La mala política es el amiguismo, el cuoteo y el pituto. También lo es el anuncio con gran titular y poco contenido, la ley que a primera vista parece atractiva, pero en realidad resuelve muy poco. Vista así, la promesa del gobierno de crear una AFP estatal es un buen ejemplo de mala política.
Hay muchas personas de clase media que, con razón, se quejan de sus pensiones. La primera pregunta, entonces, que cualquier proyecto previsional debe responder es ¿mejorará las pensiones? En el caso de la AFP estatal, la respuesta es corta: no.
Las pensiones futuras dependen de cuánto cotizan las personas y cuánto rentan las inversiones que con esas platas hacen las AFP. La administradora estatal atenderá a personas con los mismos hábitos de cotización y podrá hacer inversiones en los mismos bonos y acciones que el resto de las AFP. Por lo tanto, es imposible que en promedio ofrezca mejores jubilaciones.
Este punto es importante, porque la retórica de la campaña, más el anuncio reciente con bombos y platillos, inducirá a muchos ciudadanos a pensar lo contrario. Alguien tiene que decírselo: la AFP estatal no les mejorará sus pensiones.
¿Para qué entonces podría servir una AFP estatal? En su mensaje al Congreso, el gobierno lista dos propósitos: aumentar la cobertura del sistema previsional y fortalecer la competencia entre AFP. Ambos son propósitos importantes y loables. Lamentablemente, la AFP estatal no garantiza que se lograrán.
Partamos por la cobertura. En Chile hay demasiadas mujeres y jóvenes, trabajadores independientes y residentes de zonas rurales que no cotizan. El gobierno espera que una AFP estatal, con oficinas en ciudades pequeñas y localidades apartadas, los induzca a cotizar. El problema es que no está nada claro que la principal razón de esos jóvenes o trabajadores independientes para no cotizar sea la ausencia de una oficina de AFP a la vuelta de la esquina.
Muchas de esas personas no cotizan porque no tienen trabajo, porque si lo tienen trabajan sin contrato y así reciben un ingreso líquido mayor, o porque ven la jubilación como algo distante que ya habrá tiempo de resolver. Tanto es así, que la reforma previsional obliga a los independientes a cotizar, y la aplicación de esa ley va a tener que postergarse, porque muchas de esas personas no tienen intención alguna de empezar a cotizar.
Además, para tener ese supuesto impacto benéfico en las cotizaciones, la AFP estatal tendría que tener una inmensa red de sucursales por todo Chile, con altos estándares de atención. Y eso toma plata y tiempo. La plata no está en el informe financiero del Ejecutivo. Y si las construcciones van a demorar una década, tampoco servirán, porque entonces casi todas las transacciones serán digitales, y las oficinas de ladrillos y cemento habrán perdido importancia.
Una alternativa es que la AFP estatal use la red de oficinas del IPS, pero eso podría desatar un conflicto legal. Las AFP que tienen vínculos con bancos o compañías de seguros, no pueden compartir locales con esas entidades o proveer servicios atados. ¿Por qué entonces podría hacerlo la AFP estatal?, argumentarán las administradoras. No se trata de defender el bolsillo, agregarán, sino de cumplir lo planteado por la Presidenta Bachelet: estricta igualdad ante la ley.
El argumento no es correcto, porque los casos no son equivalentes: con la AFP estatal no hay conflicto de interés que impedir. Pero eso no garantiza evitar un debate complejo y desgastador.
Y más allá de las aristas jurídicas, hay una pregunta de fondo, que los partidarios de la AFP estatal deben responder: ¿es este el modo más efectivo de afiliar trabajadores? La reforma del 2008 contemplaba un fondo de educación previsional y un subsidio a la cotización de los jóvenes. Ambos tienen potencial, pero han sido subutilizados. Al segundo de estos mecanismos lo conocen pocos, y difundirlo sería rápido y de bajo costo. También se le podría extender a trabajadores que no son tan jóvenes, en una medida que apunte al corazón del problema.
Vamos ahora a la competencia, muy importante porque reduce las comisiones cobradas por las AFP, incrementando así el sueldo líquido de los afiliados (aunque no sus pensiones). Esas comisiones han sido escandalosamente altas, lo que explica las cuantiosas utilidades de las AFP. Pero las licitaciones de la reforma del 2008 ya redujeron a un tercio las comisiones de los nuevos afiliados, transfiriendo decenas de millones de dólares de las arcas de las AFP a los bolsillos de las personas.
Este sistema de licitaciones ha sido probado y funciona. ¿Por qué no usarlo para reducir las comisiones de ese 60 por ciento de los afiliados que aún no se beneficia?
La AFP estatal sólo podría traer beneficios adicionales a las familias si cobrara una comisión sustancialmente menor al 0,47 por ciento del ingreso del afiliado que ya cobra la AFP más barata, y lograra reclutar con ese gancho a millones de nuevos usuarios. No hay experto previsional que crea que ello es posible sin subsidios permanentes del Estado, especialmente si la AFP estatal tendrá que construir una red de sucursales y contratar la fuerza de atención y ventas que la justifique.
Las causas de las malas pensiones son mucho más profundas que lo que una AFP estatal puede resolver. Tienen que ver con un mercado laboral que discrimina y deja afuera a demasiadas mujeres y jóvenes, con incentivos perversos que llevan a muchas personas a no cotizar, y con la persistencia de empleadores inescrupulosos que se meten al bolsillo la plata de las cotizaciones de sus trabajadores.
Estos problemas se pueden resolver, pero lograrlo requeriría pagar costos políticos mayores. El mundo del trabajo requiere cirugía y todo lo que el sistema político le administra es la aspirina de la AFP estatal. Es otro ejemplo preocupante de la trivialización de la política chilena.
