Hace pocos días el Gobierno anunció una reforma al sistema de notarios. Este es el cuarto intento de reforma, en tres gobiernos distintos, en los últimos siete años. Ninguno ha sido exitoso, a pesar de que las propuestas eran razonables y avanzaban fuertemente en la dirección correcta. ¿Será distinto esta vez o se repetirá la historia?
El proyecto que se propone tiene avances respecto del sistema vigente, aunque muy tímidamente. Se fijan algunas inhabilidades para ser notario, y al menos ya no podrán serlo ex parlamentarios o ex alcaldes, por ejemplo; los postulantes los seguirán eligiendo las cortes de apelaciones, pero al menos ahora será en audiencia pública; se faculta al Presidente para crear nuevas notarías, aunque solo si el territorio jurisdiccional tiene más de 40 mil habitantes; la Fiscalía Judicial fiscalizará y sancionará las faltas, en vez de los actuales ministros visitadores, quienes rara vez han fiscalizado y menos han multado a algún notario; por último, se exigirá que las notarías cuenten con firma electrónica, algo básico que debió haber ocurrido hace tiempo. Tal vez estos avances menores permitan que la reforma esta vez sí se apruebe y no se repita la historia, pero será por la razón equivocada: es la única reforma que los notarios sí están dispuestos a permitir.
Razones para cambiar profundamente el actual sistema notarial sobran. Es un sistema heredado de la Colonia, poco transparente y caro. Los notarios son nombrados por el Presidente de la República a partir de una terna que propone la Corte de Apelaciones y duran en el cargo hasta los 75 años si fueron nombrados después de 1995, si no son vitalicios. No es transparente como se genera la terna y hay no pocas curiosidades en la lista de casi 330 notarios vigentes con muchos apellidos que se repiten. Por ejemplo, hay 11 pares de hermanos, al menos cinco duplas padre-hijo y cuatro ex parlamentarios. ¿Qué tan probable es que ocurra algo así en un sistema de nombramiento meritocrático y transparente? ¿Será coincidencia o tráfico de influencias? Si agregáramos los notarios que son hijos de ex notarios o consideramos todos los parentescos, los números podrían impresionarnos. ¿Cuántos notarios serán parientes de los jueces de las cortes de apelaciones que proponen las ternas?
A la falta de transparencia hay que agregar la falta de fiscalización. El Ministerio de Justicia fija las tarifas máximas que se pueden cobrar por los trámites notariales, pero la evidencia de varias investigaciones periodísticas y académicas es que no se respetan y hay notarías que cobran hasta seis veces más. Los ministros de la Corte de Apelaciones y los jueces de Letras son los encargados de fiscalizar que ello no pase, pero sigue ocurriendo y no hay sanciones.
Por último, la calidad del servicio no es precisamente la mejor: hay tecnología obsoleta y la atención es lenta, todo lo cual es un buen reflejo de la falta de competencia, ya que el número de notarías está artificialmente restringido.
Si bien no se puede generalizar, una anécdota personal que he contado otras veces refleja bien la magnitud del problema con el actual sistema. Hace un tiempo tuve que hacer un trámite bastante simple, para ello llegué a las 9.30 en punto a la notaría, que era precisamente la hora en que abrían. No llegó nadie a abrir hasta las 10. Luego de una larga espera para que alguien usando solo dos dedos llenara en el computador el formulario que yo necesitaba, me dijeron que tenía que esperar a que llegara el señor notario. Como a las 11 aún no llegaba y reclamé, me ofrecieron una solución. La hija del señor notario tenía poder de firma también, pero para el día anterior. Si yo estaba dispuesto a cambiar la fecha del documento, entonces la hija del notario podía firmar y no tenía que seguir esperando.
Hay varias preguntas que surgen de esta anécdota. La primera es cómo alguien puede llegar más de una hora y media tarde a su trabajo sin consecuencia alguna. ¿Permitirá la ley laboral echar al notario si lo hace tres días seguidos sin justificación? La segunda pregunta es cómo llegó la hija del notario a ser su subrogante y tener derecho a firma para las veces en que el papá no llega al trabajo. ¿Habrá concursado transparentemente también? ¿Estará ahí por mérito o por nepotismo? La tercera pregunta, y más importante dado que es el gran argumento que usan los notarios para oponerse a las reformas, es cómo se garantiza la fe pública cuando se está dispuesto a ofrecer el cambio de fecha en la firma de un documento. Dependiendo del documento puede que no sea grave que tenga fecha de un día antes de cuando verdaderamente se firmó, pero claramente eso no es un ejemplo de garantizar la fe pública.
El costo para la sociedad de mantener el sistema actual es alto y solo beneficia a los notarios. La reforma propuesta es muy limitada. Si vamos a hacer una reforma al sistema notarial, mejor ponerse colorado una vez y hacerla bien. Ello requiere terminar el actual monopolio, introducir competencia aumentando significativamente el número de notarías, licitarlas por calidad y precio, y fiscalizar y multar a quien no cumple con lo ofertado. De lo contrario, esta reforma solo servirá para legitimar un sistema obsoleto y perpetuar las rentas de los actuales notarios.
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