argumentos pro-pyme podrían justificar una rebaja de impuestos al dueño de un camión, pero no al dueño de una flota de camiones (debidamente divididas en varias empresas con un camión cada una).
Crecimiento
Toda economía tiene empresas pequeñas, medianas y grandes, pero la fracción de cada tipo de empresa varía de un país a otro. En países en desarrollo la fracción de empresas pequeñas es mayor que en países desarrollados, en parte porque hay empresas que limitan su crecimiento para no perder beneficios tributarios. Como contrapartida, la fracción de empresas grandes es menor en estos países. Como las empresas más productivas y con mejores sueldos y condiciones de trabajo suelen ser las más grandes, esto significa que las políticas pro-pyme tienen un impacto adverso sobre el crecimiento y la calidad de vida. Una serie de trabajos académicos de la última década (partiendo con Restuccia-Rogerson y Hsieh-Parker) sugieren que el impacto de estos impuestos al crecimiento pueden ser grandes: buena parte de las diferencias de productividad entre economías desarrolladas y economías en desarrollo se explica por un exceso de empresas pequeñas y una falta de empresas grandes en economías en desarrollo.
Tercer tiempo
El trámite legislativo de la reforma tributaria no ha terminado, todavía es tiempo para que las indicaciones que se introduzcan producto del acuerdo logrado esta semana mitiguen los problemas recién descritos. Respecto del uso de exenciones para eludir el pago de impuestos, debieran buscarse medidas que limiten el beneficio que puede obtener de estas medidas cada contribuyente. Con objeto de mitigar el impuesto al crecimiento que conllevan las exenciones mencionadas, se puede rediseñar el beneficio de modo que caiga lentamente con las ventas de la empresa, no de golpe, como sucede con la propuesta actual, donde al pasar el umbral de las 100 mil UF de ventas el beneficio pasa de ser total a desaparecer por completo.
Será importante conocer la nueva estimación que hará el gobierno de la recaudación que se logra con el proyecto revisado producto del acuerdo logrado. Aunque dicho monto probablemente sea cercano a los tres puntos porcentuales, no es seguro que alcance dicha meta. Limitar los efectos adversos de la renta presunta y otras medidas pro-pyme pueden ser claves para lograrlo.
