“El cartel más grande que el sistema de libre competencia haya tratado de desbaratar”. Así fue cómo describió el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, al cartel de los pollos, en audiencia pública del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a comienzos de abril. La evidencia que entregó el fiscal en dicha audiencia es contundente, se espera que el tribunal entregue su fallo dentro de tres meses.
Evidencia
El cartel comienza a operar en 1994. La Agrupación de Productores Avícolas coordina el cartel, conformado por Agrosuper, Ariztía y Super Pollo. El cartel parte fijando precios, pero con el tiempo, evoluciona hacia la fijación de cuotas de producción (los asociados hablan de “carga”, en lugar de producción).
Las empresas avícolas entregan semanalmente a la APA la información de su producción en kilos, nacimientos, ventas en unidades y valores; la APA comparte esta información con todos los asociados y verifica que están cumpliendo con el acuerdo. También se crea una comisión de evaluación para resolver eventuales controversias, la cual tiene la facultad de imponer sanciones y multas a quienes incumplieran el acuerdo.
El cartel era coordinado por Juan Miguel Ovalle, hoy presidente de la APA. En e-mails que envió a sus asociados en 1994 afirma que “se conviene en determinar una lista de precios de referencia para los diferentes productos avícolas… las partes se imponen la prohibición estricta de usar artificios que distorsionen los precios convenidos”.
En otro fax de ese año, Ovalle advierte al controlador de Don Pollo, Ramón Covarrubias, que “el precio de venta de los productos de segunda sólo puede realizarse al 50 por ciento del precio de lista. Cualquier otro precio se considerará como un incumplimiento al acuerdo del precio de referencia”. En el acta de reuniones de septiembre de ese año, los productores “resuelven disminuir en forma voluntaria la cantidad de clientes para venta de pollos de segunda… los cuales se designarán sólo en aquellas ciudades donde sea estrictamente necesario, evitando en lo posible incluirlos en Santiago”. A continuación, cada empresa indica la lista de clientes que se compromete a suprimir.
El cartel se mantuvo por más de 15 años. El fiscal presenta una serie de faxes y correos electrónicos que lo corroboran. En julio del 2000, Ovalle envía un e-mail a los asociados, concluyendo que “para dar cumplimiento a los acuerdos suscritos, las empresas Ariztía y Super Pollo deberían disminuir su oferta semanal en 20 mil unidades durante las próximas 10 semanas”.
En enero de 2008, Ovalle informa a los asociados que, “en el mes de noviembre de 2007, APA entregó una estimación de venta para el 2008 del mercado interno, sobre la base de dos escenarios de precios. Considerando los actuales precios de los insumos, el mantener la carga en los niveles que se indican es una necesidad para que los precios fluctúen entre los valores estimados”.
Pobre defensa
“La acusación de la FNE se funda en un puñado de e-mails”, afirmó el abogado de Agrosuper, agregando a continuación que, “más que e-mails, tiene que haber pruebas económicas y técnicas”.
Las avícolas niegan haber seguido las indicaciones de la APA. Para demostrarlo mediante argumentos “económicos y técnicos”, contrataron estudios de connotados economistas. Uno de ellos concluye que el precio del pollo en Chile es determinado por el precio de las importaciones, ignorando que el precio nominal de todas las empresas coludidas permanecía fijo por períodos de hasta 17 meses, completamente aislado de las fluctuaciones del dólar, curioso comportamiento de un precio determinado por el precio internacional.
Otro estudio contratado por las avícolas argumenta que no hay evidencia de que se fijaran cantidades o precios para cada una de las partes de un pollo. Este argumento ignora un aspecto “técnico” central de la producción de pollos. Por cada pechuga de pollo se producen dos trutros y dos alas, es decir, existen proporciones fijas en la producción de las partes de pollo, de modo que para coludirse y fijar el precio de las partes basta con fijar la cantidad total de pollo entero.
Lecciones
En la tabla de la reunión de directorio de la APA del 11 de noviembre de 2009, se expresa cierta preocupación por las nuevas facultades de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para obtener evidencia en casos de colusión. Fueron, precisamente, estas nuevas facultades -la posibilidad de incautar computadores y documentos- las que permitieron al fiscal acceder a evidencia que demuestra de manera concluyente la existencia del cartel y constituye un avance importante para disuadir conductas anticompetitivas.
El caso pollos también ilustra falencias importantes de nuestra legislación antimonopolios. Andrés Gómez-Lobo estimó el daño causado por el cartel en, aproximadamente, 1.500 millones de dólares. El fiscal está pidiendo el tope que permite la ley, de 27 millones de dólares en multa, para cada empresa involucrada en el cartel. Este tope debiera cambiarse por un porcentaje de la facturación del año anterior, como ocurre en la mayoría de los países desarrollados. La comisión Rosende, creada por el gobierno anterior luego del caso pollos, hizo propuestas en esta línea, que no fueron acogidas por la autoridad.
El mayor desafío es que existan mayores incentivos para que los ejecutivos de las empresas no incurran en acuerdos anticompetitivos. Agregar figuras penales es una posibilidad que debe estudiarse seriamente.
Conclusión
Adam Smith tenía claro el riesgo que conlleva para la sociedad la existencia de las asociaciones gremiales cuando afirmó, hace más de dos siglos, que cuando se reúnen quienes trabajan un mismo rubro, “la conversación suele terminar en conspiraciones contra el público o algún ardid para subir precios”.
La legislación de defensa de la competencia ha avanzado de manera importante durante la última década, estamos a mitad de camino entre una economía emergente y un país desarrollado. La institucionalidad se ha ido fortaleciendo, es importante continuar con este proceso.
Es una muy buena noticia que el gobierno anunciara esta semana que el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázaval, seguirá en su cargo por cuatro años más. Se trata de un destacado servidor público que ha liderado casos emblemáticos como el caso pollos.
