Los notarios y conservadores tienen un monopolio vitalicio obtenido sin competencia en un proceso poco transparente. Cobran tarifas mayores a las fijadas por el Ministerio de Justicia y no reciben sanción por ello. Tampoco han incorporado tecnología para entregar un servicio eficiente y la percepción mayoritaria es que la calidad de servicio es relativamente mala. Es una lista suficiente de razones para hacer una reforma importante que la gran mayoría apoyaría, pero ello no ha sido posible.
En 2008, la presidenta Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema. El objetivo era mejorar la calidad del servicio, bajar los costos a los usuarios y tener un mecanismo de designación en el cargo que fuera competitivo y transparente. Para ello el proyecto establecía que los conservadores se asignarían mediante una licitación realizada por la Superintendencia de Quiebras, el cargo duraría entre seis y diez años no renovables y se exigiría ser abogado con al menos cinco años de ejercicio. Para los notarios, el cargo duraría entre cinco y ocho años prorrogables, el nombramiento lo haría el Presidente de la República luego de una licitación pública y también se exigiría ser abogado con al menos cinco años de ejercicio. Obviamente la Asociación de Notarios y Conservadores se opuso fuertemente argumentando que se pondría en riesgo ³la fe pública´. El proyecto nunca se transformó en ley.
En 2010, los ministros de Justicia, Felipe Bulnes, y de Hacienda, Felipe Larraín, anunciaron una nueva reforma al sistema de notarios y conservadores. La propuesta incluía un sistema de selección vía concurso público, la fiscalización efectiva del sistema y la licitación de la gestión de las notarías, adjudicando por menor precio. Nuevamente reaccionaron los notarios, oponiéndose a la licitación y el proyecto nunca llegó al Congreso.
Finalmente, hace algunos días el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, anunció que se enviará un nuevo proyecto de reforma al Congreso. Las ideas matrices serían la creación de un curso previo obligatorio para ser notario, un aumento de tres a cinco en el número de candidatos que la Corte de Apelaciones envía al Ministerio de Justicia para el nombramiento de un notario, la exigencia de incorporar firma electrónica, el cumplimiento efectivo de exigencia de tener 75 años o menos para ser notario o conservador y que el Sernac fiscalice que se cumplen las tarifas que fija el Ministerio de Justicia. Un primer mal signo es que se abandonó la idea de licitar las notarias. El presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores no tardó mucho en alegrarse: “Valoramos que se haya dejado fuera la licitación. Ponía en riesgo la seguridad jurídica”. Curiosamente, contradiciendo el argumento de los notarios, el ministro Ribera mencionó que el control del Sernac es “para resguardar la fe pública”. Si se necesita que el Sernac fiscalice a quienes se supone que resguardan la fe pública para que efectivamente lo hagan, el problema de fondo es mayor.
No deja de ser impresionante lo difícil que ha sido reformar un sistema obsoleto, dos gobiernos y res propuestas en un poco más de tres años y aún no es posible. Pero eso no es todo, el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que agiliza la creación de empresas, entre otras cosas, a través del uso de formularios electrónicos. El proyecto se votó a favor, pero el trámite se entrabó y su discusión quedó postergada gracias al fuerte lobby de notarios y conservadores. Estas son reformas que favorecen a la gran mayoría de los chilenos y terminan con los privilegios de unos pocos. La pregunta es por qué esos pocos privilegiados han sido exitosos para impedir estas reformas y si podemos hacer algo para disminuir su poder. Lo primero es transparentar y regular el lobby. Lo segundo es transparentar el financiamiento de las campañas parlamentarias y establecer inhabilidades. Los votantes necesitamos saber ahora qué parlamentarios recibieron donaciones de notarios y conservadores o tienen parientes en esos cargos.
Publicado por Diario Financiero, 23 de enero de 2012
