Acuerdo tributario

La reforma tributaria presentada por el gobierno provocó fuertes críticas por las complicaciones que generaba la implementación de la renta atribuida, la retención adicional de 10% y la falta de incentivos al ahorro y la inversión. El protocolo de acuerdo firmado posteriormente permitió consensuar una propuesta que mejorara esas dimensiones. Sin embargo, a cambio de ello se acordaron medidas que son un retroceso respecto al proyecto original y que atentan contra principios básicos de una buena política tributaria.

Hay bastante consenso en que un buen sistema tributario debe minimizar exenciones y regímenes especiales, debe recaudar en la fuente donde se generan los ingresos (por eso existe la retención de 10% a las boletas de honorarios, los empleadores retienen los impuestos de sus empleados y las empresas pagan impuesto a las utilidades como retención de los impuestos al ingreso que deben pagar sus dueños), debe integrar el impuesto a las personas con el de empresas y tener equidad horizontal. 

No sólo por razones de equidad, sino también por eficiencia es vital que personas con igual ingreso paguen lo mismo en impuestos, independiente de las fuentes de sus ingresos, del sector económico en el que realizan sus actividades y de la forma organizacional en que lo hacen. La reforma avanzaba en muchas de estas dimensiones, las cuales fueron innecesariamente sacrificadas para acordar una solución a los problemas que la reforma sí tenía. Además, se abrieron grandes espacios de elusión.

Las indicaciones presentadas esta semana reducen fuertemente los espacios de elusión que creó el protocolo y son una buen noticia. Sin embargo, se mantienen espacios de ineficiencia e inequidad tributaria importantes creados por el protocolo respecto a la reforma original. El sistema de renta presunta, que no tiene justificación y favorece en un 86% al 8% más rico, crece. Los beneficios a las pymes, que hoy favorecen en un 7% al 10% más rico, aumentan. La definición de pyme para acceder a ellos se duplica, lo que favorece principalmente a medianas empresas cuyos dueños van a pagar menos impuestos de los que les corresponden y los incentivos a disfrazarse de pyme aumentan. Se elimina la recaudación -en la fuente- para algunas empresas para las que es voluntario el impuesto a las utilidades (que es lo mismo que eliminarlo) y generar un monto de 4.000 UF exento para empresas con ventas hasta US$ 5 millones. Finalmente, el sistema tributario se hace más complejo con varios regímenes distintos y exenciones que se mantienen en vez de desaparecer. El nuevo sistema va a ser más caro de administrar y fiscalizar.

Una reforma tributaria que elimine exenciones que favorecen algunas fuentes de ingreso por sobre otras y a algunos sectores económicos por sobre otros es una reforma con efectos muy positivos: aumenta la eficiencia económica al disminuir distorsiones entre fuentes de ingreso y bajar los costos de fiscalización y restaura la equidad tributaria horizontal. Lamentablemente, dejamos pasar la oportunidad de avanzar fuertemente en esa dirección.