Regular el lobby en Chile es una urgencia. Hace 10 años, a partir de la moción de un grupo de diputados de la Concertación, el gobierno del Presidente Lagos ingresó un proyecto de ley para regular esta actividad. Durante cinco años el proyecto fue intensamente debatido y logró ser aprobado en abril de 2008. Sin embargo, la Presidenta Bachelet lo vetó, pues el registro de lobbistas que creaba sólo incluía a empresas profesionales del rubro y no a todos los actores que hacen lobby, como firmas de abogados, empresas y ONG. Luego del veto, el proyecto entró en una larga peregrinación de trámites hasta quedar entrampado en la Cámara de Diputados el 2010.
El gobierno del Presidente Piñera, el 2012, hizo una indicación sustitutiva, ingresando un nuevo proyecto de ley. Básicamente, éste regula a los funcionarios públicos, transparentando sus reuniones y agendas, y absteniéndose de registrar y regular directamente a los que hacen lobby. Es un proyecto que se limita a legislar sólo al “sujeto pasivo”, esto es, a las autoridades.
El lobby es una actividad legítima, e incluso valiosa, pues permite que distintos grupos de personas u organizaciones puedan informar a las autoridades sus posiciones frente a diversos temas, lo que contribuye a enriquecer las discusiones de política pública. Pero lo anterior sólo es posible cuando esta actividad se hace en una cancha nivelada y con público presente, y no como ocurre hoy, donde la cancha no sólo está desnivelada, sino que se juega a puertas cerradas, afectando la confianza pública en las decisiones. Así lo ha visto, sufrido y rechazado la ciudadanía en diversos casos recientes, como la ley de pesca, del tabaco o de fármacos. Por estas razones, regular el lobby es una tarea de primera importancia para nuestra democracia.
El actual proyecto de ley que regula el lobby acaba de pasar al Senado y está en su último trámite legislativo. Es un proyecto con falencias, como la ausencia de un registro de lobbistas, los excesivos plazos a los cuales los distintos organismos están obligados a informar las audiencias, la falta de sanciones administrativas y multas para aquellos que no cumplan con la periodicidad establecida, la exclusión de registrar también los contactos y peticiones recibidas vía correos electrónicos, conversaciones telefónicas y reuniones privadas, entre otras. A pesar de todo lo anterior, y dada la importancia de esta legislación, creemos que luego de 10 años de espera la ciudadanía requiere con urgencia mayor transparencia por parte de los servidores públicos y sus actividades. Y en ese contexto, este proyecto de ley es un avance.
Existe el riesgo de que algunos legisladores, la industria del lobby e incluso empresas que se verán afectadas por esta ley busquen entrampar la discusión en el último trámite legislativo, alargando mediante “ingeniería” legislativa los tiempos de aprobación. Después de 10 años ya nos han demostrado que saben hacerlo. Está en manos de los senadores poner el interés público por delante y demostrar su coraje frente a un puñado de intereses privados. Regular el lobby es urgente.
Regular el lobby en Chile es una urgencia. Hace 10 años, a partir de la moción de un grupo de diputados de la Concertación, el gobierno del Presidente Lagos ingresó un proyecto de ley para regular esta actividad. Durante cinco años el proyecto fue intensamente debatido y logró ser aprobado en abril de 2008. Sin embargo, la Presidenta Bachelet lo vetó, pues el registro de lobbistas que creaba sólo incluía a empresas profesionales del rubro y no a todos los actores que hacen lobby, como firmas de abogados, empresas y ONG. Luego del veto, el proyecto entró en una larga peregrinación de trámites hasta quedar entrampado en la Cámara de Diputados el 2010.