No recuerdo ningún líder político que haya tenido la valentía de decirles a los estudiantes y al país, durante este año de protestas estudiantiles, que cualquier reforma educacional, aun la más audaz, tomará décadas en tener impacto.
«Crecer o distribuir, esa es la cuestión», comenzaba una columna que escribí hace 11 años. En ella afirmé que «existen políticas, como mejorar la educación, que promueven tanto el crecimiento como una mejor distribución del ingreso, por lo cual la disyuntiva anterior podría no ser tal. Sin embargo, estas políticas toman décadas en tener impacto. Por contraste, la mayoría de las políticas que mejoran la distribución del ingreso en el corto plazo traen una reducción de las tasas de crecimiento».
No recuerdo ningún líder político que haya tenido la valentía de decirles a los estudiantes y al país, durante este año de protestas estudiantiles, que cualquier reforma educacional, aun la más audaz, tomará décadas en tener impacto, ya sea generando mayores ingresos, mejores niveles de vida o menos desigualdad. Es cierto que resolver problemas apremiantes, producto de un sistema de crédito para la educación superior pobremente diseñado y discriminatorio, terminará siendo un avance importante. Pero quienes crean que los problemas de desigualdad en Chile se resuelven aquí y ahora con reformas educacionales terminarán muy frustrados.
El mayor riesgo que corremos durante los años que vienen es que en respuesta a movimientos ciudadanos masivos, con liderazgos débiles, terminemos con políticas que lleven a mejoras distributivas importantes a un costo alto en términos de crecimiento. Ya transitamos ese camino una vez y terminamos mal.
Presupuesto 2012 para educación
El año 2011 pasará a la historia como el de las protestas masivas que pusieron a la educación en el centro de la agenda pública. Los resultados concretos de las movilizaciones, al menos basados en la aprobación presupuestaria de esta semana, tienen luces y sombras.
El importante aumento de recursos para la educación parvularia que considera el presupuesto aprobado esta semana es muy buena noticia. La evidencia es contundente: si se desea reducir las desigualdades, es importante nivelar la cancha cuando los niños son pequeños, hacerlo más adelante es muchísimo más difícil. Durante el gobierno de Michelle Bachelet se crearon casi cien mil nuevas vacantes de educación parvularia y preescolar, lo cual fue un avance importante, pero lejos del acceso universal a educación parvularia a que debiéramos aspirar. A lo cual cabe agregar que el tema de la calidad de la educación parvularia también debiera emerger como un desafío central.
El segundo segmento de educación que se benefició de un aumento presupuestario importante es la educación superior. No hay que ser adivino para comprender que esto guarda relación con el hecho de que han sido estudiantes de este sector los que han liderado las protestas.
El gran perdedor fue la educación escolar. No hubo un aumento sustancial de recursos para este sector, por lo cual no será posible mejorar las capacidades al interior de las escuelas ni financiar el desarrollo de una carrera profesional docente que atraiga a los mejores talentos a la educación ni allegar recursos a la educación municipal.
El punto central, sin embargo, es que las reformas en educación, aun si son implementadas y monitoreadas debidamente, tardarán décadas en dar los frutos esperados.
Empleo, desigualdad y crecimiento
Volviendo al título de esta columna, cabe preguntarse si existen políticas que promuevan una mejor distribución y mayor crecimiento al mismo tiempo. Durante la última década ha quedado cada vez más claro que dichas políticas existen y se encuentran en el área laboral.
En un libro importante publicado esta semana, Andrés Velasco y Cristóbal Huneeus argumentan, de manera sumamente didáctica, que la clave para reducir la desigualdad en Chile son políticas que promueven el acceso a empleo, especialmente en los sectores más pobres. Me permito agregar que dichas políticas también promueven el crecimiento.
La desigualdad de ingresos en Chile es grande, todos sabemos eso a estas alturas. Pero como argumentan Velasco y Huneeus, los detalles sobre cómo se mide dicha desigualdad arrojan luces importantes para diagnosticar el problema y sus posibles soluciones.
Si ordenamos los hogares de acuerdo con su ingreso per cápita, es decir, de acuerdo con su ingreso dividido por el número de personas que viven en el hogar, tenemos que el ingreso promedio del 10% de hogares más ricos es 55 veces el ingreso promedio del 10% más pobre. En cambio, el ingreso promedio de los trabajadores del decil más rico de hogares es «sólo» 18 veces el ingreso promedio de los trabajadores del decil más pobre.
Es obvio que 18 veces no deja de ser una diferencia vergonzosa, pero es igualmente cierto que 55 veces es mucho más vergonzoso. ¿Por qué esta diferencia? Porque en los hogares más pobres, en promedio, sólo trabaja 0,5 trabajador por hogar. En los hogares más ricos, en cambio, en promedio trabaja 1,6 persona. Es decir, mientras se necesitan dos hogares pobres para tener un trabajador, dos hogares ricos tendrán, en promedio, más de tres trabajadores.
Un segundo dato clave es que la participación laboral en Chile es baja, comparada con la de países desarrollados, también con la de la mayoría de los países de América Latina. El motivo es, principalmente, que las mujeres chilenas tienen poco acceso al empleo comparado con otros países. En Chile, sólo el 49,5 por ciento de las mujeres de más de 24 años trabaja, en contraste con el 61,3 por ciento promedio de los países de la Ocde, club de países al cual ingresamos recientemente.
El libro de Velasco y Huneeus contiene tres capítulos con propuestas concretas para mejorar el empleo en Chile; uno con medidas que facilitan la incorporación al mercado laboral, otro con medidas para que las empresas generen más puestos de trabajo y un tercer capítulo con políticas que facilitan que quienes desean trabajar encuentren una empresa que busca trabajadores.
Las políticas propuestas tienen por objetivo eliminar los abusos que genera la práctica del multi-RUT; retomar la política de expansión acelerada de cobertura educativa preescolar (lo cual se hizo en el presupuesto aprobado esta semana); eliminar regulaciones laborales que atentan contra el empleo femenino; ampliar el subsidio al empleo joven, para combatir los bajos salarios y la informalidad; permitir la adaptabilidad de los horarios, turnos y jornadas de trabajo mediante la negociación entre el sindicato y el empleador (tal como fue propuesto por la Comisión Meller); fortalecer la capacidad de negociación de los sindicatos y la formación de sus dirigentes; perfeccionar el seguro de cesantía, y crear un sistema nacional de información de oportunidades de empleo. Y varias más.
Si conseguimos avanzar de manera importante en políticas que incrementen la participación laboral, lograremos, simultáneamente, una mejor distribución del ingreso y un mayor crecimiento. Y los dos efectos serán cuantitativamente importantes.
